El Supremo de Venezuela busca blindar a Maduro ante cualquier acción del Parlamento

El Poder Judicial venezolano dictó este lunes una amplia medida contra la Asamblea Nacional, de contundente mayoría opositora, con la que persigue anular cualquier poder de acción de los diputados en contra del jefe del Estado, Nicolás Maduro, al que no reconocen como legítimo.

La decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "ratifica la inconstitucionalidad por omisión del Poder Legislativo nacional" y advierte de acciones penales, civiles y administrativas contra su directiva, a la que acusan de "ejercicio írrito del poder público".

Los magistrados aseguran que asumieron esta postura para proteger la Constitución y en vista de la "omisión constitucional reiterada" en que ha incurrido el Legislativo, un órgano que fue declarado en "desacato" por el Supremo.

Los magistrados también rechazaron por "inconstitucionales" los acuerdos legislativos que buscan el ingreso de ayuda humanitaria al país y la intención del Parlamento de recuperar del extranjero activos ligados a la corrupción en empresas públicas venezolanas.

Además, el TSJ declaró que en "ningún caso y bajo ningún concepto puede asumir un Parlamento la acción de gobierno y la administración de la Hacienda pública" en alusión a los dirigentes locales y gobiernos extranjeros que reconocen a la AN como único poder legítimo en Venezuela y le emplazan a tomar decisiones ejecutivas.

La respuesta del Parlamento

Minutos después de conocerse estas sentencias, Guaidó dijo que el Legislativo se mantendrá "muy firme en sus decisiones", que implican no reconocer a Maduro, en tanto que calificó las medidas del Supremo como una "aberración" jurídica y política.

"No hay nada que decirle a esos magistrados", dijo el legislador a periodistas a las puertas de la sede de la Cámara tras reiterar la convocatoria a una protesta nacional que se llevará a cabo este miércoles para denunciar por "ilegítimo" a Maduro.

Uno de los puntos de partida de la marcha está en la barriada caraqueña de Cotiza, donde hoy se sublevaron militares contra el Gobierno de Maduro.

La semana pasada, Guaidó había advertido del movimiento del Supremo, al que la oposición señala de tener corte oficialista, y había dicho que la corte no tiene "mandato" para anular las decisiones del Parlamento.

El Parlamento declaró el día 14 que Maduro, en el poder desde 2013, "usurpa" la Presidencia desde hace casi dos semanas, cuando juró ante el Supremo un nuevo mandato que le mantendrá en el poder, al menos, hasta 2025.

Los poderes Legislativo y Judicial han estado enfrentados desde que la oposición controla la Cámara en 2016 y especialmente después de que los diputados denunciaran a 33 magistrados que fueron designados de forma "irregular" en sus cargos por el oficialismo en sus últimos días con mayoría parlamentaria.

Un día después de que Maduro juró su segundo mandato, Guaidó pidió apoyo civil, militar y extranjero para asumir el Gobierno en Venezuela y planteó una ruta que requiere manifestaciones callejeras para lograr "cese de la usurpación" en la Presidencia, un "gobierno de transición" y "elecciones libres".