El nuevo acuerdo de paz de Colombia urgía porque el alto el fuego podía romperse

Aunque desde el pasado sábado hubo humo blanco en La Habana y tanto el presidente colombiano Juan Manuel Santos, como el líder del equipo negociador Humberto de la Calle y el líder guerrillero ‘Iván Márquez’, anunciaron la buena nueva de un nuevo acuerdo de paz entre las partes, hasta este lunes no fue posible conocer el texto completo y las suspicacias alrededor de este tema que tiene dividido al país no se hicieron esperar.

Pasaron 43 días desde el día en que, vía plebiscito, 6,5 millones de colombianos rechazaron los acuerdos de paz por un estrecho margen, demostrando la fuerte polarización que existe entre los colombianos sobre la posibilidad de permitir a los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) retornar a la vida civil, sin antes garantizar que cumplan por los delitos que han cometido. “Sí a la paz, pero no así”, decían en su momento varios portavoces del movimiento que impulsó el 'no' antes del referéndum, encabezados entre otros por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El mapa político que se dibuja ahora refleja un ambiente quizás menos hostil que el que se sintió tras las votaciones del 2 de octubre. El nuevo acuerdo, advirtió Santos, quizás no satisfaga las aspiraciones de todos los sectores, pero sí logrará calmar los ánimos caldeados que existen hoy en la sociedad colombiana.

En su alocución presidencial, se encargó de enfatizar cómo cada punto nuevo en el acuerdo había acogido las recomendaciones de tal o cual sector: “por solicitud del expresidente [Andrés] Pastrana”, “según las apreciaciones del expresidente Uribe”...

En términos generales, el nuevo acuerdo intenta tranquilizar a varios sectores que votaron por el 'no'. Entre ellos, a quienes creían que el acuerdo tenía “ideología de género” y que por medio de este se iba a reformar el concepto de familia existente en la Constitución. El gran poder político que hoy ostentan los grupos evangélicos llevaron a que se eliminaran del acuerdo las referencias a la perspectiva de género, sin dejar de garantizar la protección a la población LGTB. Asimismo, se alivian temores que tenían los empresarios con respecto al tema de tierras, al dejar explícito el respeto a la propiedad privada, una de las preocupaciones de los latifundistas.

Por otro lado, los militares, un grupo que Uribe quiso representar en sus propuestas, también tienen con qué quedarse tranquilos: se reiteró que si contribuyen con verdad y reparación pueden obtener beneficios penales incluyendo la excarcelación o la terminación de los procesos penales que tengan por hechos relacionados con el conflicto.

Debo reconocerlo, es un mejor acuerdo que el anterior

“Debo reconocerlo, es un mejor acuerdo que el anterior”, señaló sobre el mismo, Humberto De la Calle, el jefe negociador del Gobierno. El voto por el 'no' llevó al Ejecutivo a escuchar a todos los sectores, incluidos los opositores al gobierno, como el del mismo Uribe. Y esto, señalan varios analistas, ha fortalecido incluso al Gobierno, que según las últimas encuestas ha mejorado su imagen desde entonces.

Sin embargo, lo que viene en el proceso no será para nada fácil. Ya el expresidente Uribe advirtió tan pronto salió de un encuentro con Santos previo a la alocución del presidente, que había solicitado al mandatario que el nuevo acuerdo no fuera dado a conocer como definitivo, sino que se compartiera previamente con portavoces del 'no' y con las víctimas, para que todos dieran su opinión sobre el mismo.

Pero en el discurso de Santos, si algo quedó claro es que este es ya el nuevo acuerdo definitivo, sin lugar a apreciaciones. Y existen dentro de este nuevo acuerdo aspectos que sin lugar darán lugar a debate. Por ejemplo, el que, según el presidente, sería el único punto sobre el que no se logró que la guerrilla cediera, y es la no participación en política por parte de sus miembros. “Hay puntos como el de la participación política de los líderes de las FARC y de su no encarcelamiento que no son viables, porque la paz no es compatible con la saña”, dijo al respecto el ex candidato presidencial Antanas Mockus.

Un nuevo referéndum, casi descartado 

Otro debate que se abrirá próximamente se centrará en la forma como se aprobará este nuevo acuerdo. Existen varios caminos: convocar a un nuevo plebiscito, refrendarlo a través de un mecanismo de iniciativa popular recogiendo firmas o, sencillamente, acudir directamente al Congreso para que dé vía libre a lo acordado.

El analista y politólogo Héctor Riveros explica que el gobierno ya no utilizaría el mecanismo de plebiscito y buscaría que el trámite se surtiera a través del órgano legislativo. ‘Iván Márquez’ ha dado algunas pistas en sus declaraciones recientes: “Al nuevo acuerdo, el único camino que le espera es su implementación, teniendo en cuenta que con él quedan sentadas las bases de una tarea más compleja: la construcción de una paz estable y duradera”.

La discusión promete ser candente. El exprocurador Alejandro Ordóñez envió a través de sus redes sociales un mensaje directo al presidente Santos, al respecto: “Un nuevo acuerdo sólo es posible si con su voto lo aprueban”.

El gran temor era que cada día que pasaba era más difícil sostener el cese del fuego

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo en una entrevista a la revista Semana este lunes, que será el presidente quien decida la mejor vía para la aprobación por parte de la ciudadanía, pero dio a entender que el acuerdo, en todo caso, deberá surtir su trámite de aprobación en el Congreso.

Algunos analistas han coincidido en que esta etapa de negociación era frágil y debía definirse rápidamente. “El gran temor era que cada día que pasaba era más difícil sostener el cese del fuego”, comenta a EL ESPAÑOL una fuente cercana a los negociadores en La Habana. Según Riveros, la intención del gobierno había sido poder tener un acuerdo para antes del 23 de noviembre, con el fin de poderlo tramitarlo en el mes mínimo de antelación que exige la ley antes de que acabe el actual curso político el 22 de diciembre. De no ser así, se debería esperar a febrero, cuando el Congreso retoma las sesiones, con todas las implicaciones políticas y económicas que esto podría conllevar. Un alto el fuego no se podría sostener hasta entonces, coinciden varios analistas.

El senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático -el partido de Uribe- ha dicho que Santos buscaba una vitrina para poder ir a recibir el Nobel el próximo 10 de diciembre, y por eso decidió pisar el acelerador en tener una salida pronta al proceso.

“El acuerdo no dejará satisfecho a los del 'no', especialmente a los del Centro Democrático quienes dirán que se está desconociendo el resultado del 2 de octubre, que no hay cambios de fondo, y decretarán una batalla campal para desconocer el acuerdo”, dice Riveros. El analista agrega que el Centro Democrático busca que ésta, la del 'no', sea su bandera para las elecciones presidenciales del 2018.

Por su parte, Santos, “el equilibrista”, como lo acaba de apodar el asesor editorial de revista Semana, Rodrigo Pardo, intentará mantener el balance no sólo con la guerrilla, sino con las distintas fuerzas de poder existentes: los portavoces del 'no', la institucionalidad, los militares y los pastores cristianos, entre otros.

Los distintos portavoces del 'no', varios de ellos con aspiraciones políticas, deberán decidir ahora si quieren figurar en la foto, aprovechando para decir que gracias a ellos el actual acuerdo es mejor, o si, por el contrario, aprovecharán que no se logró renegociar la permanencia en la cárcel y la elegibilidad política de los guerrilleros, para intentar regresar al poder en el 2018.

Tal como lo ha descrito el portal político La Silla Vacía, del camino que escoja el ex presidente Uribe dependerá que la nueva fase de implementación que arranca ahora sea más o menos fácil. La verdadera refrendación terminarán siendo las próximas elecciones presidenciales. De quien gane dependerá culminar la implementación del acuerdo y la sostenibilidad de un proceso de paz para el cual el Gobierno de Santos se ha comprometido a destinar dinero (para la creación de un partido político, el mantenimiento de reinsertados, etc.) por un plazo de 15 años.