Gas lacrimógeno, cañones de agua, espray pimienta y disparos. Los cuerpos de seguridad venezolanos han reprimido este martes la marcha hacia el Parlamento convocada por los opositores al régimen del presidente, Nicolás Maduro, en apoyo a la destitución de los magistrados del Supremo que hace una semana trataron de que el tribunal asumiera las competencias de la cámara.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, tenía previsto iniciar este martes un proceso para remover a varios de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero han decidido suspender la sesión después de que las autoridades impidieran el paso de los diputados y centenares de partidarios hasta la sede del Legislativo.
marchas venezuela
La capital venezolana amanecía con sus accesos bloqueados, doce de las estaciones de metro cerradas y un gran despliegue policial y militar en previsión de una intensa jornada de marchas. Además de los opositores, los seguidores ‘chavistas’ también estaban llamados a las calles para mostrar su apoyo a la gestión de Maduro.
Desde primera hora de la mañana, agentes de policía comenzaron a dispersar a los manifestantes que empezaban a llegar a la Plaza Venezuela, el punto de partida de la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Según medios locales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) comenzó a rociar con gas pimienta a los manifestantes para evitar que continuaran con su recorrido. Mientras, desde los edificios colindantes, simpatizantes del Gobierno lanzaban piedras, recoge Reuters.
La oposición y sus seguidores pretendían marchar desde Plaza Venezuela hasta la sede de la Asamblea Nacional, donde este martes los parlamentarios planteaban la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) después de que la semana pasada dictaran dos sentencias por las que se les despojaban de su inmunidad y otorgaba al Tribunal las competencias legislativas.
Según Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, el Gobierno ha impedido que la mayoría de los diputados llegue a la capital para participar en la sesión parlamentaria, prevista para las 14.30 hora local. “Aquí, en la avenida Libertador (este de Caracas) nos acaban de echar gas pimienta, estamos replegándonos, pero la idea es volver a insistir para pasar”, subrayó Borges, según Efe.
El dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, y la dirigente opositora Lilian Tintori, esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, también se encontraban en el lugar en que la PNB roció con gas pimienta a los manifestantes y diputados.
A través de un mensaje en Twitter, Capriles aseguró que el presidente Maduro "mandó a cerrar accesos a Caracas para impedir que la gente le exprese su rechazo".
“El mundo puede ver la vía de la dictadura que ha escogido Maduro”, ha afirmado Capriles.
"Con gas no van a ocultar a esos 3 millones de venezolanos que están buscando comida en la basura, con gas no van a poder evitar que los hospitales sigan en la grave crisis en que se encuentran", dijo el diputado opositor Carlos Paparoni, visiblemente afectado por el gas pimienta.
Algunos diputados opositores han asegurado que colectivos armados han disparado hacia los manifestantes que se desplazaban por la principal arteria de Caracas con rumbo al Parlamento, después de que la Policía los desviara de su ruta original. El diputado Tomás Guanipa, del partido Primero Justicia (PJ), y Tintori, afirmaron en Twitter que mientras caminaban por la autopista Francisco Fajardo, que conecta el este y el oeste de Caracas, fueron atacados por personas armadas.
Mientras tanto, los seguidores de Maduro se concentran en una zona cercana al lugar de donde partiría la marcha opositora. Su marcha en apoyo al Gobierno, acusando a la oposición de pretender un "golpe de Estado" para deponer a Maduro, desemboca también en la Asamblea Nacional.
Los opositores querían llegar hasta la Asamblea.
El parlamentario Miguel Pizarro criticó que las autoridades sigan "reprimiendo y persiguiendo a la gente" y señaló que él, en compañía de otros diputados, ha intentado "mediar" y "hablar" con los funcionarios, pero que no han tenido respuestas positivas por parte de la policía.
Según Pizarro, los agentes de policía afirman tener “ordenes superiores” de no dejar pasar a nadie, por lo que el parlamentario ha pedido a los manifestantes “resistencia”. “Aquí estamos los dirigentes dando el ejemplo”, afirmó desde la avenida Libertador, arteria que conecta el este con el centro de la capital.
Aunque las autoridades no han dejado pasar a los opositores hacia el centro de la ciudad donde se encuentra el Palacio Federal Legislativo, estos se han desplegado en varias direcciones y aseguran que buscarán todas las vías para llegar a su destino. “Vamos a librarnos de ellos, pero tenemos que pelear”, ha afirmado José Zapata, un electricista de 57 años que participa en la marcha opositora, según Reuters.
En otras ciudades, cientos de opositores marcharon en jornadas pacíficas. Venezuela atraviesa una grave crisis, con la inflación más alta del mundo, recesión económica y escasez de alimentos y medicinas de las que la oposición culpa a Maduro.
Destitución de los jueces del TSJ
El miércoles pasado, el Supremo venezolano emitió dos sentencias por las que asumía las funciones de la Asamblea -de mayoría opositora-, limitaba la inmunidad de los diputados y despojaba al ente legislador de sus funciones.
La cámara, en su sesión ordinaria, iniciará este martes el proceso para destituir a los magistrados del Supremo, algo que, según el presidente del Tribunal, Maikel Moreno, no pueden hacer. La Asamblea carece de legitimidad, ha subrayado Moreno, dado que sigue en desacato, estatus que el propio TSJ le impuso a principios de 2016 después de que incumpliera varias sentencias. El proceso, además, no avanzaría ya que depende de otros poderes públicos que están alineados con el Gobierno.
En la misma línea, el diputado oficialista venezolano Diosdado Cabello ha asegurado que el Parlamento puede destituir a los magistrados del Supremo porque se encuentra en una "situación de ilegalidad".
"No hay ninguna calificación del Poder Moral (presidido por el defensor del pueblo), que es a quien todas luces le corresponde calificar la conducta de los magistrados (...) y además" para una decisión "de ese tipo ellos deben tener una mayoría calificada", pero a eso hay que sumarle "que hay una directiva en desacato", dijo Cabello desde la marcha oficialista.
Dos días después de la polémica decisión, considerada por la oposición y por la comunidad internacional como un golpe de Estado, fue la fiscal ‘chavista’ Luisa Ortega la que, rompiendo con la línea del régimen chavista, salió a decir que las sentencias suponían una “ruptura del orden constitucional”. Sus palabras hicieron que, horas más tarde, el propio Maduro pidiera al TSJ que revisara las sentencias. A través de una nota aclaratoria, el Tribunal dio marcha atrás y suprimió lo relativo a la retirada de la inmunidad parlamentaria de los diputados y a la asunción de los poderes del Parlamento.
Presión internacional
El presidente Maduro sigue acusando a Estados Unidos y otros ‘enemigos’ de atacar su gestión y de culparle de querer dar un golpe de Estado. En particular, Maduro está furioso con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que lidera la condena regional a la inestabilidad política que arrastra al país desde hace más de un año. Desde la OEA, Almagro lleva semanas presionando para que la organización tome medidas respecto a Venezuela, acusando al Gobierno de ser una dictadura e instándole a celebrar elecciones.
La OEA, reunida este lunes en Washington para evaluar la situación en Venezuela, instó al Gobierno de Maduro a garantizar la separación e independencia de poderes y a restaurar “la plena autoridad” de la Asamblea Nacional. El organismo internacional afirmó estar dispuesto a apoyar las medidas permitan el “retorno del orden democrático” e indicó que iniciará “gestiones diplomáticas adicionales” para lograr la normalización.