La crisis en Venezuela crispa la relación en las instituciones americanas

La escalada de la tensión en Venezuela en el último mes está estrangulando aún más sus relaciones con los países vecinos. Desde que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano tratara el pasado mes de marzo de despojar de sus poderes al Parlamento, dejando sin fuero a los diputados, no han cesado los enfrentamientos entre chavistas y opositores en defensa de lo que cada uno considera la libertad y democracia en el país latinoamericano. El resultado, hasta la fecha, es casi una treintena de muertos, centenares de heridos y más de 1.300 detenidos en las manifestaciones -afines y contrarias al Gobierno- organizadas en todo el país.

En este escenario, Venezuela advirtió que podría abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), si el organismo regional convocaba una reunión para abordar la crisis económica, política y social que atraviesa el país pese a su clara oposición. Y así fue.

La Asamblea de la OEA decidió en su sesión de este miércoles en Washington, con 19 países a favor, 10 en contra, 4 abstenciones y una ausencia, convocar dicha reunión. En respuesta, la canciller venezolana Delcy Rodríguez anunció que su Gobierno activará el procedimiento para abandonar la OEA.

"El día de mañana [por este jueves], tal como ha indicado el presidente, Nicolás Maduro, presentaremos la carta de denuncia a la Organización de Estados Americanos e iniciaremos un procedimiento que tarda 24 meses", dijo la canciller. Según el Gobierno venezolano, la postura que ha adoptado la OEA respecto a lo que ocurre en su país es una "violación de la legalidad".

“No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad y a la institucionalizad ni arbitrariedad que sobrepasan cualquier muro de la moral, la ética y el comportamiento lícito que deben mantener las naciones en esta organización”, había advertido el día anterior Rodríguez.

Hasta el momento, ningún Estado ha solicitado la salida de la OEA. El procedimiento comienza con una comunicación escrita por parte del Gobierno del país en cuestión para anunciar su decisión de denunciar la Carta fundacional del organismo, aprobada en 1948. Cuba es el único país que ha sido excluido (en 1962) y aunque la decisión quedó sin vigencia en 2009, el país no se ha reincorporado.

Enfrentamiento en la OEA

La ministra venezolana acusa a varios de sus pares latinoamericanos en la OEA de “sesgo político e ideológico” en contra de Venezuela, señalando directamente al secretario general del organismo, Luis Almagro.

El enfrentamiento entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la OEA ha ido escalando en las últimas semanas, sobre todo desde que Almagro comenzara a pedir suspensión de la membresía del país y denunciara la existencia de una "dictadura". Según el Gobierno de Maduro, la OEA no es más que un peón para Estados Unidos y con frecuencia ha acusado a Almagro de trabajar al servicio de sus adversarios en Washington. Para lograr su suspensión, dos tercios de los 34 países (excluido Venezuela) debían votar a favor en la Asamblea General del organismo y, hasta el momento, la iniciativa no contaba con respaldo suficiente. 

Una vez que Venezuela solicite su salida, “el proceso no es inmediato, tardaría hasta dos años. Sería algo más simbólico que práctico”, explica a EL ESPAÑOL Nicholas Watson, analista de Teneo Intelligence. Si el país sale de la OEA, “sellaría su creciente aislamiento en la región y sería una lesión autoinflingida. Está el caso de Cuba, que no es miembro de pleno derecho desde hace años, pero considero que el daño para Venezuela sería más serio”, agrega.

Según la Carta de la OEA, desde que se notifica la denuncia a la Secretaría General de la OEA, han de transcurrir dos años para que "la Carta cese en sus efectos respecto al Estado denunciante". Pasado ese tiempo, Venezuela quedaría desligado de la OEA, siempre que haya cumplido las obligaciones que emanan del texto fundacional, ya que durante esos 24 meses seguirá siendo miembro de pleno derecho.

Entre esas obligaciones está pagar la deuda pendiente de su cuota como miembro, que hasta diciembre de 2016 ascendía a más de 8,7 millones dólares, mientras que este año aún no ha pagado el 1,8 millones de dólares que le corresponden en función de criterios socio-económicos.

“Retirarse de esta manera, ante la presión de sus vecinos, es algo bastante miope y señal de que el Gobierno no está dispuesto a ceder ni a tolerar las demandas de la oposición ni a gobernar bajo estándares internacionales”, considera Watson.

Maduro acude a la CELAC

La necesidad de ganar tiempo y de tratar de equilibrar el apoyo a su favor ha llevado a Maduro a pedir a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) la celebración de una reunión extraordinaria. El objetivo de esta cita, que tendrá lugar el próximo 2 de mayo en San Salvador (El Salvador) será “tratar las amenazas contra el orden democrático constitucional” en Venezuela y otras “acciones intervencionistas contra su independencia, soberanía y autodeterminación”, como indicó la Cancillería del país al presentar la solicitud.

"Maduro trata de crear una especie de contrapeso a la OEA, pensando que el foro de la CELAC puede mostrarse más solidario hacia su posición".

“El Gobierno venezolano ha solicitado esta reunión porque este bloque es una creación venezolana, principalmente, y no incluye ni a Canadá ni a Estados Unidos, y piensa que puede contar con un foro más solidario o predispuesto hacia su posición”, apunta Watson. “A mi parecer, el objetivo de Maduro es tratar de crear una especie de contrapeso a la OEA y así tratar de bajar la presión diplomática en la región, con la meta superior de ganar tiempo. Dividir tanto en la región como dentro del país”.

La CELAC nace en 2010 como sustituta del Grupo de Río, un mecanismo de consulta por el cual los jefes de Estado y Gobierno de los países adheridos se reunían anualmente para fortalecer los lazos políticos de sus gobiernos. Se constituyó un año más tarde, en una reunión celebrada en Caracas con Hugo Chavez como anfitrión, con el objetivo de ser el único interlocutor que pueda promover y proyectar la voz de la región y trabajar por una mayor integración. Se compone de 33 países, dejando fuera a Estados Unidos y Canadá.

La división de posturas frente al régimen de Maduro es similar en la CELAC respecto a la OEA. “El bloque pro Venezuela lo forman Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Haití, El Salvador, además del del apoyo de Dominica y República Dominicana y algunos pequeños países caribeños como Antigua”, indica el experto. Sin embargo, las grandes potencias de la región como Brasil, Argentina, Colombia o México suelen mantener una estrategia de ecuanimidad, respetando la soberanía de los países, aunque “esta vez el ministro de Exteriores Luis Videgaray, se ha logrado articular una política más fuerte con un liderazgo regional más fuerte”.

En una entrevista concedida al diario estadounidense The Wall Street Journal en marzo, el canciller mexicano adelantó que la OEA, inmersa en negociaciones para restablecer el diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela, firmaría un documento para exigir democracia en el país, asegurando que había llegado “el momento de actuar”. Ni México ni el resto de la comunidad americana podían “seguir siendo indiferentes” ante la “violación sistemática a los principios de la democracia”, aseveró entonces el ministro mexicano.

Las declaraciones de Videgaray tensaron abiertamente la relación con el Gobierno venezolano, que las definió como “insólitas y serviles”. “Videgaray agrede a Venezuela para congraciarse con sus dueños imperiales. Cree que así el pueblo mexicano olvidará su traición”, respondió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

Guerra de desgaste en suelo venezolano

Mientras Maduro trata de ganar tiempo en los foros internacionales, dentro de su país continúa una "guerra de desgaste" contra la oposición, que se muestra dispuesta a seguir su lucha en la calle hasta que el Gobierno ceda en sus demandas. Los opositores al régimen chavista buscan la celebración de elecciones, la liberación de los presos políticos, el reconocimiento de la autoridad de la Asamblea Nacional -declarada en desacato hace más de un año, por lo que no reconoce valor legal a sus resoluciones-, y que se permita la entrada de ayuda humanitaria para paliar la grave carestía de productos básicos que enfrenta la sociedad.

“Es una guerra de desgaste, el Gobierno quiere mermar la oposición con actos de violencia perpetrados por la Guardia Nacional Bolivariana y, principalmente por colectivos [bandas armadas alineadas con el Gobierno], no con actos muy grandes de violencia, sino actos aislados cuya meta es mermar la unidad de la oposición y cansar a la gente”, argumenta Watson.

Un manifestante opositor en una de las marchas en Caracas. Reuters

Mientras Maduro trata de romper al bloque opositor, la división en el seno del chavismo ha vuelto a quedar patente en los últimos días. La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha exigido este miércoles que se respeten las garantías legales que protegen a los ciudadanos, esta vez en lo que se refiere a las detenciones, especialmente durante las protestas. La fiscal ha subrayado que el proceso de detención “es de los pocos derechos que no se pueden suspender”, sino que “se debe garantizar incluso en estados de excepción”, como el que rige en Venezuela desde hace meses por dictamen del presidente Maduro.

Ortega, aliada chavista, ya pidió ante las marchas del pasado 19 de abril que las fuerzas de seguridad del Estado que garantizaran el derecho de manifestación de los ciudadanos. Aunque sus palabras fueran ignoradas, “destacan el frágil apoyo que tiene Maduro”, afirma el analista de Teneo Intelligence. “Es probable que la violenta represión de las manifestaciones lleve al chavismo a un punto de inflexión. El riesgo para la oposición es que pierda las ganas de manifestarse si el nivel de violencia baja”, considera.

La primera vez que Ortega salió a defender la constitucionalidad contraviniendo la línea del régimen fue en marzo, afirmando que las sentencias del TSJ suponían “la ruptura del orden constitucional” e hizo un llamamiento para “tomar caminos democráticos”. Tras sus palabras, Maduro pidió al TSJ que revisara las sentencias y el tribunal devolvió las competencias al Parlamento.

Para el analista de Teneo Intelligence, no está clara la supervivencia del Gobierno de Maduro a esta nueva oleada de manifestaciones y violencia. “En 2014, mi posición siempre era que el Gobierno sobreviviría y así lo hizo. Esta vez estoy mucho menos seguro, la situación es más complicada en términos económicos, sociales y de escasez. Es casi imposible pronosticar la duración, aunque mi horizonte es más bien de semanas”. La oposición y el chavismo han convocado nuevas marchas para los próximos días en todo el país.