Hace 25 años comenzó en Ruanda una de las peores tragedias de la humanidad, un genocidio que acabó con la vida de unas 800.000 personas. Hoy, el país tiene muchas lecciones que dar a la comunidad internacional sobre unidad, reconciliación y crecimiento, y algunas otras que aprender en derechos humanos.

"Ahora ya podemos preocuparnos por la transición; ya no estamos preocupados por sobrevivir, por la vida o la muerte (...). Estamos construyendo instituciones, infraestructuras e invirtiendo en nuestra gente", decía el presidente ruandés, Paul Kagame, en 2013.

Hasta 1994, Ruanda era el hogar de un 85 % de hutus, un 14 % de tutsis y un 1 % de twas, pero en 2003 la nueva Constitución prohibió la diferenciación por etnias y todos pasaron a ser "ruandeses" a secas.

El genocidio fue consecuencia de la extrema polarización del conflicto entre hutus y tutsis, de la que Ruanda culpa a los colonizadores belgas y franceses por perpetuar el etnicismo.

Estas potencias extranjeras apoyaban a los hutus y su persecución de los tutsis, que forzó un éxodo masivo a países vecinos en la década de los años 60 y 70.

La muerte del presidente -hutu- Juvénal Habyarimana, al ser derribado el avión en el que viajaba el 6 de abril de 1994, agudizó las disputas étnicas y desencadenó el 7 de abril casi 100 días de terror y sangre, que acabaron cuando en julio el Frente Patriótico Ruandés (RPF), de Paul Kagame, se hizo con el control del país.

Tras el genocidio, este pequeño país de África oriental era una nación desgarrada no solo por la matanza de decenas de miles de tutsis y hutus moderados, sino por las divisiones y las diferencias que desencadenaron el conflicto. Ruanda entonces era un país sin Estado ni instituciones funcionales.

La llegada al poder de Kagame (tutsi), oficialmente en el 2000 pero extraoficialmente desde después del genocidio, es una historia de luces (por su liderazgo y superación del conflicto) y sombras (por su mano dura contra la oposición y la disidencia).

Lecciones de progreso

Hay muchos indicadores que muestran algo en lo que muchos analistas coinciden: que Ruanda lo está haciendo bien. Es el país del mundo con más mujeres en el Parlamento (63%) y está entre los 10 países africanos con mayor crecimiento económico anual (8%).

La esperanza de vida es ahora de 67 años (datos de 2017 del Banco Mundial), mientras que en 1994 era solo de 29 años, y la población, que cayó a menos de 6 millones de personas durante el genocidio, ya se ha duplicado.

Ruanda representa un ejemplo de buena gobernanza y desarrollo, que no deja lugar a la ideología y a las divisiones que causaron ese horrendo baño de sangre.

Desde el fin del genocidio, el Gobierno de Kagame se ha apresurado a lanzar programas socioeconómicos de todo tipo: desde un sistema de sanidad universal a prohibir las bolsas de plástico por sus efectos contaminantes, pasando por políticas de impulso de las tecnologías de la información o programas de transporte público.

Y Ruanda ha acaparado llamativos titulares con iniciativas como la del reparto de sangre mediante drones -aviones no tripulados- a clínicas remotas del país.

Derechos humanos y oposición

Las medidas de Kagame prácticamente no tienen críticas internas. O no las tienen de forma pública, porque en la otra cara de la moneda se encuentra las limitaciones a la libertad de expresión.

"Dos décadas de ataques contra la oposición política, los medios independientes y los defensores de derechos humanos han creado un clima de temor en Ruanda", decía Amnistía Internacional antes de los últimos comicios, los de 2017, que dieron una nueva victoria a Kagame, la tercera, con un abrumador 98,79 % de los votos.

El indulto de Kagame el pasado septiembre a su principal enemiga política, Victoire Ingabire, detenida en 2010 y condenada a 15 años de prisión por conspiración contra el Gobierno, traición y colaboración con grupos terroristas, ha traído algo de esperanza al país.

Unos meses después, un alto tribunal ruandés decidió en diciembre absolver a Diane Rwigara, excandidata presidencial, después de que fuera acusada junto a su madre en 2017 de incitar a la insurrección y falsificación de firmas electorales.

Sin embargo, la esfera política sigue muy limitada, con un solo partido que ejerce cierta oposición, el Partido Verde Democrático de Ruanda (DGPR), y el resto de formaciones "pseudoopositoras" que respaldan al Frente Patriótico Ruandés (RPF) de Kagame.

También han sido motivo de críticas las muertes en circunstancias sospechosas de decenas de personas, como las del exespía ruandés Patrick Karegeya, estrangulado en el exilio en Sudáfrica en diciembre de 2013, o la más reciente de un asesor de Ingabire en Ruanda el mes pasado.

Fugitivos

El genocidio supuso una gran huida de aquellos tutsis que consiguieron escapar a países vecinos, y luego, con la victoria del RPF, la espantada de miles de hutus y responsables del genocidio.

Muchos conflictos vividos en Ruanda en esos 100 días han continuado, en mucha menor medida, en la vecina República Democrática del Congo (RDC), con incursiones tutsis a los campos hutus que existían allí o, viceversa, con intentos de rebelión hutus contra el poder de Kigali.

La diáspora ruandesa sigue ocasionando problemas al Gobierno, y ha forzado el cierre de dos puestos fronterizos en Uganda, país al que Kigali también acusa de albergar a rebeldes ruandeses.

La mayoría de esos ruandeses expatriados siguen siendo leales al expresidente Habyarimana y a las antiguas Fuerzas Armadas ruandesas, y han formado grupos como la milicia hutu Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que se esconde en la densa selva del Congo, junto a los más de 100 grupos rebeldes nacionales y extranjeros que operan en esa zona.

Recientemente, unos 1.500 excombatientes de las FDLR regresaron a Ruanda tras un acuerdo entre gobernantes de la región para acabar con las actividades de rebeldes, sobre todo en el noreste de la RDC.

Rendición de cuentas

Según datos de la Comisión Nacional de Lucha contra el Genocidio (CNLG), unos 25.000 sospechosos de genocidio están escondidos en otros países, y solo 22 personas han sido extraditadas a Ruanda, de las 1.000 órdenes de repatriación que se han remitido.

Para juzgar a quienes cometieron crímenes en ese oscuro periodo de la historia de Ruanda, el Gobierno puso en marcha en 2001 los Gacaca, unos tribunales populares comunitarios que juzgaron a casi dos millones de personas hasta que cerraron de forma oficial después de las críticas de imparcialidad de organismos internacionales.