La Corte Suprema brasileña abre las puertas de la cárcel a Lula

La primera vez que Lula da Silva pisó la cárcel tenía 35 años. Era el 19 de abril de 1980 y era un sindicalista influyente y lideraba una huelga masiva de trabajadores. Tras 17 días de resistencia de los trabajadores, los militares le detuvieron. Pasó 31 días en la cárcel.

"Los militares hicieron la tontería de arrestarme. Fue un motivo más para seguir con la huelga", contó en una declaración a la Comisión Nacional de la Verdad.  

El Partido dos Trabalhadores (PT), lanzado dos meses antes, apoyado en el sindicalismo y la lucha por los derechos de los trabajadores, habría de convertirse en una de las fuerzas opositoras de izquierda más importantes del país hasta alcanzar el Palacio del Planalto de la mano de Lula, en 2003.

Ahora, 38 años después, el mes de abril vuelve a marcar el destino de Lula, que en pocos años ha pasado de héroe de la clase obrera brasileña a decepción apabullante por su participación en el macro caso de corrupción de Petrobras -entre otros que siguen en proceso de investigación- que le ha condenado a 12 años de cárcel.

Este miércoles, el Tribunal Supremo ha denegado su pedido de habeas corpus para seguir en libertad mientras espera la resolución de todos los recursos interpuestos. Los 11 magistrados del TS han decidido, con 6 votos a favor y 5 en contra, que el expresidente deberá ingresar en prisión de manera inmediata, aunque todavía le queda el tiempo del recurso.

La magistrada Rosa Weber fue quien decantó la decisión. Desde hace días que los analistas jurídicos señalaban que la decisión sería muy equilibrada, con cinco jueces favorables a dejar al expresidente en libertad, y otros cinco apostados en encarcelarle de inmediato. La llave estaría en Rosa Weber que finalmente votó por la prisión.

Con esta decisión, Lula deberá ingresar en la cárcel quizá a finales de mes. Ya no lo hará como el héroe que plantó cara a la dictadura, sino como el mito caído, que quería conseguir un Brasil menos desigual, más justo, con una clase media con acceso a mejor educación y sanidad, y terminó enredado en la corrupción, sacando partido a los privilegios que su posición de poder le otorgaba.

La decisión queda en manos del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), ante la cual cabe aún un recurso para revisar la redacción de la sentencia, pero no el contenido. Si el TRF4 acepta esa revisión, que es lo tradicional, Lula sólo iría a la cárcel una vez analizado ese recurso, lo cual puede llevar el momento de la prisión a fines de abril.

En su cuenta oficial de Twitter, el Partido dos Trabalhadores clasificó la jornada como "un día trágico para la democracia en Brasil". "Nuestra Constitución fue rasgada por quien debería defenderla y la mayoría del Tribunal Supremo sancionó una violencia más contra el mayor líder popular del país, el expresidente Lula", escribió. "No hay justicia en esta decisión, hay una combinación de intereses políticos y económicos contra el país y su soberanía contra el procesos democrático, contra el pueblo brasileño", concluyó, "la esperanza vencerá la injusticia y la persecución".

Fractura social

La sociedad ha acusado el golpe y se ha dividido entre los incondicionales de Lula, que clama su inocencia y niega todos los cargos en esa y otras seis causas que aún afronta en los tribunales, los decepcionados que quieren justicia y los detractores que esperan con ansia su encarcelamiento.

La división ha sido más visible en los últimos días, cuando se hacía la cuenta atrás para la decisión. Este martes, organizaciones de jueces y abogados entregaron dos documentos distintos al Supremo: unos a favor de que Lula sea encarcelado de inmediato y otros en defensa del argumento de sus letrados de que una persona no puede ingresar en prisión mientras haya posibilidades de nuevas apelaciones.

El mismo día, miles de personas salieron a la calle para presionar al Tribunal Supremo para que negara el habeas corpus al expresidente brasileño. Las protestas, convocadas por el movimiento ‘Vem Pra Rua’, se han repetido en decenas de ciudades en más de 20 de los 27 estados brasileños.

Una de las más masivas ha tenido lugar en el centro de Sao Paulo, con miles de manifestantes vestidos con camisetas y banderas de Brasil, pidieron el encarcelamiento de Lula. Carteles como "Tribunal Supremo no nos decepciones" o "Lula cárcel" se mezclaban con muñecos hinchables de Lula vestido de recluso.

Manifestantes a favor del expresidente. EFE

El día en que el TS decidía su futuro, miles de brasileños salieron a la calle también para apoyarle. En Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil, simpatizantes del antiguo dirigente sindical realizaron actos en la Avenida Paulista y en otros puntos del centro, mientras que en Río de Janeiro optaron por apoyar a su líder frente a la Cámara Municipal.

También el Ejército se ha posicionado y a favor de que el expresidente ingrese en prisión de inmediato. "El ejército brasileño comparte el deseo de todos los ciudadanos de bien de repudiar la impunidad y el respeto a la Constitución, a la paz social y a la democracia", escribió el General Villas Boas en Twitter, en un tuit que recibió el apoyo de tres generales más.

Este posicionamiento, en un momento en el que el Ejército tiene una posición de mayor relevancia en la sociedad brasileña, con la intervención militar en Rio de Janeiro, provocó varias críticas.

“El comandante del ejército presiona en Twitter el Supremo a tomar una decisión”, dijo Pedro Abramovay, analista político y director para América Latina de la Open Society Foundations. “No utilice la palabra democracia en vano, General. En democracia, la opinión del comandante del ejército sobre un juicio del Supremo es irrelevante”.

Fin político

La prisión de Lula acaba definitivamente con sus aspiraciones políticas. Posicionado en el primer puesto de las encuestas desde que anunció su candidatura a las presidenciales de octubre, la prisión le deja fuera de la carrera electoral.

La decisión final sobre su inhabilitación corresponde a la Justicia Electoral de Brasil, que aún no se ha posicionado, pero según la ley Ficha Limpa, aprobada por el gobierno del propio Lula en 2010, un candidato condenado queda automáticamente inhabilitado para el ejercicio político durante ocho años. Esto significa que, aunque no se hubiese denegado su habeas corpus, Lula ya sería inelegible.

La estrategia del PT se centró en alargar su candidatura lo más posible para capitalizar un posible transferencia de votos para el que será el candidato definitivo. Con Lula en la cárcel, queda por saber quién ocupará el hueco.