La Plaza de la Constitución de Guatemala volvió a sentir este domingo la efervescencia masiva del pueblo guatemalteco, en el segundo aniversario del paro nacional de 2015, con las protestas de miles de manifestantes en contra de que el presidente Jimmy Morales declarara persona non grata al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Iván Velásquez.

Ello provocó que desde las 9.30 hora local (15.30 GMT) decenas de manifestantes se situaran frente a la fachada de la Corte de Constitucionalidad (CC) para pedirle al máximo tribunal que no permitiera la expulsión del jurista colombiano.

Mientras los cinco magistrados se encontraban reunidos, la Fundación Contra el Terrorismo (derecha radical) se presentó en el edificio con otro recurso de amparo a favor de la decisión presidencial y, de forma simultánea, el Centro de Acción Legal Ambiental y Social interponía una nueva acción, pero esta en contra de lo decretado por Morales.

Por su parte el Constitucional, mediante una decisión dividida por tres votos a dos, resolvió estimar el amparo interpuesto el día anterior por dos abogados -de las organizaciones JusticiaYa y del Instituto de Ciencias Comparadas Penales- "ante la amenaza" de que el presidente pidiera la salida de Guatemala de Velásquez.

Los congregados en la calle frente al edificio de la más alta magistratura celebraron la decisión judicial y se dirigieron a la plaza central a continuar el reclamo al presidente Morales, en medio de la fiesta ciudadana.

Mientras el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura (dependencia gubernamental) se nutría primero de cientos y más tarde de miles de manifestantes, el Ejecutivo enviaba su segundo anuncio del día, en el que refrendaba lo dicho de madrugada y ratificaba la solicitud de expulsión del país del titular de la Cicig.

Cuando concluyó su alocución, que fue transmitida con altavoces en la plaza ocupada por los manifestantes, crecieron las rechiflas y las descalificaciones al ganador de la elección presidencial en 2015.

Los carteles y mensajes -a veces caricaturas- del presidente Morales se mezclaban con las banderas guatemaltecas en una reedición de las manifestaciones de 2015 contra el entonces presidente Otto Pérez Molina, quien dimitió del cargo en septiembre de ese año y afronta varios casos de corrupción.

Los dichos variaban entre: "Iván se queda, Jimmy se larga", al "yo no tengo presidente" y "Jimmy vos te vas", así como "el gobierno no puede combatir la corrupción porque es la corrupción", "payaso, afuera, la cárcel te espera", hasta el apoyo a "Thelma la justiciera e Iván el temible".

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, en la exclusiva zona 14, a las afueras de la sede de la Cicig, había grupos que defendían al colombiano Iván Velásquez y se confrontaban verbalmente con otros que pedían su salida.

"Que se hagan valer los derechos de los guatemaltecos y que no se acuse a nadie que no sea juzgado. Que respeten la Constitución", gritaba una mujer mientras ondeaba una bandera, y añadía que su objetivo era defender los intereses de Guatemala.

"Queremos que la Cicig continúe ayudando pero no haciendo lo que se le de la gana. No pueden estar por encima del presidente", añadía otro manifestante, que se declaró defensor de una Guatemala "libre, soberana e independiente".

El llamado Grupo de los Cuatro (G4), compuesto por la Universidad de San Carlos, el Procurador de los Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica coincidió en el apoyo a la institucionalidad del país y el fortalecimiento a la Cicig, pero no logró consenso para demostrar apoyo al comisionado Velásquez, debido al desacuerdo con la postura evangélica, afín al presidente.

La Corte de Constitucionalidad debe decidir ahora si ratifica ese amparo provisional, pues su mensaje inicial fue claro: dejar en suspenso la decisión del presidente Morales.

Finalmente, la ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, presentó su renuncia con carácter irrevocable junto a varios de sus viceministros; así como el comisionado presidencial de la Competitividad y del Instituto de Fomento Municipal, Enrique Godoy, y la vicecanciller Ana María Diéguez.

Antes, el presidente había destituido al canciller Carlos Raúl Morales, y a uno de sus vicecancilleres, que habían sido instruidos para acatar sus órdenes.

El incompleto gabinete de Gobierno continúa su evaluación de la crisis, a puerta cerrada, dentro de la Casa Presidencial, detrás del Palacio Nacional, con los gritos ensordecedores de "Iván se queda, Jimmy se va". Y con una vigilia frente al Constitucional.