Jair Bolsonaro, cumplió este martes una de sus principales promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibiliza la venta de armas a civiles. El mayor acceso a la tenencia de armas ha sido una de las banderas de Bolsonaro, quien ha prometido mano dura contra la delincuencia en un país en el que el año pasado fueron asesinadas 63.880 personas, una media de 175 por día.
La legislación actual ya permitía la posesión de armas a personas mayores de 25 años sin antecedentes penales y con una ocupación lícita, una vez demostrasen capacidad psicológica para su uso y justificasen su necesidad, un requisito que ahora será menos rígido. La medida, sin embargo, no flexibiliza portar armas en la calle.
Bolsonaro, quien firmó el decreto en una ceremonia celebrada en el Palacio de Planalto, se refirió al referendo celebrado en 2005 en Brasil, en el que el 63 % de los brasileños votó a favor del comercio de armas en el país tras la aprobación del Estatuto de Desarme, que prohibía la tenencia de armas a los ciudadanos.
"Como el pueblo soberanamente decidió con ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma", declaró Bolsonaro al mostrar el bolígrafo con el que firmó el decreto.
El líder de la ultraderecha brasileña y excapitán de la reserva del Ejército hizo alusión a ese referendo de 2005, que en la práctica nunca se cumplió del todo y fue obstaculizado por diversas normativas. "Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho" que la sociedad había "reclamado" en el referendo, apuntó.
"Efectiva necesidad"
La promesa electoral fue, sin embargo, algo matizada, ya que el decreto no contempla autorizar el porte de armas, como prometía el entonces candidato, sino que se limita a flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales. Asimismo, establece que la compra de armas sólo será permitida a aquellas personas que demuestren una "efectiva necesidad" y define "a priori" algunos de esos casos.
Son agentes públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados, así como personas que residan en zonas rurales o urbanas, en ese último caso con índices anuales superiores a diez homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que abarca a prácticamente todo el país.
También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, lo cual es una completa novedad, y los coleccionistas o cazadores.
Las únicas limitaciones son para las residencias en las que haya niños o personas con alguna diversidad mental, en cuyo caso el potencial comprador de un arma deberá demostrar que posee en su domicilio una caja fuerte o un "lugar seguro" para guardarla.
El decreto establece que quienes se encuadren en esas figuras podrán adquirir hasta cuatro armas de fuego, siempre y cuando tengan más de 25 años de edad y una "ocupación lícita", sean aprobados en cursos psicotécnicos y de tiro y no tengan antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.
"Libros en vez de armas"
Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza que "el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa" y que el arma pase a ser un factor inhibidor para los delincuentes.
El opositor Partido de los Trabajadores (PT), cuyo candidato presidencial para las elecciones de octubre, Fernando Haddad, pedía distribuir "libros en vez de armas", anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar de anular esa medida.
"Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida", declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara alta.
Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas "pétreas" o intocables.
"Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea", declaró esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli.