Un juez federal ha ordenado este viernes que el pasaporte del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el cual está retenido desde el 26 de enero por una decisión judicial, le sea devuelto.

Lula (2003-2010), condenado a 12 años de cárcel por corrupción, se vio obligado a entregar su pasaporte la pasada semana, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de Brasilia que alertó sobre la posibilidad de que el expresidente no volviera al país tras un viaje que tenía planeado hacer a Etiopía.

Lula iba a participar en un evento sobre el combate al hambre en el mundo convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Addis Abeba, en el marco de una Cumbre de la Unión Africana.

El juez Bruno Apolinário, del Tribunal Regional Federal da Primera Región (TRF1), derribó este viernes la decisión tomada por el magistrado de Brasilia y señaló que la confiscación del documento no tiene base de sustentación.

De acuerdo con Apolinário, "no hay cómo concluir" que Lula "pretendiese huir del país con la finalidad de frustrar la aplicación" de la ley.

Para el magistrado del TRF1, la salida de Lula del país "estaba justificada por un compromiso profesional previamente marcado", lo que, a su juicio, no causaría ningún trastorno en las acciones penales" a las que responde en la justicia.

Lula fue condenado el 24 de enero por un tribunal de segunda instancia, que ratificó y elevó su pena a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso relacionado con la trama de corrupción de Petrobras.

Los jueces fueron unánimes al concluir que quedó demostrado que Lula recibió el derecho a disfrutar de un apartamento en la playa de Guarujá como soborno de la constructora OAS por el favorecimiento en contratos con Petrobras.

Además de la condena, el exmandatario tiene otros seis procesos abiertos en la justicia, la mayoría de ellos por corrupción.

No obstante, a pesar de su cada vez más complicada situación jurídica, el Partido de los Trabajadores (PT) ratificó recientemente a Lula como su candidato a presidente para las elecciones de octubre próximo.

El futuro de esa proclamación, sin embargo, está en manos de los tribunales, pues las leyes brasileñas impiden que una persona que ha sido condenada en segunda instancia postule a un cargo electivo.

Más allá de la posibilidad de que su candidatura sea rechazada, Lula también corre el riesgo de que el tribunal de segunda instancia que ratificó su condena decida ejecutar la pena una vez agotadas las apelaciones que su defensa puede presentar ante esa misma corte.