Macri promete condones gratis tras tumbar el Senado la legalización del aborto

Horas después del rechazo del proyecto de legalización del aborto por el Senado, el presidente argentino Mauricio Macri, que ha mantenido una postura equidistante sobre el asunto, anuncia que reforzará la entrega de anticonceptivos gratuitos, principalmente en el norte del país, ante el "problema del embarazo adolescente". 

El presidente argentino cree que el país necesita "más diálogo y educación" y que discusiones como las del aborto "van a continuar". Por los disturbios y la movilización social tras la votación, el mandatario pidió a los ciudadanos "no enojarse" ante una opinión distinta y "tratar de convivir de la manera más pacífica posible".

Aunque otro proyecto para legalizar el aborto no podrá ser introducido en el Senado hasta el próximo año, el Gobierno evalúa impulsar una reforma del Código Penal para evitar condenar a las mujeres que interrumpan sus embarazos, informa el diario Clarín. Dicha reforma tendría que pasar por el Congreso para ver la luz. 

Una mujer protestando contra el rechazo del Senado al proyecto de ley. Reuters

Con el rechazo de la iniciativa para legalizar el aborto por parte de 38 de los 72 senadores este jueves, Argentina seguirá con una legislación en materia de aborto muy restrictiva, marcada por el Código Penal de 1921 y que teóricamente contempla cuatro supuestos de interrupción voluntaria del embarazo.

En un entorno social en el que el aborto figura como principal causa de mortalidad materna en más de la mitad de las 23 provincias argentinas (en la práctica estados federados a los que hay que sumar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), hoy en día es de muy difícil aplicación lo previsto en el Código Penal, debido a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios y a las trabas del sistema.

La Corte Suprema de la Nación aclaró en 2012 que no es necesaria autorización judicial para la realización del aborto legal en caso de violación y determinó que es suficiente una declaración jurada por parte de las víctimas que se acojan a este supuesto. Asimismo, exhortó a las autoridades públicas de todo el país a remover todas las barreras administrativas o fácticas con protocolos hospitalarios para la atención de abortos no punibles.

Frente a esta difícil situación, el proyecto rechazado, que modificaba dicho Código Penal en todo lo referente al aborto, garantizaba el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana catorce, inclusive, del proceso de gestación. Según Amnistía Internacional el Senado rechazó una "oportunidad histórica" para el ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas, así como para ser un ejemplo para el resto de los países de la región. 

Además, la nueva ley permitía la objeción de conciencia individual de los profesionales de salud, pero no de las instituciones médicas que se nieguen a practicar abortos, a cuyas autoridades obligaba a garantizar la realización de la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente, más de la mitad de las provincias del país aún no cuenta con una normativa que asegure, de modo efectivo, el ejercicio de este derecho en los cuatro supuestos de aborto determinados en el Código Penal.

Un problema añadido a la hora de tomar determinaciones sobre esta delicada situación es la falta de cifras fiables sobre interrupciones del embarazo clandestinas y muertes provocadas por estas prácticas. Las cifras disponibles revelan que las mujeres argentinas están expuestas, al quedar embarazadas, a riesgos desproporcionados e impropios de una sociedad avanzada, de tal forma que en 2014 un total de 290 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con el embarazo, frente a 243 en 2013 y 258 en 2012.

De haber salido adelante, Argentina hubiera pasado a formar parte de los casi 60 países que permiten el aborto voluntario, en su mayoría situados en el hemisferio norte del mundo, a excepción de Uruguay, Australia y Sudáfrica.