Al noreste de México, en un erial cercano a la localidad de Patrocinio, en el Estado de Coahuila, un grupo de familiares de desaparecidos encontraron un campo sembrado de cadáveres.
Esta semana, la organización que lo está investigando ha anunciado que han contado más de 4.600 pedazos de huesos. La que puede ser la fosa común más grande de todo el país norteamericano se atribuye a los Zetas, el grupo mafioso formado por desertores del ejército nacional que comenzó como el brazo armado del cártel del Golfo antes de formar su propia operación, hoy mucho más débil, y que tenía como marca reconocible un salvajismo extremo.
El Colegio de México ha publicado recientemente 'En el desamparo', un estudio de dos de las matanzas más sangrientas cometidas por los Zetas: el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010 y la desaparición de un número desconocido de personas, puede que 300, en 2011 en Coahuila.
Sergio Aguayo, el politólogo y promotor de los derechos humanos que ha coordinado el trabajo, explica que gracias al acceso a la documentación oficial su análisis tiene un nivel de detalle poco común. “México se ha convertido en tierra de fosas clandestinas y campos de exterminio”, contesta preguntado por el hallazgo.
“Toda la investigación giró en torno a las víctimas y al trato que recibieron de los Zetas, la sociedad y el Estado”, cuenta desde Europa, donde ha acudido a una serie de conferencias, “de ella hemos extraído dos lecciones: Las víctimas están en el desamparo y no han sido atendidas cómo se debe por las instituciones del Estado y el flanco más débil de la estructura de seguridad son las presidencias municipales, que se ha dejado que las controle el crimen organizado”. Mientras que ve posible que mejore la atención a las víctimas, ve más complicado un cambio en la estrategia de seguridad.
EEUU “ha hecho lo posible por evadir la corresponsabilidad que tiene en algunos aspectos del problema", indica el informe.
En el texto se narra la tremenda crueldad de los Zetas con los ejecutados. En Tamaulipas, los delincuentes retuvieron a esos 72 migrantes y los llevaron a un rancho donde les pusieron ante una elección: o integrarse en sus filas o morir ejecutados. Según un testimonio recogido, tras dispararles con una nueve milímetros, los asesinos durmieron “normalmente”. El otro caso, ocurrido en el municipio de Allende, fue un fin de semana de marzo en el que un escuadrón de la muerte arrasó, literalmente, el pueblo, acabando con la vida de amigos y familiares de unos supuestos traidores. Aún hoy se desconoce el número total de muertos.
“Las dos matanzas son representativas del uso del terror para controlar a sus cuadros y la población, ya que los Zetas buscan controlar sus territorios y para ello deben tener la obediencia de sus habitantes, usando la violencia indiscriminada sobre la población civil, a los que 'desaparecen' o 'cocinan' para que no haya trazas de ellos”, cuenta Aguayo, “los Zetas aplicaron una lógica militar, con unidades bien entrenadas y armadas que se complementan con reclutas a los que capacitan en académicas militarizadas”. En las zonas donde operan se les llega a conocer como los de la última letra.
En las 42 páginas de análisis se reparten culpas, señalando la complicidad e ineficiencia de las instituciones. “Hay una cierta omisión del Estado mexicano y la principal responsabilidad del crimen organizado está en la ausencia de una estrategia integral capaz de adaptarse a las peculiaridades del crimen organizado”, razona. “Hay una negación de la presencia del crimen organizado y falta de una política integral para la atención a las víctimas”.
También apunta a EE UU, que “ha hecho lo posible por evadir la corresponsabilidad que tiene en algunos aspectos del problema: no ha habido un intento serio por frenar el acceso a armas y suministros bélicos pero también está el lavado de dinero o la ambigüedad frente a la migración, ya que la prohíben pero al mismo tiempo la toleran porque la necesita su economía”. Apunta a una incongruencia: “Han nombrado organismo terrorista a las FARC en parte porque están metidas en la producción y el tráfico de narcóticos pero no hacen lo mismo con los Zetas porque eso afectaría intereses económicos estadounidenses”.
Aguayo, coordinador del trabajo, explica que el análisis tiene un nivel de detalle poco común.
Una de las atribuciones que más sorprende es apunta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una organización del Gobierno dedicada a denunciar los abusos cometidos por funcionarios públicos y el Estado, a la que acusa de no interesarse en entender el papel jugado por la policía y los gobiernos municipales. “Forma parte de la tragedia, ya que el Estado mexicano creó una gran cantidad de organismos públicos para defender derechos humanos y la mayoría se han convertido en burocracias caras que dirigen personajes cooptados por el gobernante en cuestión”.
“La justicia mexicana busca al culpable individual de haber apretado el gatillo para meterlo en la cárcel pero no le interesa el grupo en el cual estuvo inserto el perpetrador individual, ni la protección institucional”, continua, “esto tiene muchísimas causas, como la débil cultura de derechos humanos; una Constitución no fue elaborada para servir a la ciudadanía sino para controlarla, la corrupción e impunidad que castiga a los más débiles...”.
La justicia mexicana busca al culpable individual para meterlo en la cárcel, pero no le interesa el grupo en el que estuvo inserto.
Entonces, ¿qué puede hacerse para empezar a enfrentar los problemas de seguridad y narcotráfico en México? “Esa es la búsqueda de la piedra filosofal. Quienes analizamos estos temas consideramos que se requiere una estrategia integral que incluya el factor externo, que combata la corrupción y la impunidad construyendo un estado de Derecho y que ponga en primer lugar la atención a las víctimas", afirma Aguayo. "Ello requeriría un reajuste a fondo del sistema”. ¿Y qué le parece la extradición del Joaquín Guzmán Loera, el celebre Chapo? “Para esa pregunta mejor busca un experto en Sinaloa”.