El pleno del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió hoy la solicitud del chavismo de hace menos de una semana para decidir si hay base para llevar a juicio a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, tras un conjunto de acciones que emprendió contra la alta corte.
El antejuicio de mérito de la fiscal, solicitado por el diputado chavista Pedro Carreño y admitido por el Supremo, podría implicar el cese temporal en sus funciones de Ortega Díaz.
En un comunicado, la Sala Plena del TSJ explicó que esta decisión fue tomada de conformidad con el artículo 279 de la Constitución de Venezuela, que establece que los "integrantes del Poder Ciudadano serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional (AN), previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia".
El pasado viernes el parlamentario Pedro Carreño solicitó procesar a Ortega al considerar que ha incurrido en las faltas de "atentar, lesionar o amenazar la ética pública y la moral administrativa".
También la acusó de "actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución" y "violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución".
La solicitud pidió, además, medidas cautelares de prohibición de salida del país para la fiscal y la congelación de sus bienes, las cuales "se encuentran en estudio", informó el Supremo en su comunicado.
Diferencias con el Gobierno
El chavismo emprendió esta medida después de que la fiscal solicitara la impugnación de la elección de 33 magistrados del TSJ por supuestos vicios en el proceso de elección cometidos por el Consejo Moral Republicano, del que ella forma parte, y en coordinación con la Cámara, en ese momento en manos de oficialistas.
Las diferencias entre el Gobierno y la fiscal surgieron después de que ella calificara a finales de marzo como una "ruptura del orden constitucional" la decisión del Supremo de arrogarse las funciones del Parlamento.
En los últimos dos meses Ortega Díaz, además, ha emprendido varias acciones en contra de la convocatoria de elección de una Asamblea Nacional Constituyente y ha condenado la actuación de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales que empezaron hace 81 días.
Por su parte Ortega, advirtió que llegará "hasta donde se lo permita la ley" ante la posibilidad de ser enjuiciada por el Supremo, y alertó de que podría estar cerrándose "la última puerta de la democracia" que es el Ministerio Público.