México recorta en seguridad en plena escalada de violencia

Cuando el secretario de Hacienda de México, José Antonio Meade, anunció el proyecto de presupuestos para el año 2017, lo calificó como “austero” pero con “sensibilidad social”, con una reducción del gasto público del 1,7% por las “circunstancias adversas”. Los analistas tardaron unos pocos días en desgranar el detalle de la propuesta del recién nombrado secretario tras la defenestración de su antecesor por organizar la reciente visita de Donald Trump al presidente Peña Nieto. Al hacerlo, se encontraron con que, en plena escalada de la violencia, era la primera vez en una década que las partidas destinadas al llamado Gabinete de Seguridad sufrían un recorte. Ahora el poder legislativo tiene hasta noviembre para aprobarla.

Desde que Felipe Calderón, presidente previo a Peña Nieto, tomará posesión del cargo en 2006 y planteara la guerra contra el narco como el eje de su mandato, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República (el equivalente a la Fiscalía española), habían registrado ingresos sostenidos en sus presupuestos. Según cifras oficiales, este primer semestre se contabilizaron unas 10.000 personas asesinadas, un 15% más que en 2015. De repetirse la cifra en el segundo -cosa que parece probable, teniendo en cuenta que julio ha sido el mes más violento de lo que va de mandato-, 2016 será el año con más homicidios de la Administración de Peña Nieto.

Sólo por citar algunos ejemplos, han asesinado al director de un medio local, El Gráfico de la Sierra, en Puebla; han secuestrado a 15 viajeros en un autobús de línea en Coahuila; un equipo de busca fosas clandestinas ha encontrado 70 cuerpos en Sinaloa; dos personas han desaparecido en Veracruz en una zona llena de policías y militares. En el pueblo de Las Choapas, en ese mismo estado, se encontraron el miércoles cinco cabezas cortadas y el jueves dejaron, ante el rancho del alcalde, dos bolsas de plástico negro con el cuerpo desmembrado de un niño de 12 años... y esto es lo que ha salido en prensa en unos días.

Respectivamente, un 150% y un 124% para las instituciones militares y un 72% para la Procuraduría. En 2017, si todo va según el plan, sufrirán un recorte en sus presupuestos de entre un 15% y un 6%. Esto en un país donde la violencia ha repuntado desde 2015 y en el que se estima que, de seguir esta tendencia, 2016 será el año más violento de este sexenio, pudiendo llegar a los 18.000 homicidios.

“El gasto que se dedica a combatir la violencia ha sido completamente inútil para resolver el problema, ya que atiende a las consecuencias, no a las causas”, explica el analista económico Marcos Chávez, “si encima le añades el mal ejercicio, la mala estrategia y ahora los recortes, va a ser natural que se incremente esta situación de violencia en el país”. Además, el bajo crecimiento llevará a una menor creación de empleos y un deterioro de los ingresos reales de la población, lo que aumentará los incentivos para dedicarse a la delincuencia tanto esporádica como organizada.

“El problema puede dividirse en dos grandes grupos, uno tiene que ver con la delincuencia asociada a la supervivencia por problemas de ingreso y empleo y otro tiene que ver con el narcotráfico”, dice el experto. El primero se resolvería con un crecimiento económico que no llega y alimenta el segundo grupo, en zonas donde el Estado no está ni se le espera, donde trabajar para los cárteles es la única fuente de ingresos. “Hay que atacar las causas fundamentales, como por ejemplo el sistema financiero, los grandes capos y sus relaciones con empresarios y funcionarios públicos... pero como no se hace, y si encima ahora recortas, es natural que se incremente”.

La Secretaría de Gobernación, con funciones equivalentes al Ministerio del Interior, también sufre un recorte de 9.000 millones de pesos (420 millones de euros), lo que equivale a un 8%. Por ejemplo, los subsidios que reciben los diversos Estados para poner en marcha programas para combatir la violencia bajarán en 1.000 millones de pesos. También iniciativas que, aunque aún poco efectivas, van en la buena dirección para atacar el crimen organizado, como las agencias y programas para compartir y generar información, pierden más de la mitad de su presupuesto. Hay que restar además que algunos de estos proyectos ya habían sufrido pequeños recortes en anteriores ejercicios.

Otros capítulos han desaparecido directamente. Como el destinado al funcionamiento del sistema penal. Mientras que en 2016 se habían destinado 713 millones de pesos (33 millones de euros) para repartir entre los Estados y ayudarles a poner en marcha el nuevo sistema penal que arrancó el pasado 18 de junio por mandato constitucional; este 2017 habrá una asignación cero. O la Comisión para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, que pierde toda su financiación pese a que es un Estado donde la violencia es cada vez más alta y la extorsión continuada del narco ha llevado a General Motors a cerrar una inversión millonaria, de acuerdo con el diario local Michoacán Imparcial.

Petrodependencia fiscal

“Esto se engloba en una crisis fiscal del Estado, que comienza a mitad de 2014 con la caída de los precios del petróleo, que pasan de suponer el 30% de los ingresos del presupuesto nacional a casi la mitad, demostrando que tenemos una petrodependencia fiscal”, arguye Chávez. Juega, también, la ortodoxia de Luis Videgaray, anterior secretario de Hacienda y muñidor de los presupuestos, y las estimaciones incumplidas de la Administración de Peña Nieto. En los planes presidenciales estaba lograr para este año un crecimiento del 6% de PIB gracias a unas reformas estructurales. Hoy los más optimistas hablan de un 2,5%.

“Todo se centra en generar un superávit primario [que el Estado tenga beneficios antes de pagar la deuda] para que no baje la calificación crediticia del país y por eso está recortando en gasto social, funcionamiento de entidades, inversión productiva, seguridad... su objetivo es garantizar el pago de la deuda pública”, acusa el economista. Hace pocas semanas, la agencia de calificación de riesgos S&P puso en perspectiva negativa a México, anunciando que cumpliría su amenaza si subía el nivel de deuda del gobierno federal o la carga de interés.

Inversión en las partidas desacertadas

Aunque la experiencia en México demuestra que dedicar más dinero a seguridad no presenta una correlación directa con la disminución de la violencia, no está claro qué puede pasar con esta reducción de la inversión. Entre 2006 y 2015 el país triplicó su gasto en seguridad pública mientras los homicidios y la criminalidad seguían en cotas muy elevadas. Algunos califican este gasto como una especie de agujero negro, que podrá seguir tragando billetes y billetes, ya que el problema está en las políticas implementadas y su falta de éxito.

“El principal problema es que buena parte del presupuesto se destina a uniformes, armas, patrullas... no necesariamente se invierte en buenos esquemas, sino en salarios e instalaciones”, argumenta Martín Barrón, investigador y catedrático en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. “Aumentar el presupuesto es una forma que tienen las autoridades de quedar bien delante de la opinión pública, pero los recursos no están bien invertidos”, añade.

Como ejemplo cita el programa 'Somos Juárez', creado en 2010 por la Administración de Calderón para tratar de bajar la elevadísima criminalidad en la ciudad fronteriza con Estados Unidos, tristemente famosa por sus feminicidios. “Contó con mucho dinero por parte de EEUU, Europa, México... y lo que han hecho es remodelar el centro, con lo que han desplazado la delincuencia a las afueras”.

Camino a batir récord en homicidios

Para Barrón, el gran problema está en la caída de la inversión en los programas de prevención de la violencia. Al tomar posesión, la nueva Administración anunció a bombo y platillo el Programa Nacional de la Violencia y la Delincuencia, creando una subsecretaria dentro de Gobernación para gestionar estos programas. Si en el primer presupuesto le dedicaron sobre 3.000 millones de pesos, cada nuevo ejercicio se iba achicando hasta que en el 2017 ni aparece.

“Crearon una ley en 2012 que establece como prioridad hacer programas de prevención social, situacional, comunitaria y psicosocial. Pero además de confundir prevención social con prevención situacional, que es remodelar espacios públicos, ahora recortan y no le destinan recursos ante un clima de violencia cada vez peor”, reflexiona el catedrático. En su opinión, si en el sexenio de Calderón hubo la espeluznante cifra de 121.000 homicidios, el de Peña Nieto, que sumaba 65.000 a mitad de mandato, va camino de establecer una nueva marca.

“Todas las instituciones- tanto las dedicadas a seguridad local, municipal, estatal y federal- van a ser afectadas, y es normal que se pierda una eficacia ya de por sí cuestionable en los órganos encargados de velar por la seguridad pública e impartir justicia”, termina Chávez. Con estos mimbres, puede vaticinarse que 2017 será un año más complicado que los anteriores y que, salvo milagro en el petróleo, esto será lo que habrá en lo que resta de sexenio.