El Ministerio del Interior de Kenia anunció el jueves que más de 300 personas han sido detenidas tras una serie de manifestaciones antigubernamentales que han resultado en la muerte de siete personas y han dejado a decenas de niños hospitalizados. A pesar de la intensa represión policial, se ha programado otra ola de protestas para el 19 de julio.
Las protestas surgieron tras la aprobación de una nueva Ley de Finanzas a finales de junio, la cual impuso nuevos impuestos y aumentos en productos básicos como combustible, alimentos y transferencias de dinero móvil con el objetivo de recaudar más de 1.903 millones de euros para el Gobierno. El presidente William Ruto argumenta que estos impuestos son necesarios para hacer frente al creciente pago de la deuda y crear empleo.
Sin embargo, muchos ciudadanos sostienen que ya les resulta difícil cubrir sus necesidades básicas y no pueden afrontar estas cargas financieras adicionales. El líder de la oposición, Raila Odinga, que perdió ante Ruto en las elecciones presidenciales de 2022, ha capitalizado el descontento y ha instado a sus seguidores a protestar en las calles a pesar de la reciente decisión judicial de congelar temporalmente el proyecto de ley.
La policía acosa a un partidario del líder de la oposición keniana Raila Odinga.
Según un español residente en Kenia desde hace más de diez años, las protestas han dejado zonas clave de Kenia con un aspecto similar al de la pandemia, con calles desiertas y comercios vacíos. "Las ciudades están completamente paralizadas", explicó en una entrevista a EL ESPAÑOL. "La gente se queda en casa para evitar enfrentamientos con los manifestantes y muchos negocios han cerrado por miedo a posibles saqueos".
Esto ha tenido un gran impacto económico. Según la Alianza del Sector Privado de Kenia, cada día de protestas resulta en una pérdida de aproximadamente 3.000 millones de chelines (19,4 millones de euros).
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Las protestas también han sido violentas. Vídeos publicados en las redes sociales han mostrado a manifestantes arrojando piedras a propiedades públicas, incendiando neumáticos e incluso dañando una sección de una carretera principal. La respuesta de la Policía ha sido agresiva: los agentes han empleado gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.
Según un comandante de Kericho, los disturbios han causado la muerte de siete personas: una que fue apuñalada en la ciudad de Sondu y las otras seis que fueron disparadas por la policía en Mlolongo, Kitengela y Emali. Además, más de cincuenta niños han sido llevados al hospital en Nairobi después de que la policía lanzara gases lacrimógenos cerca de sus aulas. Según informes de la BBC, muchos de los niños llegaron inconscientes, con problemas respiratorios y en estado de choque.
Agentes de policía cerca de una tienda en llamas.
Varios grupos de derechos humanos han criticado a la Policía de Kenia por su respuesta a las protestas. La Comisión de Derechos Humanos del país ha resaltado la "brutalización" de manifestantes desarmados y pacíficos por parte de la Policía, y han condenado sus acciones como una violación de la libertad de reunión. Human Rights Watch también ha denunciado su uso de "fuerza excesiva e innecesaria".
En cambio, el gobierno de Ruto ha acusado a los manifestantes de ser criminales. El secretario del Gabinete de Interior, Kithure Kindiki, describió en un comunicado las protestas como actos de "gamberrismo, anarquía y una receta para el caos". Kindiki anunció que el gobierno no toleraría los disturbios y ordenó a las fuerzas de seguridad tomar medidas contra personas implicadas en la "planificación, organización o financiación de las protestas".
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A pesar de la represión policial contra los manifestantes, la fuente de EL ESPAÑOL en Kenia ha indicado que es probable que las protestas no se detengan pronto, ya que Odinga sigue llamando a una mayor desobediencia civil y ha convocado una próxima ola de protestas contra los impuestos para el 19 de julio. Concluyó afirmando que el Gobierno se encuentra en una situación difícil, ya que "tiene las manos atadas" debido a la alta deuda del país y a la frágil situación económica, lo que dificulta realizar concesiones.