El acoso sexual salta de 'House of Cards' a la política real de EEUU

El escándalo iniciado en Hollywood por las denuncias de acoso sexual contra el productor y magnate Harvey Weinstein ha desbordado ya a la industria del cine y se ha convertido en una avalancha que se ha llevado por delante la superproducción del gigante televisivo Netflix House of Cards -a cuenta de las acusaciones contra Kevin Spacey- y que golpea ya con fuerza a instituciones estadounidenses como el Congreso, los gobiernos estatales o la radio pública de este país.

Ante el terremoto mediático que están provocando los nuevos casos que se conocen cada día, la clase política norteamericana está intentando reaccionar antes de verse arrollada por los nuevos testimonios que van surgiendo y que ponen en evidencia que durante años el establishment de la capital y de muchos estados han preferido ocultado situaciones de abusos de poder contra las mujeres.

En un intento por contener el golpe el Senado de EEUU ha aprobado una resolución por la que se obliga a dar un curso de prevención del acoso sexual a todos los empleados de la cámara, incluidos los senadores.

La senadora demócrata Amy Klobuchar, una de las impulsoras de este nuevo reglamento, asegura que la medida nace con el apoyo de ambos partidos, aunque reconoce que se han dado quejas entre los más veteranos. “Ellos alegan que llevan aquí mucho tiempo y nunca han hecho nada malo, y lo que les respondo que estoy segura de que eso es cierto, pero que simplemente pensamos que todos los miembros del Senado deben formarse”.

Al otro extremo del Capitolio, en la Cámara de Representantes, están siguiendo de cerca estos pasos y pronto adoptarán una resolución parecida. Su presidente y líder de la mayoría republicana, Paul Ryan, ya ha ordenado una revisión de las políticas actuales de formación contra el acoso sexual, que podría dar frutos el próximo 14 de noviembre en una medida similar a la del Senado.

Hasta ahora todos los empleados del Congreso de EEUU podían tener acceso a estos cursos, aunque de forma voluntaria. Ahora serán obligatorios, como los que se imparten sobre ética y ciberseguridad.

Pocos esperan que haya resistencia a estas nuevas reglas, teniendo en cuenta que la opinión pública está castigando duramente a todo el que aparece salpicado por esta oleada de denuncias. En el Congreso aún no se ha visto implicado ningún legislador en activo directamente, aunque ya asoman los primeros casos. A finales de octubre, en la Cámara de Representantes, la demócrata por California Jackie Speier revelaba su historia como parte de la campaña de denuncia pública #MeToo lanzada para concienciar en las redes sociales.

En un vídeo difundido en internet, relataba cómo hace décadas, cuando trabajaba como asistente en el Capitolio, el jefe de personal se propasó. “Estaba trabajando y me agarró la cara, me besó y me metió la lengua en la boca. Sé lo que es mantener estas cosas ocultas y despertarme cada noche y preguntarme si fui yo quien hizo algo mal”.

El relato de esta veterana legisladora ha encendido las alarmas en Washington, donde al calor de la política se ha ido formando un caldo de cultivo perfecto para el acoso. El motivo, que miles de jóvenes llegan cada año a trabajar o hacer prácticas al Capitolio, donde se encuentran de frente con poderosos políticos que pueden acabar con sus carreras de un plumazo.

Y el problema viene de largo. Esta semana tres excongresistas han afirmado -sin revelar nombres- que fueron acosadas sexualmente durante su paso por el Capitolio. Además, el asesor jefe de una representante demócrata en activo ha sido apartado de sus funciones temporalmente ante las quejas de varias miembros de su equipo.

Pero esta epidemia no se limita a Washington DC. La pasada semana el gobernador de Kentucky, Matt Bevin, reclamó públicamente la renuncia de cualquier diputado o empleado público que hubiera participado en estas conductas. Esta declaración no era casual. Días antes, el presidente de la Cámara de Representantes estatal, el republicano Jeff Hoover, renunciaba a su puesto -no a su escaño- tras hacerse público que había resuelto confidencial y extrajudicialmente una denuncia por acoso sexual de una trabajadora. La presión ha sido tal que Hoover tuvo que ser ingresado este jueves en el hospital por dolencias cardíacas.

Un ultraconservador, con jovencitas

En Alabama, donde la edad legal de consentimiento sexual es de 16 años, un candidato republicano a ocupar un escaño en el Senado estatal, Roy Moore, se enfrenta a otro escándalo. Una mujer le ha acusado de haber mantenido relaciones sexuales con ella cuando sólo tenía 14 y el político, 32. Entonces él era asistente del fiscal de distrito. Otras cuatro mujeres sostienen que también tuvo relaciones con ellas cuando tenían entre 16 y 18 años y líderes republicanos como Paul Ryan ya piden directamente la 'cabeza' de Moore y le reclaman que no sea candidato. Curiosamente, este antiguo juez es conocido por sus posturas ultraconservadoras y religiosas y por su rechazo al matrimonio gay. 

Roy Moore tacha de falsas las acusaciones.

El mapa del acoso sigue creciendo y afecta incluso hasta el expresidente George Bush padre. Hasta seis mujeres han dado un paso al frente para denunciar su conducta inapropiada y posible acoso.  En Florida, seis mujeres han acusado senador estatal republicano Jack Latvala de tocamientos inapropiados. Y en Illinois, el senador demócrata Ira Silverstein está siendo investigado por las denuncias de acoso por parte de una colaboradora.

Pese a que esta larga lista revela que estamos ante un mal generalizado, algunos ven algo positivo en estos testimonios. La actitud a la hora de airear estas conductas ha cambiado radicalmente en las últimas semanas, al comprobar las víctimas que sus denuncias están surtiendo efecto y costando la carrera a políticos o altos cargos hasta ahora intocables.

Uno de los casos más llamativos ha sido el de Michael Oreskes, editor jefe de la radio pública de EEUU, la NPR, que fue despedido fulminantemente el pasado mes ante la revelación de supuestos abusos contra sus empleadas. Ahora la emisora se vuelca en dar cobertura a la oleada de casos.

Trump, como si nada 

De hecho, los medios de comunicación se han convertido en la vía de escape de muchas víctimas que no confiaban en los canales habituales para resolver estos casos o que guardaban silencio por vergüenza. No obstante, algunos advierten de que esto puede dar lugar a juicios paralelos o las conocidas en España como penas de telediario.

Jennifer Lawless, directora del Instituto de Mujeres y Política de la American University, no comparte que se pretenda castigar con la “vergüenza pública” a los presuntos acosadores, y reclama que hay que aprovechar este momento. “Creo que son mujeres contando al fin casos de hombres que se comportaron de manera inapropiada e ilegal con ellas”, defiende en una intervención en la radio pública.

Pese a todo, recuerda que el camino para erradicar este machismo institucionalizado no será sencillo. Muchos casos se sellaron en el pasado bajo acuerdos de confidencialidad, y el acoso sexual no es fácil de probar ante un tribunal, por no mencionar que estas situaciones puede costar una demanda por difamación.

En cualquier caso, la veda se ha abierto y podría acabar con más de una carrera política, al margen de la del ya 'expresidente' Frank Underwood, encarnado por Kevin Spacey en House of Cards. Y no deja de ser llamativo que mientras la Casa Blanca se tambalea en la ficción televisiva, en la vida real ni se inmute, teniendo en cuenta que hace justo un año, Donald Trump ganaba las elecciones presidenciales rodeado de acusaciones de presuntos abusos a mujeres. Y ahí sigue.