Desde Kirchner hasta Maduro: la constructora que sobornó a Brasil también pagó a sus Gobiernos

Otrora símbolo del emprendimiento brasileño, el conglomerado de la construcción Odebrecht es hoy sinónimo de corrupción. El terremoto desencadenado por el caso no cesa de sacudir América Latina, siendo el exmandatario peruano Alejandro Toledo y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos los últimos en sentir sus temblores.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ESCÁNDALO?

Fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en Salvador de Bahía (Brasil) hace siete décadas, la empresa constructora que lleva su apellido creció como la espuma hasta convertirse en un imperio que opera en cerca de una treintena de países con más de 100.000 empleados, según datos de la propia organización.

Fue en el marco de la famosa Operación 'Lava Jato', que investiga el monstruoso esquema de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras, cuando los trapos sucios de Odebrecht comenzaron a salir a la luz.

El pasado diciembre, la justicia estadounidense reveló que la empresa había invertido 788 millones de dólares en sobornos en doce países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.

La inversión fue productiva, ya que reportó a Odebrecht y cómplices más de 3.300 millones de dólares en proyectos.

Odebrecht y Braskem S.A., una compañía petroquímica controlada por el conglomerado, se declararon culpables y pagaron una multa de 3.500 millones de dólares.

¿CUÁL ERA EL 'MODUS OPERANDI'?

Estados Unidos concluyó que en torno a 2006 Odebrecht estableció una División de Operaciones Estructuradas que en la práctica era una unidad de sobornos para untar a políticos y funcionarios a cambio de proyectos.

Los pagos se escondían gracias a una red de entidades offshore y, a menudo, las transacciones pasaban por hasta cuatro capas de sociedades pantalla antes de llegar a su destino.

Odebrecht también recurría a bancos pequeños en países donde el secreto bancario estaba consagrado. Sus colaboradores en este mundillo percibían asimismo un dinero extra en compensación por su lealtad.

La trama llegó incluso a comprar un banco en la isla caribeña de Antigua, lo que permitió a los involucrados -políticos extranjeros inclusive- recibir dinero ilícito con impunidad.

LA DIMENSIÓN BRASILEÑA

En su tierra natal, Odebrecht ha invertido al menos 350 millones de dólares para granjearse 1.900. Participaba en el esquema de corrupción de la petrolera Petrobras, escándalo que ha salpicado a figuras tales como el expresidente Lula da Silva, cercado por varios procesos.

El gigante de la construcción sobornaba a funcionarios y políticos e integraba un cartel de empresas corruptas que se repartían los contratos de la petrolera estatal.

Pero la actividad delictiva de Odebrecht en Brasil no terminaba ahí. Por ejemplo, financió a un partido político para poder concluir una obra en Río de Janeiro, según Estados Unidos.

El pasado marzo, Marcelo Odebrecht, expresidente del conglomerado, fue condenado a 19 años de prisión en relación al caso Petrobras.

Aun así, la verdadera dimensión de los tentáculos de Odebrecht está por descubrirse. El pasado 30 de enero la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil validó los testimonios de 77 ejecutivos de la constructora.

La magistrada decidió mantener por el momento el secreto de sumario, pero se espera que, una vez abierta, el contenido de la caja de los horrores golpee a los estratos más altos de la clase política brasileña, incluso al nuevo presidente, Michel Temer, quien subió al poder después de que Dilma Rousseff fuera depuesta por el Congreso.

TEMBLORES POR LATINOAMÉRICA

Lejos de circunscribirse a Brasil, el escándalo Odebrecht se extiende por el continente americano y dos excolonias portuguesas en África.

Gobierno y oposición en Colombia, manchados

En Colombia, el caso Odebrecht ha ensombrecido tanto al Ejecutivo de Juan Manuel Santos como a la oposición. Los documentos de la justicia estadounidense desvelan que el conglomerado pagó más de once millones en sobornos allí.

Gabriel García Morales, quien fuera viceministro de Transporte de Álvaro Uribe, y el exsenador liberal Otto Bula se encuentran presos a raíz de la trama. El martes, sin embargo, la Fiscalía General colombiana apuntó a que Bula había hecho llegar un millón de dólares ilícito a la campaña de reelección de Santos en 2014.

También está bajo lupa la campaña de su rival en dichos comicios, Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, quien aspira a representar de nuevo a su partido en las próximas presidenciales, aunque su formación aún debe celebrar primarias. El asesor brasileño Eduardo 'Duda' Mendoça afirmó que Odebrecht le pagó por colaborar con la campaña de Zuluaga.

El Consejo Nacional Electoral dictaminará si sendas campañas violaron las leyes de financiación electoral.

La justicia persigue al expresidente de Perú

Las autoridades peruanas investigan pagos de Odebrecht por valor de 29 millones de dólares realizados durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El cerco se ha estrechado ahora sobre el propio Toledo, que gobernó Perú después de la era Fujimori. La Fiscalía ha pedido 18 meses de prisión para el exmandatario, acusado de haber recibido 20 millones ilícitos, que aún no ha regresado al país.

En una entrevista con el programa Cuarto Poder desde París, Toledo defendió su inocencia.

Odebrecht, amiga de los gobiernos Kirchner

Con Cristina Fernández de Kirchner en el poder en Argentina, Odebrecht pagó 35 millones de dólares a intermediarios para "con el entendimiento de que se harían llegar en parte" a miembros de la Administración.

También se acusa al actual jefe de la Inteligencia argentina, Gustavo Arribas, de haber recibido dinero en el caso Odebrecht, aunque el actual presidente, Mauricio Macri, ha salido a batear en su favor.

En un reciente viaje oficial a Brasil, Macri pidió que se diesen a conocer los nombres de los argentinos involucrados en Lava Jato.

Un centenar de millones al chavismo

En Venezuela, Odebrecht destinó 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pese a la crítica de la oposición, la revelación no ha tenido mayores consecuencias políticas.