Sergio Moro, el responsable de la operación 'Lava-Jato', el macrocaso de corrupción que llevó al expresidente de Brasil, Lula da Silva, a la cárcel, será el próximo ministro de Justicia del país. El juez ha aceptado la propuesta de Jair Bolsonaro que ya esta semana, en una entrevista a una cadena de televisión brasileña, había dicho que le gustaría ver al magistrado al frente de la cartera de Justicia.
Este jueves, Moro se reunió con el presidente electo en Rio de Janeiro y, tras hora y media de conversaciones ha decidido aceptar la oferta de Bolsonaro. El nuevo ministerio de Bolsonaro incluirá además organismos anticorrupción que, en la actualidad, dependían de otras carteras, como la Policía Federal y el Consejo de Control de Actividades Financieras.
"Lo acepté con alguna pena, porque tendré que dejar atrás 22 años de magistratura. Pero la perspectiva de implementar una fuerte agenda anticorrupción y contra el crimen organizado, respetando la Constitución, la ley y los derechos, me han llevado a tomar esta decisión. En la práctica, es la oportunidad de consolidar los avances contra el crimen y la corrupción de los últimos años y apartar los riesgos de retrocesos por un bien mayor", ha dicho Moro.
Bolsonaro dice que juez Moro será el norte que guiará combate a la corrupción
En su cuenta de Twitter, el presidente electo anunciaba que Moro había aceptado el cargo de ministro de Justicia en el Gobierno del ultraderechista.
A partir de ahora, Moro se apartará de los mandos de la operación 'Lava-Jato', que seguirá con los jueces de los Tribunales de Curitiba.
Protagonista de las elecciones
Sergio Moro ha sido uno de los protagonistas de estas elecciones, acusado por el Partido dos Trabalhadores (PT) de persecución política. El juez federal condenó a Lula da Silva durante el verano de 2017 por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. La sentencia de nueve años fue luego ampliada a 12 por el tribunal de segunda instancia ya a inicio de este año. Lula ingresó en la cárcel y, en el momento en el lideraba las encuestas para la presidencia de Brasil, quedó inhabilitado para el ejercicio político.
A partir de entonces, Moro se transformó en la diana de todas las críticas del PT, que llevó el caso de Lula a la ONU y consiguió que la organización internacional emitiera un parecer en el que instaba a la Justicia brasileña a respetar "los derechos políticos de Lula".
"Es cierto que Lula tiene razón en algunos puntos. Su caso fue el más rápido, el que ha tenido la condena más dura y justo antes de unas elecciones que, según todos los sondeos, le harían presidente del país. Es un caso muy complicado. El 'timing' y la contundencia de la decisión resultan extraños. Pero eso no significa que no sea correcta, simplemente no se han dado las explicaciones suficientes”, contaba a este periódico hace unas semanas Michael Freitas, profesor de ciencia política de la Fundación Getulio Vargas.
Ya en la recta final de la campaña, Sergio Moro volvió a copar el debate político al decidir hacer pública la declaración de uno de los principales testigos de la operación 'Lava-Jato', que no sólo incriminaba a Lula, sino que implicaba a José Sergio Gabrielli, entonces presidente de la petrolera Petrobras y coordinador de la campaña del candidato del PT, Fernando Haddad.
Las declaraciones se produjeron en abril, y la decisión de Moro de hacerlas públicas seis meses después y tan cerca de las elecciones desató las acusaciones de injerencia política por parte del PT. En un comunicado, el partido tildó la acción de Moro de “injerencia arbitraria e ilegal” y, en su cuenta de Twitter, Lula colgó una foto del juez junto al actual presidente de Brasil, Michel Temer y la pregunta: “¿Alguien creía que el juez Moro iba a quedarse quieto durante las elecciones?”.