San Diego es uno de los condados más envidiados de Estados Unidos. Inmensas playas, buen clima todo el año y una sabrosa gastronomía fruto de las influencias transfronterizas. No en vano, es la última gran urbe al suroeste del país antes de llegar a la línea divisoria con México, franja donde precisamente se están diseñando los distintos prototipos del muro que Donald Trump quiere levantar para frenar la inmigración. Sin embargo, mientras la administración federal se vuelca en potenciar este tipo de barreras físicas y refuerza los controles migratorios, otro tipo de flujos más escurridizos se cuelan sin mayor problema en las costas californianas sin que la retórica del presidente ni muralla alguna puedan evitarlo.
“Aquí llueve poco, pero cuando lo hace, el río Tijuana suelta al océano todo lo que ha ido acumulando en su cauce al otro lado de la valla. Es asqueroso. El invierno pasado hubo un vertido que afectó durante días. El agua incluso se enturbió y se prohibió entrar en el mar”, recuerda un bañista asiduo a Imperial Beach, la zona más afectada por estos incidentes.
El problema de las aguas residuales que desembocan en San Diego desde la vecina Tijuana se arrastra desde hace décadas. En los 90, EEUU hizo una inversión de 344 millones de dólares para crear su sistema de tratamiento que mitigara los episodios de contaminación. No obstante, en los últimos años, coincidiendo con el crecimiento continuado de esta localidad mexicana, la situación ha llegado al límite.
Cartel de advertencia junto al muelle de San Diego.
Precisamente en Imperial Beach, una de las áreas residenciales más pobladas, la contaminación provocada por estas fugas, obligó a prohibir el baño más de 200 días en 2015, y aproximadamente 150 días en 2016 y 2017, respectivamente, según datos del Estado de California.
La competencia en materia de limpieza de aguas le corresponde a la administración federal, que hasta ahora ha estado más preocupada por filtrar la llegada de inmigrantes indocumentados que los residuos fecales. Por ello, y ante la falta de medidas, las autoridades californianas y varias entidades locales del condado, así como una asociación de surfistas, ha demandado al gobierno de Trump para obligarle a actuar.
“Los contribuyentes de California no tienen que aceptar que estos incidentes se arreglen con sus impuestos cuando se trata de una responsabilidad de la administración federal”, sostiene Dave Gibson, miembro ejecutivo de la Junta de Control de Calidad del Agua de San Diego, que además reprocha la dejadez del presidente en este asunto mientras “invierte en otros temas fronterizos”.
Por ello, la Fiscalía General del Estado ha presentado una demanda hace unos días, sumándose a otras ya interpuestas por las entidades municipales de Imperial Beach, Chula Vista y el Puerto de San Diego, así como la organización Surfrider Foundation, que defiende los intereses de los surfistas de la zona, uno de los colectivos damnificados por los cierres de las playas y la presencia de contaminantes.
En concreto, el fiscal argumenta que la administración federal viola la Ley de Limpieza de Aguas al permitir en los últimos años el vertido de millones de litros de agua sin depurar cargada de sustancias tóxicas, bacterias, pesticidas y metales pesados.
El conflicto, según consta en la demanda, nace “en la cuenca del río Tijuana, que se extiende a ambos lados de la frontera, aunque la mayor parte se encuentra en México”. Desde ahí discurre por su cauce, que cruza a California a través de un canal de desagüe gestionado por la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos (USIBWC). El origen de la suciedad está en la zona mexicana, donde la presencia de abundantes desperdicios y la insuficiente capacidad de las plantas de tratamiento acaban desencadenando vertidos descontrolados, especialmente cuando llueve.
Imágenes de la frontera entre México y Estados Unidos.
Incapacidad para depurar
“Estamos haciendo todo lo posible para remediar estos temas, pero tenemos la dificultad de la falta de recursos para las infraestructuras en México”, se ha excusado el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Germán Jesús Lizola. Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México anunció la pasada primavera un plan de limpieza para el cauce del río con un presupuesto de 4,3 millones de dólares, que no parece ser suficiente para las autoridades californianas.
Aunque la excusa esgrimida por los oficiales mexicanos se basa en la carencia de fondos para mejorar sus instalaciones depuradoras, no todos a aquel lado de la frontera aceptan este argumento. Víctor Manuel Morán, diputado local de la región de Baja California, asegura que lo que ha contaminado “nuestros mares es la corrupción”. A su juicio, la clave no está sólo en que la planta de tratamiento de aguas situada en México vierta 750.000 litros por segundo de aguas negras diariamente a las playas de Tijuana y de California. Además, dijo en un comunicado, el río Tijuana recoge las aguas fecales de decenas de viviendas irregulares que no están conectados al alcantarillado a lo largo de su cauce.
De vuelta a San Diego, el problema no es sólo una molestia para los vecinos y surfistas. El estuario del río Tijuana “es uno de los últimos estuarios intactos de agua salada en California y alberga numerosas especies migratorias, algunas en peligro de extinción y protegidas” por la legislación californiana, según recoge la demanda, que también alerta de riesgo para la salud humana.
Así, además de algunos bañistas y surfistas que han tenido que recibir tratamiento a causa de la contaminación del mar, otro colectivo levanta la voz de alarma. En concreto, los sindicatos de los agentes fronterizos de la administración federal llevan tiempo avisando de que en esas circunstancias se pone en riesgo su seguridad, según recoge el San Diego Union Tribune. “Tratamos de no ir por el camino del río. No queremos que nuestra gente sufra quemaduras químicas o enferme porque no lo limpian”, expone Christopher Harris, patrulla y secretario del sindicato.
Aunque la demanda del Estado de California acaba de presentarse, todo apunta a que será admitida a trámite, como ocurrió con la que interpusieron previamente los municipios afectados. En aquel caso, un juez federal visitó este pasado agosto por sorpresa uno de los colectores del río para comprobar in situ la situación. Tras contrastar el problema, rechazó la petición de los abogados del gobierno federal para que se archivada la denuncia.
La Justicia determinará si la administración Trump debe hacerse cargo de las infraestructuras necesarias para evitar la llegada de residuos desde México, puede que incluso antes que la construcción de su ansiado muro.