El Tribunal Constitucional de Sudáfrica condenó este martes al expresidente Jacob Zuma (2009-2018) a 15 meses de prisión por desacato, por haberse negado repetidamente a cumplir con las citaciones judiciales que le obligaban a declarar en investigaciones de corrupción.

En un duro dictamen, leído en la sede del máximo tribunal sudafricano en Johannesburgo por la jueza Sisi Khampepe, el Constitucional destacó que Zuma buscó minar la autoridad del Poder Judicial con "ataques atroces" y "calculados" y que no queda más opción que enviar un "mensaje rotundo" para garantizar el imperio de la ley y la confianza de la sociedad en los tribunales.

Zuma, según el dictamen, deberá entregarse a la Policía en un plazo de cinco días naturales o, de lo contrario, el tribunal indicó que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad, deberá asegurar que se cumplen las órdenes.

El veredicto final, que es inapelable, refleja la opinión de 7 de los magistrados del Tribunal Constitucional, mientras que 2 votaron en contra de la histórica sentencia.

Este proceso por desacato, que se remonta a varios meses atrás, abordaba las reiteradas negativas del exmandatario a declarar ante una comisión oficial de investigación presidida por el número dos del propio Constitucional, el juez Raymond Zondo, que estudia la sonada trama de corrupción conocida como la "Captura del Estado".

Esa investigación analiza si, durante los casi nueve años de gobierno de Zuma, el aparato estatal sudafricano funcionó como un engranaje para beneficiar de forma fraudulenta al poder y a empresarios afines, que presuntamente definían incluso la entrada y salida de los ministros en función de sus intereses.

Zuma, sin embargo, afirma que la comisión -que él mismo creó en sus últimas semanas de mando, poco antes de ser forzado a dimitir por su propio partido en febrero de 2018 por sus numerosos escándalos- busca destruir su legado como presidente.

Por ello, ignoró las citaciones a declarar incluso después de que el Tribunal Constitucional emitiera un dictamen especificando que eran de obligado cumplimiento.

Esto activó el proceso por "desacato", en el que el exmandatario también se negó a participar.

De hecho, lejos de retractarse, Zuma emitió varios comunicados públicos asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad e independencia de los jueces sudafricanos.

Las acusaciones de la "Captura del Estado" no son, sin embargo, las únicas que pesan contra el polémico expresidente sudafricano.

En paralelo, el expresidente está procesado en un caso que estudia cargos de corrupción, lavado de dinero y fraude relativos a un acuerdo millonario de armas firmado a finales de la década de 1990.

Además, ya en 2016, tuvo que devolver, por orden del Tribunal Constitucional, medio millón de euros de dinero público que se gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.