Este viernes el relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Edison Lanza, alertaron sobre el "continuo deterioro" de la libertad de prensa en Venezuela.
Pero el menoscabo de esta libertad y de otros derechos fundamentales, como el derecho a informar y a estar informados, se han visto vulnerados desde hace varios años en el país sudamericano, que hoy atraviesa por una de las peores crisis económicas de su historia. Una crisis signada por la caída de los precios del petróleo, la escasez de productos básicos y una inflación fuera de control.
Durante junio de 2016, 19 periodistas de diferentes medios de comunicación fueron agredidos, amenazados y robados en el centro de Caracas mientras trabajaban dando cobertura a un grupo de manifestantes que exigía comida, según el Sindicato de Trabajadores de la Prensa.
En abril otro grupo de reporteros fue agredido por grupos armados con la anuencia de las fuerzas de orden público a las puertas del Consejo Nacional Electoral (CNE), ente encargado de los comicios venezolanos y del proceso para el referéndum promovido por la oposición, que busca revocar del poder a Nicolás Maduro.
El periodista Oliver Fernández, corresponsal del canal colombiano NTN24, que fue vetado de las operadoras de televisión por cable del país a raíz de las protestas de 2014, relata que él y un grupo de colegas de otros medios fue sacado a golpes ese día del CNE. Estaban informando sobre el encadenamiento de cinco diputados a las oficinas del ente en protesta por los retrasos vinculados a la consulta popular.
“La Guardia Nacional Bolivariana nos dejó a la deriva y vinieron los colectivos”, cuenta Fernández en referencia a estos grupos armados vinculados al chavismo que amedrentan a la gente. El periodista añade que tuvo que resguardarse de los ataques con piedras y otros objetos en una camioneta de la emisora CNN. Desde entonces ha sido víctima de amenazas y cada vez que acude a la sede del CNE con su equipo debe entrar por la puerta de atrás y esperar más de una hora para poder entrar.
“A veces pienso que es una acción deliberada para ver si a uno le pasa algo afuera. La Guardia Nacional no se mete, los colectivos son los que mandan allí en las afueras del CNE”, explica el reportero, que además afirma que ha tenido ciertas restricciones para ingresar a la Asamblea Nacional por las mismas razones.
A veces pienso que es una acción deliberada para ver si a uno le pasa algo afuera. La Guardia Nacional no se mete, los colectivos son los que mandan
“Cuando llego a la Asamblea, la gente que está afuera siempre me grita que me van a joder. Las amenazas son con nombre y apellido. He tenido suerte porque trato de no llegar al mismo tiempo que los demás compañeros y de entrar por otro lado, pero es una situación muy difícil”, manifiesta.
Aunque Fernández es cuidadoso en señalar que no es el departamento de prensa del CNE sino la inacción de los organismos de seguridad frente a los colectivos lo que ha permitido que esta situación continúe, no está dispuesto a trabajar en un medio complaciente. “Esto me da más fuerzas para seguir porque siento que lo que estoy haciendo bien”, asegura.
“Llega un momento en que te dejan trabajar, pero te hacen sentir que están allí, infundiendo miedo”, añade sobre la presencia de la Guardia Nacional.
Sin papel
Para Víctor Amaya, coordinador editorial del semanario Tal Cual, conocido por los mordaces editoriales de su editor, el político de izquierda de larga data Teodoro Petkoff, la restricción de la libertad de prensa ocurre a diario y le ocurre a todos los periodistas, sobre todo cuando se trata de acceder a las fuentes oficiales. “El caso más reciente fue cuando quisimos entrevistar a Hermann Escarrá por la intención del Ejecutivo de disolver la Asamblea Nacional”, destaca.
Amaya relata que el abogado constitucionalista vinculado con el chavismo accedió a dar la entrevista, concertaron un día y una hora pero cuando supo que el trabajo se publicaría en Tal Cual dijo que no y colgó el teléfono. “Ha pasado con muchos”, afirma y destaca que también sucedió con el diputado chavista Héctor Rodríguez, que ha dado entrevistas a muchos medios críticos como El Estímulo, El Nacional o La Razón, “pero cuando se le dijo que era para Tal Cual, le pidió a su asistente pautar la entrevista para un día de estos. Han pasado tres meses y medio”.
El semanario para el que trabaja Amaya fue un diario vespertino hasta 2015, cuando pasó a ser semanario por múltiples problemas, entre ellos el acceso a comprar papel periódico, que desde hace más de un año es vendido exclusivamente por el Estado a través de la Corporación Alfredo Maneiro.
Desde que son semanario, el problema del papel se ha visto superado porque utilizan menos insumos y los adquieren a través de la Cámara de Periódicos de Venezuela, agrupación que sirve de puente con el Gobierno. No obstante, han tenido que tomar ciertas decisiones editoriales. “No pasamos de 32 páginas, así tengamos suplementos especiales”, explica Amaya que, aunque asegura que actualmente no tienen urgencia de papel, no saben si lo tendrán mañana.
Uno de los temas que persiste son las restricciones vinculadas al papel. Los diarios en general han reducido su paginación
Otros diarios regionales como El Carabobeño, Nueva Guayana, El Siglo de Aragua y La Mañana de Falcón no han corrido con la mima suerte de Tal Cual y han tenido que cerrar. De acuerdo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, en dos años han cerrado 13 medios de comunicación y en lo que va de 2016 se han sumado cuatro más por problemas con el acceso a la materia prima.
“Uno de los temas que persiste son las restricciones vinculadas al papel. Los diarios en general han reducido su paginación”, explica Carlos Correa, director de la ONG dedicada al monitoreo de la libertad de expresión Espacio Público. A su juicio, las ediciones de hoy no se comparan con las de cinco años atrás, hay menos superficies para publicar información y opinión, por lo que hay “menos debate”.
Censura oficial
Para Correa, a la falta de papel se suman otros dos factores que configuran la situación actual de la libertad de prensa en Venezuela: las sentencias restrictivas y la permisividad con la que se ha asumido el cambio de los dueños de los medios de comunicación en ese país. Varios medios, entre ellos diarios como Últimas Noticias o El Universal, han sido vendidos a grupos económicos en operaciones poco transparentes, sin que se sepa realmente quiénes son los verdaderos dueños; son unos editores sin rostro.
En el caso de las sentencias restrictivas, Correa destaca una emitida por un tribunal en el estado Aragua que limita a diputados y periodistas emitir informaciones relacionadas al exministro de Alimentación, Carlos Osorio, y otra emanada del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal venezolano, que prohíbe a los medios de comunicación emitir vídeos sobre linchamientos.
En el último mes, el observatorio de Espacio Público también ha levantado el caso de la restricción a los medios de comunicación a la morgue de Bello Monte, el tanatorio al que ingresan los fallecidos en eventos violentos en Caracas. “Se les dice a los familiares que no hablen con los periodistas porque si lo hacen no les entregan a sus deudos”, señala Correa. La capital venezolana tiene un grave problema criminal y pasa por ser una de las ciudades más violentas del mundo.
Se les dice a los familiares que no hablen con los periodistas porque si lo hacen no les entregan a sus deudos
Además de la limitación al acceso al papel periódico, Correa destaca que el 80% de las frecuencias de radio AM y FM no tienen permisos activos, lo que genera mucha inestabilidad.
Bajo su perspectiva, son los reporteros gráficos, de televisión y aquellos que se identifican como periodistas los que suelen ser más agredidos. Para el director de la ONG también existen limitaciones en relación a la cobertura económica. “Hay mucha preocupación por parte del gobierno de Maduro por evitar la visibilización del problema. No hay que olvidar que es responsable de que no se divulguen las cifras de inflación”.
Aunque en los últimos 20 años ha habido momentos diversos en los que se ha atacado a la libertad de prensa en Venezuela, sobre todo cuando ocurrió el cierre de la televisora RCTV en 2007, para Correa es en los contextos electorales en los que hay mayor número de agresiones y para él, en estos tiempos la situación se ha agudizado: “El gobierno de Nicolás Maduro ha sido muy activo en la descalificación a medios y periodistas. Incluso más activo que el último período de Chávez”.