"La hoja sagrada se ha impuesto a Estados Unidos". Así ha celebrado el presidente boliviano, Evo Morales, en su cuenta de Twitter la rúbrica de la nueva ley de la coca, una norma que pone en duda el compromiso del país en la lucha antidroga y amenaza con tensar sus relaciones con la comunidad internacional.
Para el mandatario boliviano, la promulgación de esta ley es un triunfo frente a aquellos que pretenden acabar con “un arbusto reconocido como patrimonio cultural” en el país, entre ellos Estados Unidos, que recientemente puso a Bolivia como ejemplo de fracaso en el cumplimiento de los objetivos internacionales en la lucha contra la droga.
"Llegó la hora de enterrar la Ley 1008, que busca enterrar la hoja de coca en Bolivia. Es un día histórico", afirmó Morales en el acto realizado en el Palacio de Gobierno al que han acudido productores de la hoja de la región del Chapare y de Yungas, según ha recogido el diario boliviano La Razón. “La coca en su estado natural es tan respetada, no solamente como alimento, sino como medicina, la tarea es (buscar) cómo industrializar eso. Ahora tenemos que trabajar”. En un mensaje en su cuenta de Twitter el mandatario zanjaba el asunto: "Coca por vida está garantizada, pijcheo para todo el mundo". El 'pijcheo' es otra de las formas en que los bolivianos se refieren al masticado de hoja de coca o 'acullico'.
Para el expresidente Jorge Quiroga, en cambio, esta nueva norma -a la que se ha referido incluso como 'narco ley'-, alentará el uso ilícito de la hoja de coca y fomentará el narcotráfico. Otros legisladores han llegado incluso a afirmar que la ley podría hacer que Bolivia sea visto como un "narcoestado".
En Bolivia, el tercer productor mundial de cocaína según la ONU, la planta de la coca es patrimonio cultural y “factor de cohesión social”. Según la Constitución boliviana, vigente desde 2009, la coca no puede ser considera un estupefaciente en su estado natural. Y pese a que la producción y comercialización está regulada, parte de la producción acaba transformada en cocaína.
La nueva Ley General de la Hoja de la Coca modifica la legislación que ha estado vigente durante 29 años y amplía de 12.000 a 22.000 hectáreas la extensión de las plantaciones legales en el país. Los tradicionales cocales de Yungas, en el departamento de La Paz, son los que nutren la comercialización para el masticado de hoja y otros usos lícitos, pero se cree que gran parte de la producción del Chapare es desviada para narcotráfico. Esta presunción se basa en un dato de la ONU: según la oficina del organismo que se encarga de la lucha contra la droga -la UNODC-, el mercado legal de La Paz capta un 93% de la producción de los Yungas y el de Sacaba (centro), sólo el 7% de lo producido en el Chapare.
Con estos datos, la conclusión que extraen los expertos, y que incluso ha sido reconocida por las autoridades, es que los narcotraficantes se benefician de las plantaciones del Chapare, aunque nada garantiza que toda la producción que pasa por los mercados legales tenga como destino el uso lícito.
"Si antes de esta ley la mayor parte de la hoja de coca del Chapare estaba destinada a la producción ilícita de la cocaína, con este aumento de 10.000 hectáreas más queda claro que se va aumentar la cantidad que vaya desviada a esa actividad", dijo a EFE el analista y abogado Carlos Alarcón, crítico con el gobierno de Morales.
Aunque la antigua ley establecía un límite máximo de 12.000 hectáreas, la UNODC registró en su informe de 2015 que Bolivia tenía unas 20.200 hectáreas de coca. La nueva norma fija el límite por encima de lo existente, autorizando el cultivo de 7.700 hectáreas en el Chapare y 14.300 en el departamento de La Paz.
Un grupo de hombres recogen hojas de coca en la región de Yungas, Bolivia.
Para los cocaleros, sobre todo del Chapare, esta nueva norma pone fin a un largo proceso que comenzó con su resistencia en los años '80 y '90 a los planes de erradicación de la planta que, según Morales, fueron impuestos desde EEUU.
Durante años, el Ejecutivo de Morales ha defendido que era necesario elevar el límite legal de las plantaciones hasta las 20.000 hectáreas aunque a la hora de aprobar la legislación, el Ejecutivo ha cedido a la presión de los cocaleros y ha concedido 2.000 hectáreas extras. Precisamente, el hecho de que Morales además de presidente siga siendo el máximo dirigente de los sindicatos del Chapare ha hecho suponer que este conflicto de intereses habría repercutido en la decisión del mandatario de conceder cocales extras a esa región.
La nueva ley separa, además, la legislación sobre la hoja de coca y la que regula y sanciona el narcotráfico, un proyecto pendiente de abordar desde que Morales asumió el poder en 2006.
Las críticas a la nueva norma
Aunque el Gobierno ha justificado que la producción cubrirá el consumo interno tradicional y permitirá fomentar la industrialización de derivados legales de la coca y su exportación, las fuerzas opositoras han mostrado su rechazo a la nueva ley. Tanto el bloque Unidad Demócrata como el Partido Demócrata Cristiano han señalado que gran parte de la producción en áreas no tradicionales, como Chapare, no pasa por mercados legales y han criticado que se legalice el cultivo en estas zonas. Para algunos legisladores, con esta ley, Bolivia será vista en el mundo como un "narcoestado", según los medios locales.
Por otra parte, el abogado Carlos Alarcón considera que la nueva normativa viola la convención antidroga de las Naciones Unidas de 1961, a la que Bolivia pidió volver a adherirse en 2013 después de que el organismo reconociera el ‘acullucu’ como práctica cultural. Según la convención, la coca es un estupefaciente y se prohíbe su exportación o la de sus derivados si contienen alcaloides. El abogado cree que la norma puede ser interpretada como “una mala señal” por la comunidad internacional, que financia parte de la política antidroga de Bolivia. Por otra parte, la reducción de las plantaciones ilegales es uno de los ejes de la lucha antidroga y un incentivo a cultivar productos alternativos, algo que se ha financiado con recursos de la Unión Europea.
Hace apenas un mes, la UNODC y Bolivia renovaron el marco de cooperación en la lucha contra la droga. La oficina de la ONU da apoyo y asistencia al país latinoamericano en áreas como la salud y fiscalización de drogas, prevención y lucha contra el delito y la delincuencia organizada o la lucha contra la corrupción en el marco de un programa que durará hasta 2020. El monto de ayuda económica de este programa asciende a 22 millones de dólares (9,5 millones ya están financiados) y un 43% se destina a financiar las áreas de coca y el desarrollo integral, salud o fiscalización de drogas, entre otros aspectos. Varios países de la UE como Alemania, Francia y España están entre los financiadores del programa.
Bolivia, un fracaso en la lucha antidroga para EEUU
Días después de que el parlamento boliviano aprobara la ley de la coca que hoy se ha promulgado, Estados Unidos señaló a Bolivia como uno de los tres países -junto a Birmania y Venezuela-, que han “fracasado de manera demostrable” en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en la lucha contra la droga, algo que el gobierno estadounidense lleva pidiendo más de ocho años. Este documento se basa en las recomendaciones emitidas por el expresidente Barack Obama, que en septiembre del año pasado designó a los tres países como responsables de una política fallida en la lucha contra las drogas durante los doce meses anteriores.
El límite legal de las plantaciones de coca supera "en un 36%" la cantidad que, según la UE, se necesita para propósitos tradicionales", y el Gobierno de La Paz cuenta "con controles inadecuados" sobre ese cultivo interno, señala el informe anual del Departamento de Estado estadounidense sobre el narcotráfico y el lavado de dinero publicado a principios de marzo.
El estudio al que hace referencia el informe es el que realizaron estadistas bolivianos con fondos de la UE en el que se concluyó que para cubrir la demanda legal (hogares, establecimientos y comercio fronterizo), se necesitan 14.704 hectáreas, una cifra mucho menor a la extensión de los campos legales de la nueva ley.
El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, contradice el estudio y asegura que solo para el ‘acullico’ hacen falta 18.000 hectáreas. Asegura, además, que el resto de la producción se destinará al desarrollo de productos y para exportar planta a Ecuador y Argentina. El presidente ha afirmado en alguna ocasión que estudiaba junto a Cuba utilizar la hoja para producir medicamentos, pero por el momento no hay iniciativas públicas en ese aspecto. Un ejemplo de producto derivado de la coca son las infusiones que sirven para combatir el mal de altura o los proyectos de energéticos, analgésicos, ungüentos o harinas, que no han tenido éxito.
Por su parte, Morales no tardó en responder a las críticas de EEUU y acusarle precisamente de lo mismo. "El único fracaso demostrable es el de los EEUU: Bolivia y Venezuela son estados soberanos y no sumisos al imperio", escribió Morales en su cuenta en Twitter. Según el mandatario, "la Bolivia colonial bajo dominio imperial" tenía 37.000 hectáreas de hojas de coca, mientras que el "Estado Plurinacional" registra 20.000 hectáreas.
Un argumento recurrente de Morales es que EEUU utiliza la lucha contra el narcotráfico con fines geopolíticos y ha asegurado en varias ocasiones que los planes antidrogras en su país funcionan mejor desde que decidió expulsar en 2008 a la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por su sigla en inglés).
Según el Gobierno boliviano, su fuerza antinarcóticos decomisó 2,3 toneladas de cocaína y 105,8 toneladas de marihuana en operaciones realizadas entre enero y febrero de este año. En estas intervenciones, las autoridades detuvieron a 466 personas y se confiscaron dos avionetas. En 2016, se decomisaron 29,6 toneladas de cocaína y 118,1 toneladas de marihuana en 11.858 operaciones