Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, está un paso más cerca de viajar a EEUU. Según la PGR, el equivalente a la fiscalía española, de los cinco amparos que los abogados del narcotraficante pusieron para tratar de evitar su extradición; ninguno ha tenido éxito.
Estos recursos judiciales pretendían invalidar el acuerdo firmado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para que el Chapo sea juzgado en EEUU. Aún puede interponer un recurso de revisión, para que un tribunal colegiado confirme, revoque o cambie la sentencia, un proceso que duraría entre tres y seis meses. Su equipo legal ha declarado varias veces que piensan alargar el proceso judicial lo máximo posible.
El antiguo líder del cártel de Sinaloa y célebre escapista de prisiones es requerido por tribunales de Texas y California por cargos que incluyen delitos como lavado de dinero, asociación delictiva, delitos contra la salud, asociación por importar y poseer con la intención de distribuir cocaína... entre otros.
Según a la nota de prensa repartida por la PGR, de los cinco amparos, “en dos de ellos el órgano jurisdiccional resolvió negar la protección y amparo de la justicia federal, mientras que los tres restantes, se sobreseyeron”. Eran relativos a “los acuerdos emitidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los que se concede la extradición”, publicados el pasado mayo.
Algunos de los amparos rechazados son realmente extraños. En uno, que fue sobreseido hace menos de un mes, el abogado manifestaba temer que Guzmán Loera, cuando fuera llevado a EEUU, sería internado en “cárceles secretas” donde sufriría “abominables e infames torturas”. Ya en un sentido más razonable, señalaba que podría aplicársele la pena de muerte, prohibida por la Carta Magna mexicana, aunque el trato realizado en mayo aseguraba que “el gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicará la pena de muerte al señor Guzmán Loera”.
Acelerar los trámites
Aunque luego cambió de idea, en marzo pidió acelerar su extradición a EEUU, al parecer motivado por el trato que supuestamente recibía de las autoridades. Dentro de su estrategia de defensa, Loera Guzmán ha alegado además sufrir trastornos de depresión y ansiedad por los malos trastos recibidos en reclusión. Desde el Sistema Penitenciario Federal y en boca de su titular, José Alberto Rodríguez, se dijo que Loera Guzmán ha tenido más de 78 visitas, tanto de abogados como de familia. Y más de 70 consultas con médicos generales en los 160 días que lleva preso en una cárcel de Ciudad Juárez.
El capo llegó a este penal pocos meses después de su segunda recaptura. Su historia con la justicia mexicana comienza con su primera detención, en 1993, en Guatemala. De ahí pasó ocho años en prisiones de máxima seguridad, hasta que se fugó en 2001 en un carrito de ropa sucia, gracias a la ayuda de un empleado del penal. Tras 13 años prófugo, fue de nuevo capturado, esta vez en Mazatlán, en su Sinaloa natal.
Tras 17 meses entre rejas, y con un túnel de cientos de metros excavado bajo otra cárcel de máxima seguridad, volvió a la libertad. Esta vez duraría solo seis meses fuera, aunque tuvo tiempo de protagonizar una historia increíble con los actores Kate del Castillo y Sean Penn, que lo entrevistó para Rolling Stone, también en Sinaloa.
Desde su tercera detención, su familia ha recibido al menos tres ataques directos. En agosto, uno de sus hijos fue secuestrado en Puerto Valharta. A finales de julio murieron baleados dos sobrinos de su actual esposa, Enma Coronel, en Ciudad Obregón, Sonora. Y en junio, un comando de los Beltrán Leyva asaltó La Tuna, su pueblo natal, y registró la casa de su madre, Consuelo Loera. Se supone que estos ataques están motivados por una guerra por el control del territorio entre el cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación y Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara en los 80 y que tras ser liberado en 2013 ha reagrupado a su organización.
Recientemente se ha publicado que su hermano mayor, Aureliano Guzmán Loera, alias 'El Guano', tomó el relevo como líder del cártel de Sinaloa y que es un objetivo prioritario del Ejército mexicano, después de se le relacionase con el ataque y muerte de cinco soldados en Culiacán, el 30 de septiembre pasado, un hecho que ha golpeado la moral castrense, bastante baja ya tras diez años de guerra contra el narco.
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