La Cámara de los Diputados derribó este martes un decreto del Gobierno de Jair Bolsonaro que alteraba en la práctica la Ley de Acceso a la Información, al ampliar el número de funcionarios autorizados para clasificar como "secretos" y "ultrasecretos" datos públicos.

El pleno de la Cámara Baja aprobó la propuesta que suspende los efectos del decreto, firmado en enero pasado por el entonces presidente en ejercicio de Brasil, Hamilton Mourao, pues Jair Bolsonaro se encontraba entonces en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.

La suspensión fue apoyada así por los diputados, que instantes antes decidieron votar el asunto con carácter de urgencia, si bien el Senado también tendrá que pronunciarse al respecto.

Se trata de la primera derrota que sufre en la Cámara el Gobierno del ultraderechista Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, tras ganar las elecciones del pasado octubre.

El revés se produce en una semana clave para el Ejecutivo, pues este miércoles mismo presentó su plan para combatir la corrupción y la violencia en el país y mañana miércoles pretende llevar al Parlamento la polémica reforma de las pensiones y jubilaciones.

El decreto en cuestión modificaba algunas reglas para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información al permitir que trabajadores comisionados y dirigentes de organismos y empresas públicas, entre otros, puedan determinar el sigilo de datos con el grado de protección "ultrasecreto".

La ubicación del decreto en el Diario Oficial, lo que ocurrió el pasado 24 de enero, provocó cierto revuelo en el país y la condena de organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la transparencia.

Las informaciones "ultrasecretas", que es la máxima clasificación que se puede otorgar en Brasil, solo pueden tornarse públicas pasados 25 años.

Antes de este decreto, solo el presidente, el vicepresidente, los ministros o autoridades equivalentes, los comandantes de las Fuerzas Armadas y los jefes de misiones diplomáticas en el exterior tenían la potestad para atribuir la denominación de "ultrasecreto".

Para el diputado Aliel Machado, del Partido Socialista Brasileño (PSB) e impulsor del proyecto para suspender el decreto, el Gobierno de Bolsonaro extrapoló los límites de la ley que autoriza la reglamentación del acceso a la información.

"En un momento de combate a la corrupción, en que se descubren las acciones dentro de las administraciones públicas, el decreto aumenta el número de personas que pueden clasificar los documentos de secretos y ultrasecretos", denunció el legislador.