Entre 1980 y 1992 El Salvador vivió una de las peores guerras civiles de Centroamérica, el conflicto dejó 80.000 muertes y miles de niños desaparecidos. En la memoria de los salvadoreños todavía se revive la triste historia de un país que aún hoy desconoce el paradero de las personas que secuestraron y separaron de sus familias.
Durante doce años los niños fueron las víctimas silenciosas del conflicto hasta convertirse en moneda de cambio. En 1994 nació Pro-Búsqueda para denunciar la pasividad gubernamental con respecto a las miles de desapariciones infantiles forzosas. El organismo acusa a abogados, funcionarios e instituciones de robar niños para facilitar adopciones irregulares.
Arcinio Suira, coordinador de CNB.
En 2014, La Corte Interamericana de derechos Huamnos dictó que existió un patrón sistemático en las desapariciones, afirmó que en ningún caso fueron hechos aislados y que respondían a una pauta ejecutada por los operativos institucionales. La desaparición forzada durante la guerra fue una práctica sistemática y tolerada por el Estado. Formaba parte de su estrategia militar para desarticular y destruir las poblaciones que se consideraban base de la guerrilla.
Los abogados cobraban por las adopciones
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado (CNB) y Pro-Búsqueda, en la década de 1980 se dieron en adopción entre 30.000 y 50.000 niños, muchos de ellos, estaban desaparecidos. A pesar de los estudios de la comisión CNB y Por-Búsqueda, la Justicia no ha procesado a ningún abogado involucrado en el proceso.
Une mujer durante el entierro de los niños.
Arcinio Suira, abogado y coordinador de CNB, afirma que muchos abogados fueron parte activa de la trama: “Lo que sí podemos decir con seguridad, desde hace años, es que está claro que algunos abogados se lucraron de la tramitación de procesos de adopción", afirma. Explica que tras los grandes operativos militares, los niños eran trasladados -muchas veces por las damas de la Cruz Roja- hacia diferentes orfanatos. Una vez allí, se les declaraba en abandono y orfandad, uno de los requisitos ley para poder dar en adopción a un pequeño.
"La legislación en aquel tiempo no era muy rigurosa, más bien, propiciaba las adopciones", acotó Suira, quien señaló que el contexto de guerra impedía a los funcionarios de los tribunales desplazarse a los lugares de origen para investigar y comprobar si de verdad eran huérfanos.
Hombres durante el entierro.
Dice Suira que los abogados, militares y empleados de los orfanatos formaban una red, “hay casos donde se puede ver que sí había miembros del Ejército que tenían incluso hermanos que eran abogados, otros con la responsabilidad de administrar una casa hogar casi clandestina y, desde ahí, se tramitaban los casos hacia el extranjero”.
Aunque la legislación era permisiva, en los procesos de adopción había irregularidades porque había expedientes que se tramitaban tan rápido que llegaban a sorprender. Explicó que algunas de las personas que fueron dadas por desaparecidas durante el conflicto, y encontradas después en el extranjero, recordaban que sus familias adoptivas comentaban que los abogados exigían grandes sumas de dinero como honorarios.