En 2017 fueron asesinadas en Brasil 63.880 personas, 175 al día. De estas, 5.144 murieron a manos de la policía, una media de 14 muertos al día. Los datos, los últimos disponibles del Fórum Brasileño de Seguridad Pública, revelan la peor cifra de homicidios de Brasil en los últimos años. 

En uno de los países más inseguros del mundo, el miedo a la violencia ha sido utilizado por Jair Bolsonaro desde el inicio de la campaña como excusa para algunas de sus propuestas estrella: el armamento de la población civil y la inmunidad para los policías que maten en el ejercicio de sus funciones.

Tras su toma de posesión, el presidente cumplió sus promesas y las dos medidas fueron aprobadas en las primeras semanas de Gobierno del excapitán del ejército. 

A mediados de enero, la venta de armas a civiles se flexibilizó con un decreto. A partir de ese momento, la licencia de porte de armas se amplió de cinco a diez años. Además, el comprador ya no tiene que justificar ante la Policía Nacional la necesidad de comprar un arma, trámite por el que han tenido que pasar los 330.000 brasileños que, a día de hoy, tienen esta licencia.

Los requisitos para comprarlas siguen iguales que antes: tener 25 años, un trabajo, una dirección conocida, y carecer de antecedentes penales e impedimentos físicos y psicológicos. La nueva ley también amplía a cuatro el número de armas que puede tener una sola persona.

Ahora, el ministro de Justicia, Sergio Moro, planea exculpar a los policías que maten a criminales "por miedo, sorpresa, o emoción violenta". De esta manera, el concepto de legítima defensa se amplía, pero Moro defiende que "no supone licencia para matar” ni autoriza a “abatir al sospechoso".

La propuesta legislativa se traduce en una reforma del Código Penal para que los agentes que, "en riesgo de conflicto armado inminente, intervengan para prevenir una agresión en su contra o contra terceros" y sean condenados por "un exceso doloso" puedan ver sus penas reducidas a la mitad o incluso, no aplicadas. Hasta ahora, la ley exigía que, para responder, el agente tuviera que esperar a una amenaza concreta o a que el crimen se estuviese consumando. "El policía no tiene que esperar a recibir un tiro para poder responder", ha señalado Moro.

Promesas de campaña

Ambas medidas fueron dos de las principales promesas de Bolsonaro durante la campaña. "Si alguien considera que quiero dar carta blanca para que la policía mate yo contesto: sí, es lo que quiero. Un agente que no dispara a nadie y al que disparan todo el rato no es policía. Tenemos la obligación de ofrecer una seguridad jurídica a esos valientes", dijo Bolsonaro entonces, que señalaba que "la policía puede disparar y si, por casualidad, el criminal se muere, paciencia".

Las decisiones del nuevo Gobierno fueron fuertemente criticadas por los movimientos en contra de la proliferación de armas y especialistas en seguridad. Aseguran que, lejos de disminuir la violencia, las dos medidas la aumentarán, así como el número de asesinatos.

En 2003 el Estatuto de Desarme fue aprobado en Brasil y reforzaba el control sobre las armas en circulación. A lo largo de los años en los que estuvo en vigor, se estima que la ley haya permitido salvar la vida a más de 160.000 personas en un país donde las armas de fuego son una de las principales causas de muerte.

Desde el principio de su vida política Bolsonaro se ha posicionado en contra del Estatuto y ha garantizado varias veces que, de hacerse con la presidencia, revocaría la ley. "La violencia no se combate con amor, se combate con violencia. Si un bandido tiene una pistola, nosotros tenemos que tener un fusil", dijo en una controvertida entrevista al diario Folha de São Paulo en 2017. "Si llego a la presidencia, todo el mundo podrá tener un arma dentro de casa", dijo. Lo ha cumplido.