Ejecuciones extrajudiciales, grupos parapoliciales y uso excesivo de la fuerza para sofocar las protestas en Nicaragua. El Gobierno de Daniel Ortega "se ha vuelto contra su propia gente en un ataque cruel, sostenido y letal", denuncia Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha presentado este martes un informe que documenta la estrategia de represión de las autoridades de Nicaragua contra los manifestantes que han salido a la calle para protestar por las reformas gubernamentales. El grito social contra la campaña de recortes, que pretende subir las contribuciones de los trabajadores a la seguridad social y rebajar las prestaciones, se ha cobrado la vida de al menos 81 personas en poco más de un mes.
Las manifestaciones, lideradas principalmente por estudiantes, han dejado también un saldo de 868 heridos y 438 detenidos, según los datos recogidos por Amnistía Internacional desde el 18 de abril hasta el 28 de mayo.
Séptima semana de protestas en Nicaragua contra el Gobierno de Daniel Ortega
Disparar a matar
El informe Disparar a matar detalla cómo funcionan los 'escuadrones de la muerte' que están sembrando el terror en las calles a instancias del aparato del Gobierno de Nicaragua, según Amnistía Internacional.
"La mayoría de las muertes son fruto de tiros certeros en la cabeza, la yugular o el pecho, disparos que van directamente a matar, ejecutados por gente profesional de esto. No son balas perdidas, son balas directas", explica la periodista nicaragüense Ileana Lacayo. Los datos corroboran su versión: 22 de las 36 víctimas mortales registradas en las primeras semanas de protestas tenían un balazo en una zona de "alta letalidad": cabeza, cuello o pecho.
Casos como el de Franco Valdivia y Orlando Pérez demostrarían que los damnificados de las protestas en Nicaragua no son sólo víctimas colaterales de los enfrentamientos con la Policía. Tras ser asesinado a tiros en la calle el pasado 19 de abril, Valdivia fue arrastrado por un grupo de "motorizados" (célula parapolicial) hasta ser abandonado en una cuneta.
Pérez, que estaba entregando agua a los manifestantes en la ciudad de Esteli, también fue tiroteado por uno de estos escuadrones de la muerte. El calvario continuó para su familia en el hospital. Las autoridades se negaron a realizar una autopsia e instaron a retirar el cadáver de la morgue cuanto antes.
Manifestante en una protesta contra Daniel Ortega
¿Francotiradores al servicio del Gobierno?
La insistencia para que retiraran el cuerpo del depósito y el hecho de que la escena de crimen fuera limpiada con cubos de agua y mangueras levantaron las sospechas de la familia, que encargó a un forense privado una autopsia. Una de las conclusiones preliminares de este informe arroja que los disparos fueron efectuados desde una "situación de altura y con una visión privilegiada", por lo que Amnistía Internacional habla directamente de posibles francotiradores al servicio del Gobierno.
La crueldad sistemática de estos grupos parapoliciales, conocidos también como "turbas sandinistas", desempeña un papel fundamental en la estrategia de represión del Gobierno de Ortega. Según denuncia la organización de derechos humanos, esta maquinaria permite a las autoridades atacar a los manifestantes, incitar a la violencia, sembrar el miedo y negar cualquier responsabilidad ocultando las muertes e impidiendo que se investiguen.
La verdad y la persecución a los que buscan difundirla es otro de los objetivos de esta campaña de violencia. Durante las primeras semanas de la crisis, las autoridades han bloqueado la transmisión de cuatro canales de televisión que cubrían las protestas. Una emisora de radio fue incendiada, al menos a una docena de periodistas les robaron, amenazaron o atacaron, y a un reportero, Ángel Gahona, lo mataron de un tiro mientras retransmitía en directo en la ciudad costera de Bluefields.