La alternancia política en México dispara la narcoviolencia

El año 2016 fue un periodo electoral importante en México. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió cuatro estados donde gobernaba desde hacía más de 80 años: Durango, Quintana Roo, Veracruz y Tamaulipas. También perdió en Chihuahua y Aguascalientes, pero recuperó Sinaloa y Oaxaca. En todos estos territorios los nuevos gobernadores han tenido un estreno caliente. En sus primeros tres meses de gobierno, todos menos dos vieron subir los homicidios. Sólo en otros tres estados las extorsiones y los secuestros no aumentaron. La alternancia política en México es combustible para el crimen organizado y se usó como argumento en las elecciones del pasado 4 de junio para tratar de conservar el poder.

Javier Oliva, experto en seguridad y profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, razona que el hecho de que los cambios políticos se correlacionen con un repunte en la actividad criminal tiene dos explicaciones. “No hay un programa ni una política en materia de seguridad pública estatal que tenga continuidad, lo que demuestra que no hay una visión que trascienda las administraciones”, dice. “A nivel local los grupos del crimen organizado tienen componendas con los equipos gobernantes y, cuando estos son removidos, deja de haber algunos compromisos y soluciones”. Básicamente, los grupos tratan de ampliar su radio de acción en el río revuelto y tomar la medida a los nuevos gobernantes.

Por poner algunos ejemplos, según los datos de la Secretaría de Seguridad y una comparativa realizada por EL ESPAÑOL, en el primer trimestre que el panista Miguel Ángel Yunes se hizo cargo del Gobierno de Veracruz en lugar del detenido priista Javier Duarte, las investigaciones por homicidios pasaron de 301 a 551, las extorsiones de 32 a 124 y los secuestros de 26 a 32. La tónica es similar en el resto. Los asesinatos en Tamaulipas pasan de 278 a 427. En Oaxaca, de 359 a 394 . Pero incluso los estados como Durango y Quintana Roo, que mantienen unos niveles similares en muertes violentas a los del periodo anterior, las extorsiones o los secuestros se multiplican.

De hecho, en Quintana Roo, pese a esta bajada, la ciudad de Cancún sufre una guerra de bandas, de acuerdo con varios analistas, para lograr hacerse con el control de un gran mercado de venta de drogas y la ruta de las mismas. “Todo parece indicar que todo este recrudecimiento es un reacomodo de esta guerra por los cambios de los acuerdos no escritos y clandestinos y decidir con quién [las autoridades políticas] van a ser condescendientes en el narcomenudeo”, dijo en enero Carlos Arriaga, investigador de la sección de ciencias políticas de la universidad Autónoma de Quintana Roo, a EL ESPAÑOL.

Instituciones debilitadas

“El problema en México es que la democracia no nos ha acarreado un fortalecimiento institucional, sino un debilitamiento y deterioro en las instituciones y, aunque vivimos muy buenos tiempos de estabilidad política, estamos en nuestro peor momento de seguridad y violencia criminal”, continua Oliva, “esto tiene que ver con la corrupción, con la impunidad, también con la poca contribución de los poderes judiciales y legislativos, que es peor a nivel de los Estados”.

Desde 2006, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia de México, declaró la Guerra al Narco y agitó el avispero, esta correlación entre cambio político en una Gubernatura y la violencia se ha repetido, en el marco de un aumento general de la criminalidad. En 2012, cuando el PRD gana al PAN el estado de Morelos, prometió un plan para acabar con la criminalidad. Durante el primer año, aunque lograron bajar los homicidios a las tasas, aún elevadas, de 2011, el secuestro aumentó un 38%, la extorsión un 35% y Cuernavaca, la capital del estado, se aupó en el controvertido ranking de las ciudades más violentas del mundo.

No se libran ni estados pobres ni estados ricos. En Jalisco, gubernatura que recuperó Aristóteles Sandoval para el PRI ese mismo 2012, al realizar la misma comparativa del primer trimestre en el cargo, los homicidios suben de 489 a 543 y los secuestros de 67 a 160. En las elecciones de 2015 también hay muestras. Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, primer Gobernador independiente del país, vio cómo aumentaba la criminalidad en Nuevo León, uno de los estados con industria más fuerte, nada más llegar él. De 241 denuncias por homicidio a 266 y 103 extorsiones frente a 152.

Dinastías políticas

“La política en México se ha vuelto aristocrática y esto para confrontar el crimen organizado es un problema ya que se hereda también el desconocimiento de las zonas gobernadas”, explica Pastor. Se refiere a que, debido a la prohibición de reelección en el cargo por el recuerdo del Porfiriato, se han creado dinastías políticas. Alfredo del Mazo, ganador de las recientes elecciones en el Estado de México, es hijo y nieto de gobernadores de esa misma entidad política. En Coahuila, tras el mandato de Humberto Moreira en 2005 vino el de su hermano Rubén en 2012. En Oaxaca, los Murat son padre e hijo gobernadores.

“Esto hace que los reacomodos del crimen organizado sean aún más fuertes para lograr sus espacios y zonas de confort y esta concentración de las élites es contraria a la democracia y su reciclamiento”, finaliza Pastor, “su disputa por los espacios de poder hace que los políticos no se involucren en seguridad pública, ya que no defienden proyectos, y el crimen organizado aumenta su influencia”.