La puesta en escena no es nueva para los venezolanos. Se ve a un hombre de uniforme que habla ante la cámara y se atribuye la responsabilidad de un alzamiento en contra de un Gobierno impopular. En febrero de 1992 el protagonista de aquella inesperada aparición televisada fue Hugo Chávez, un teniente coronel del Ejército que comandó el fallido golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. En siete años el militar desconocido se convirtió en presidente del país caribeño, en padre de la “revolución bolivariana”, un movimiento que hoy luce ahogado por una crisis económica, social y política sin precedentes.
El lunes Óscar Pérez, un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, utilizó la misma fórmula y se presentó ante los venezolanos como 25 años atrás lo hizo Chávez. Valiéndose de la tecnología del momento, Pérez publicó en Instagram un manifiesto en el que llamaba al pueblo a rebelarse en contra de Nicolás Maduro. Luego pilotó un helicóptero policial que sobrevoló Caracas con una pancarta en la que se leía “350 libertad”, en referencia al artículo de la Constitución venezolana que obliga a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
El Gobierno venezolano asegura que Pérez, un agente táctico que en las redes sociales se muestra como paracaidista, buzo, actor y entrenador canino, es un terrorista que el pasado martes robó un helicóptero que despegó desde la base militar La Carlota, ubicada al este de la capital venezolana, y se dirigió hacia la sede del Ministerio del Interior, en pleno centro y a pocas calles del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, donde efectuó unos disparos. Después comandó la aeronave hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia donde también disparó y lanzó granadas. No se reportaron heridos o fallecidos. Un día después la aeronave no había aparecido y nadie sabe del paradero del policía. En Venezuela se preguntan ¿dónde está el piloto?
El terrorismo y la narrativa oficial
En algunas imágenes captadas por aficionados se ve a Pérez en compañía de otros individuos encapuchados y con armas largas a bordo del Airbus 105, siglas Cicpc 02, color azul. El ministro de Información, Ernesto Villegas, ha dicho que el sublevado era piloto de Miguel Rodríguez Torres, un mayor general del Ejército retirado que fue jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) durante los años de Chávez en el poder y que ahora se ha enfrentado al Gobierno de Maduro, evidenciando las profundas fracturas a lo interno del chavismo.
Como parte del enfrentamiento entre los grupos de poder, Rodríguez Torres denunció esta semana los supuestos vínculos del Gobierno con el narcotraficante Walid Makled, detenido durante su gestión frente al Sebin, y amenazó con mostrar vídeos que probaban dicha relación con algunos altos burócratas actualmente en funciones. También negó ser un agente de la CIA (siglas en inglés de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana) como han divulgado insistentemente los medios del Estado venezolano desde hace unos días y en su perfil de Twitter desmintió la versión sobre su relación con Óscar Pérez. Extraoficialmente ha trascendido que los organismos de seguridad tienen la orden de detener a Rodríguez Torres.
El ataque del helicóptero al TSJ ha servido para que los voceros del Gobierno insistan en la tesis de que existe una amenaza terrorista en contra de Venezuela. El canciller Samuel Moncada ha reclamado que los medios de comunicación y los “grandes países” de la región no hayan condenado con contundencia el suceso. “Están protegiendo a los autores del hecho”, enfatizó el funcionario.
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo, también ha dicho que la institución, los magistrados y demás jueces del país “se encuentran bajo amenaza terrorista”. Y el presidente Maduro ha exigido a la oposición, congregada en el a Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que repudie con contundencia el ataque.
Una “excusa” más para reprimir
Desde el 1 de abril la oposición venezolana ha protestado en las calles en contra del Gobierno de Nicolás Maduro que como respuesta ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente que, según la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, es inconstitucional.
La crisis política ha mostrado fisuras dentro del Ejecutivo y también el rostro más represor del Estado. El Ministerio Público estima que 75 personas han muerto durante las manifestaciones y los fiscales aseguran que al menos un tercio de las víctimas son responsabilidad directa de efectivos de la Policía Nacional Bolivariana o de la Guardia Nacional.
Para un sector de la oposición el incidente del helicóptero es una maniobra de distracción del Gobierno, que sirve para perseguir a incómodos como Rodríguez Torres y como justificación para abrir las puertas hacia una etapa de mayor represión estatal con la excusa de un golpe de Estado. Utilizan como ejemplo ilustrativo el golpe de Estado que en Turquía se dio contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, que derivaría en una mayor represión y restricción a las libertades. El canciller Moncada ha salido al paso preguntándose quién en el mundo podría creer que desde el Gobierno se podría generar un ataque así.
Pero muchos no entienden cómo el helicóptero salió de una base militar con tanta facilidad, cuando en Venezuela se necesita permiso hasta para volar un dron. Tampoco comprenden que no haya noticias respecto a su paradero. “Parece una película”, dijo al respecto Julio Borges, presidente del Parlamento. “Algunos dicen que es un montaje, otros que fue real… Hubo muchas contradicciones. Miles de cosas están pasando”.
Lo cierto es que mientras Óscar Pérez disparaba sobre el TSJ, la sede del Parlamento venezolano –de mayoría opositora- era atacada por simpatizantes de Maduro que intentaban ingresar en las instalaciones y lanzaron explosivos caseros ante la actitud pasiva de los militares responsables de la custodia del Palacio Legislativo.
Pero los ataques no fueron sólo de los civiles. El coronel Bladimir Lugo, responsable de la seguridad de los diputados, agredió al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, que le reclamaba por la actitud violenta de algunos guardias nacionales en contra de unas diputadas.
A un par de kilómetros del lugar, la Sala Constitucional del Supremo daba otro golpe en contra de la fiscal general Ortega Díaz, al revocar la designación del vicefiscal y dar atribuciones que hasta el momento eran exclusivas del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. La fiscal, que enarbola la bandera del “chavismo crítico”, aseguró que desconocía las decisiones emanadas del Tribunal Supremo de Justicia por ser inconstitucionales y se declara en rebelión: “Defenderé la Constitución hasta con mi vida”.