La oposición acuerda un "Gobierno de unidad" para desalojar a Maduro

La oposición venezolana dice que está lista para gobernar y para ello ha anunciado un “acuerdo” entre los distintos partidos políticos que conforman la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para avanzar hacia una transición, una vez el presidente Nicolás Maduro esté fuera del poder.

El vocero elegido para dar el anuncio fue Henry Ramos Allup, el más veterano diputado del Parlamento, quien ha dicho que Maduro “no ha logrado nada” con “el mecanismo de reprimir, encarcelar y someter a civiles”.

Ramos da como un hecho que la racha de 18 años del chavismo en la Presidencia terminará con el Gobierno de Nicolás Maduro y que el cambio se dará por la vía electoral, porque cada vez “es menor el respaldo popular”.

“Hemos dicho de manera reiterada y permanente a pesar de los acosos que vamos a llegar de forma democrática al poder. El Gobierno podrá inventar lo que quiera, pero no podrá evitar la realización de las elecciones”, aseguró Ramos quien, sin embargo, también espera que en los próximos días se agudice la represión gubernamental en contra de la disidencia.

Según la vigente Constitución, el período presidencial de Maduro termina a principios de 2019, por lo que deberían hacerse elecciones en diciembre del año que viene, pero en Venezuela ni siquiera se han realizado los comicios regionales, estipulados para finales del año pasado.

Cuando Ramos Allup fue consultado al respecto, no descartó la realización de elecciones anticipadas, sin ahondar en detalles.

El plan de gobierno de la MUD

El “compromiso unitario para la gobernabilidad” es presentado justo cuando faltan diez días para las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro y unos días después de la consulta popular que rechazó mayoritariamente la imposición de esa Constituyente.

La ANC se encargará de redactar una nueva Carta Magna, pero sin la participación de la oposición, que ha catalogado la convocatoria y las bases comiciales como “inconstitucionales”.

La tensión en Venezuela está en niveles altos, ya que el sector más radical de la disidencia ha decidido bloquear las calles de las principales ciudades ante la negativa gubernamental de detener la Constituyente. Para este jueves 20 se ha convocado a un “paro cívico nacional” que durará 24 horas y al día siguiente el Parlamento, de mayoría opositora, designará a 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente oficialista.

En este complicado contexto, la Mesa de la Unidad ha anunciado que su prioridad es la “justicia social” y se ha comprometido a crear un “Plan de Atención Inmediata a la Crisis Humanitaria”, a atacar la violencia y a sanear los cuerpos policiales, muy criticados por la represión contra los manifestantes durante los últimos meses.

También ha abierto las puertas para la participación de otros factores de la sociedad, incluido al denominado “chavismo democrático”, un sector de izquierdas que se opone frontalmente a la gestión de Nicolás Maduro, pero que no comulga ideológicamente con la MUD.

Entre otros puntos, la coalición ha propuesto además:

- Que el próximo Gobierno será “amplio, pluralista e incluyente”.

- El candidato presidencial opositor será escogido a través elecciones primarias nacionales.

- Si el candidato de la MUD es el próximo presidente, renunciará a su derecho a la reelección inmediata.

- El “Gobierno de unidad y reconstrucción” será de naturaleza civil.

- Habrá una reestructuración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

- Se compromete a trabajar con todas las instancias y niveles de gobierno, independientemente del partido o ideología que profesen.

Un país y dos Estados

Si bien los voceros de la MUD no han dicho cuándo esperan que se instale el nuevo “Gobierno de unidad”, ni cómo harán para que Maduro ceda ante las aspiraciones de cambio, todo apunta a que en las próximas semanas puede surgir una especie de Estado paralelo.

A partir del 30 de julio, fecha prevista para la elecciones de los constituyentes, existirían dos parlamentos (la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional Constituyente), dos tribunales supremos de justicia (el de inclinación oficialista que actualmente está en ejercicio y el que se designará el viernes), un Consejo Nacional Electoral oficialista y otro opositor, y dos fiscales generales, ya que el Supremo está en proceso de destituir a Luisa Ortega Díaz, quien se ha declarado en rebeldía ante el Poder Judicial, al que ha acusado de “romper el hilo constitucional”.

A mediano plazo, Venezuela incluso podría contar con dos constituciones, en una evidente muestra de la anarquía institucional por la que pasa el país suramericano.