Cuatro niñas, en tres países distintos a las que une una misma historia trágica: fueron violadas y obligadas a tener un hijo fruto de la agresión. No tuvieron elección porque, en sus países, el aborto no es un derecho, sino un delito. Los cuatro casos se presentan este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

La demanda, planteada por la organización Ginebra Planned Parenthood Global, que lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, junto con otras asociaciones de la región y el Centro de Derechos reproductivos de EEUU, solicitará que se tomen medidas para cambiar la situación legal del aborto en el territorio.

En Ecuador, cada día, siete niñas menores de 14 años quedan embarazadas fruto de una violación. Una de ellas es la menor que presentará su historia ante la ONU. Tenía 12 años cuando su padre empezó a violarla. "¿Quieres saber lo que te hacen los hombres? Te lo voy a enseñar", le dijo entonces. Un año después de los abusos continuados, se quedó embarazada. No pudo abortar, porque salvo que la víctima tenga discapacidad intelectual, la práctica no está permitida en el país. Y pasó a engrosar la lista de 3.000 niñas menores de 14 años que dieron a luz entre 2015 y 2017.

Todas las mujeres de su familia tienen un historial de abusos en el entorno familiar: su prima, su hermana mayor y su hermana pequeña. El Estado era conocedor de las agresiones pero no logró protegerla. Ni a ella ni a su hermana pequeña, que sufrió abusos ya después de que ella diera a luz. En Ecuador la Asamblea se plantea despenalizar el aborto en casos de violación pero el debate legislativo es complejo. En 2014 el tema fue analizado pero el presidente, Rafael Correa, prohibió a sus legisladoras apoyar la despenalización.

La misma historia es la que cuenta Fátima desde Guatemala, violada a los 12 años por un conocido de la familia, del que quedó embarazada. El agresor no ha sido detenido y ella fue obligada a dar a luz a un hijo que no quería. En Guatemala solo se permite el aborto en caso de riesgo para la vida de la mujer, una legislación que, junto con el alto número de casos de violencia sexual contra las niñas, han llevado a 2.256 menores de 14 años a convertirse en madres en 2018. 

En Nicaragua, la puerta de salida para estos casos se cerró en 2006. Ese año, el aborto terapéutico, practicado en caso de riesgo de vida para la madre, violación y malformaciones del feto incompatibles con la vida, fue ilegalizado. Y las niñas como Susana y Lucía, embarazadas tras una violación, fueron obligadas a llevar el embarazo a término.

A Lucía la violó el sacerdote de su parroquia a los 13 años. Lo hizo durante dos años y ella se quedó embarazada, como pasa con 1.600 niñas en el país cada año. Como le pasó a Susana también, quien fue violada desde los siete años por su abuelo. Las agresiones siguieron hasta los 13 años, cuando la niña quedó embarazada.  Ella y su abuela, que denunció el agresor, se han tenido que refugiar en una casa de acogida. Susana ha tenido un niño que no deseaba. El violador sigue en libertad.