El presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregará el poder al ganador de los comicios del 1 de julio como una figura profundamente contradictoria cuyo gobierno impulsó importantes reformas, pero que termina con una imagen manchada por la corrupción y la violencia.
Desde el inicio de su gestión el 1 de diciembre de 2012, que trajo de vuelta al poder al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras una ausencia de 12 años, Peña Nieto forjó un consenso con las principales fuerzas de oposición, denominado Pacto por México, para impulsar reformas constitucionales de gran calado.
Entre ellas destaca una enmienda constitucional que abrió el sector energético a la iniciativa privada después de más de siete décadas de monopolio estatal.
Protestas sociales
Algunas reformas se convirtieron en motivo de protestas sociales, como ocurrió con la educativa, que establece un sistema de evaluación para la contratación, permanencia y promoción del personal docente y a la que se opone tenazmente un sector del magisterio reacio a ceder sus prerrogativas.
Mientras tanto, Peña Nieto cosechaba elogios de dignatarios extranjeros que visitaban México, de cuyos discursos desaparecieron las expresiones de preocupación por la violencia vinculada al combate al crimen organizado y a las violaciones a los derechos humanos que marcaron al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Pero todo comenzó a desmoronarse en 2014 a raíz de que salieran a la luz dos incidentes que revelaron lo poco que el país había cambiado.
El primero fue la muerte de 22 presuntos delincuentes el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya, central Estado de México, de los cuales ocho fueron asesinados por militares tras un choque armado, según la fiscalía mexicana.
El segundo, de mayores repercusiones, fue la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural para maestros de Ayotzinapa el 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero.
Las desapariciones desataron multitudinarias protestas, ya que los familiares rechazan la versión oficial de que los jóvenes fueron detenidos por policías locales y entregados a un grupo criminal, que según esa versión los asesinó e incineró sus restos en un vertedero de basura.
Padres y organismos internacionales han venido denunciando irregularidades en las pesquisas y exigido que se aborde la posible participación del Ejército y la Policía Federal en los hechos. Además, consideran imposible la quema de 43 cuerpos en el vertedero.
Escándalo personal
A estos acontecimientos se sumó en noviembre de ese año la publicación de un reportaje sobre una lujosa mansión de la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera. El escándalo caldeó aun más los ánimos y comenzaron a brotar los casos de corrupción.
Según el reportaje, la propiedad fue construida por una empresa que ganó varios proyectos de infraestructura en el Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador de esa entidad vecina de la capital.
La primera dama mexicana Angélica Rivera, con la selección mexicana
Lejos de calmar las aguas, el presidente las ha agitado más al aseverar en diferentes ocasiones que el problema de la corrupción en México es "una debilidad de orden cultural", lo que ha sido interpretado por muchos como una excusa para no atajar el problema en el interior de su administración.
A estos casos ha seguido un rosario de revelaciones sobre matanzas por parte de fuerzas gubernamentales y nuevos escándalos de corrupción que implican a personajes cercanos al mandatario y gobernadores de su partido, así como una imparable violencia criminal.
Violencia récord
De hecho, México cerró 2017 con 25.339 asesinatos, una cifra sin parangón en dos décadas que supone un aumento del 18,91 % respecto al año anterior y que, a decir de expertos, muestra la debilidad del modelo de seguridad y de las instituciones del Estado.
En vista de su caída de popularidad -algunos sondeos indican que solo alrededor de 20 % de los mexicanos aprueban su gestión-, el mandatario se ha atrincherado en los supuestos beneficios de sus reformas, y no hay un acto público suyo en que nos las menciones.
Además, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría -un miembro del PRI que ocupó cargos ministeriales en la década de 1990-, ha elogiado repetidamente las reformas en materias de energía, finanzas y telecomunicaciones.
Pero a pesar de los resultados macroeconómicos razonablemente favorables de su administración, entre los que destaca la creación de 3,6 millones de empleos al cierre de abril, parece probable que el legado de Peña Nieto sea identificado más con palabras como Tlatlaya y Ayotzinapa, corrupción o violencia generalizada, que con los efectos de sus reformas.