España extradita al “Mengele” de las FARC, responsable de 300 abortos forzados

España extraditará a Colombia al guerrillero A, conocido entre otros alias como “Mengele”, por haber practicado 300 abortos forzados abortos forzados a guerrilleras, muchas menores y con embarazos de hasta ocho meses, en medio de la selva y sin anestesia.

Albeidis no es médico, ni enfermero, informa Efe. Abandonó sus estudios de Enfermería, pero esa escasa formación fue suficiente para que las FARC contaran con él para llevar a cabo una práctica que deja "relatos escalofriantes" de sus víctimas, algunas reclutadas a la fuerza y violadas y que no podían negarse a los abortos amenazadas de muerte.

El guerrillero, de 41 años y con una enfermedad degenerativa, llegó a España en 2005 y pidió asilo, que le fue denegado. Obtuvo la nacionalidad española y en 2015 fue detenido, acusado de una larga lista de delitos: torturas, homicidio, asociación criminal y crímenes de guerra y de lesa humanidad. Las autoridades lo dejaron en libertad a la espera de la vista de extradición, pero a raíz de la luz verde a la entrega, la Audiencia Nacional ha decidido arrestarlo de nuevo para que no se fugue.

En el auto de extradición, la sección segunda de la Audiencia Nacional explica cómo entre 1998 y 2004 las FARC usaron a las mujeres como "instrumento de guerra" y las obligaron, con la ayuda de "El Enfermero", como también se lo conoce, a abortar para que sus hijos no fueran un problema de cara a la lucha.

Albeidis lo hacía forzándolas a beber químicos que las harían perder a sus bebés u operándolas en medio de la selva con "rudimentarios procedimientos", en "condiciones infrahumanas" y sin anestesia, con lo que llegaban a perder el conocimiento del intenso dolor.

Algunas operaciones se hacían en cuartos de hotel en camillas "amarradas con plásticos de llantas" o en el suelo sobre plásticos cubiertos con hojas, donde "a las mujeres se les practicaban los abortos, una detrás de otra, sin siquiera limpiar la sangre de las que ya habían abortado".

En la vista, Albeidis alegó que la petición de entrega tiene motivaciones políticas, que por su condición de homosexual recibirá maltrato en las cárceles colombianas y que los delitos están prescritos, pero ninguno de sus argumentos han sido considerados por el tribunal.

"La procedencia de la entrega es clara", dicen los magistrados, ya que los hechos se cometieron en Colombia y es "muy difícil, sino imposible" juzgarlos en España.