La expresidenta argentina niega corrupción y denuncia una maniobra "político-judial" en su contra

La expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner, que acudió este martes a declarar como imputada en una causa por presunto lavado de dinero y cohecho, negó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobra político-judicial" contra ella.

La exmandataria, acusada junto a sus hijos y varios empresarios de la obra pública de delitos de corrupción cometidos supuestamente a través de la empresa familiar Los Sauces, acudió a los tribunales federales de Buenos Aires citada por el juez Claudio Bonadio.

Aunque no declaró ni contestó preguntas, la exmandataria presentó un escrito y se marchó sin dar declaraciones a la prensa.

"Sostener que se lava dinero cuyo origen es absolutamente conocido, se encuentra dentro del circuito bancario y circula de la misma manera, pagándose los correspondientes impuestos, es justamente el caso contrario a un delito de esta naturaleza", remarcó Fernández en el texto divulgado a través de sus cuentas en las redes sociales.

En el extenso escrito, titulado "De la violación sistemática de todos y cada uno de los derechos y garantías que establece la Constitución Nacional", la viuda del también expresidente Néstor Kirchner reitera que se siente objeto "de una persecución judicial y mediática que no registra antecedentes" en el país.

"Al menos en los períodos democráticos, y que en mi caso particular se extiende a mis hijos Máximo y Florencia Kirchner, en especial, a esta última", dice Fernández, imputada en varias causas y procesada judicialmente en dos: una que investiga operaciones del Banco Central bajo su gestión y otra por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.

El expediente por el que fue citada hoy investiga si la inmobiliaria Los Sauces se dedicaba a recibir millonarias sumas de dinero por el alquiler de inmuebles a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, a los que previamente beneficiaba con obras públicas y licencias.

"Los contratos de alquiler (...) pretenden ser calificados como un supuesto de lavado de dinero. Tal imputación resulta ridícula y contradictoria con todos los elementos de prueba ya incorporados a la causa", asevera la ex jefa de Estado.

"Se trata de contratos reales y genuinos, sobre inmuebles cuya existencia fue constatada a través de reiterados allanamientos, con inquilinos de carne y hueso, y en los que todos los movimientos económicos se realizan por el circuito bancario", subraya Fernández, quien reclama tener "derecho a ser juzgada" por "un juez imparcial".

En su opinión, se trata de una circunstancia "que ni remotamente reúne el magistrado a cargo de esta causa, como es de público y notorio". "Sólo las presiones que desde el Poder Ejecutivo se ejercen sobre los jueces (...) han permitido que V.S. continúe al frente de esta causa y como titular de este Juzgado", sentencia en el escrito presentado a Bonadio.

"A esta altura ya tenemos dos causas judiciales con dos jueces diferentes por un mismo y único hecho, y con idénticos protagonistas: contratos de alquiler de inmuebles suscriptos con los mismos contratistas de obra pública. Un verdadero escándalo jurídico y político", reprocha Fernández. Por último, advierte de que por la persecución a la que se ve sometida podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales de justicia