Una investigación periodística está poniendo a Brasil patas arriba. Este pasado fin de semana, The Intercept publicó una serie de mensajes entre los fiscales de la operación Lava Jato y Sergio Moro -actual ministro de Justicia y el juez que encarceló a Lula-, que ponen en tela de juicio la imparcialidad del proceso. 

Según las informaciones publicadas, Moro orientó las investigaciones del jefe de la Lava Jato, Deltan Dallagnol, para facilitar las condenas. Los mensajes señalan que Moro indicaba fuentes, cambiaba el orden de las operaciones y coordinaba los procesos que luego juzgaría.

De confirmarse la injerencia de Moro, las consecuencias jurídicas pueden llevar incluso a la anulación del proceso y, por ende, de la condena del antiguo presidente de Brasil. 

Estas son las claves del escándalo que pueden llevar a la liberación de Lula.

La operación Lava Jato

La operación Lava Jato fue la investigación de la mayor trama de corrupción brasileña, que llevó a la cárcel al expresidente de Brasil, Lula da Silva. Sergio Moro condenó a Lula durante el verano de 2017 por delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero. 

La sentencia hacía referencia a la compra y reforma de un piso triplex en el municipio de Guarujá, en São Paulo, para la que Lula habría utilizado dinero desviado de Petrobras. Lula estaba acusado de haber recibido 3,7 millones de reales (1,2 millones de euros) de la constructora OAS como sobornos a raíz de contratos suscritos entre la constructora y Petrobras. El soborno se hizo con la compra y reforma del piso de tres plantas en São Paulo que Lula habría hecho con dinero de la constructora.

La sentencia de nueve años fue luego ampliada a 12 por el tribunal de segunda instancia a inicios de 2018. Lula ingresó en la cárcel y, en el momento en el lideraba las encuestas para la presidencia de Brasil, quedó inhabilitado para el ejercicio político.

El papel de Sergio Moro

Para muchos es el azote de la corrupción en Brasil y para otros, la cabeza de una operación en contra de la izquierda brasileña. Lula siempre ha clamado su inocencia y ha dicho ser víctima de una persecución política. El Partido de los Trabajadores (PT) acusó a Moro de maniobrar para que Lula no pudiera presentarse a las elecciones brasileñas.   

El PT llevó el caso de Lula a la ONU y consiguió que la organización internacional emitiera un parecer en el que instaba a la Justicia brasileña a respetar "los derechos políticos de Lula". Un artículo de julio de 2018 en The Economist cuestionaba la legitimidad de la injerencia de la justicia en las elecciones presidenciales.

"Es cierto que Lula tiene razón en algunos puntos. Su caso fue el más rápido, el que ha tenido la condena más dura y justo antes de unas elecciones que, según todos los sondeos, le harían presidente del país. Es un caso muy complicado. El 'timing' y la contundencia de la decisión resultan extraños. Pero eso no significa que no sea correcta, simplemente no se han dado las explicaciones suficientes", contaba entonces a este periódico Michael Freitas, profesor de ciencia política de la Fundación Getulio Vargas.

Cuando Sergio Moro se convirtió en ministro de Justicia de Bolsonaro, ocupando la cartera de un superministerio formado por la unión del Ministerio de Justicia con el de Seguridad Pública, las críticas aumentaron. 

Los mensajes publicados

The Intercept publica varios mensajes enviados entre Moro y los fiscales. Uno de ellos es del 21 de febrero de 2016, enviado por el juez y que sugiere un cambio del orden de las fases de la investigación. "Hola, ante las últimas maniobras, tal vez sea oportuno invertir el orden de la dos etapas", escribió el juez.

Otra de las conversaciones destacadas es sobre la decisión de romper el secreto de las grabaciones entre Lula y Rousseff donde hablaban del nombramiento de Lula como ministro, en marzo de 2016, algo que le daría inmunidad parlamentaria durante la investigación judicial. 

"La decisión de abrir [hacer públicos los mensajes] se mantiene incluso con el  nombramiento, ¿confirma?", preguntó Dallagnol. "¿Cuál es la posición del MPF [Ministerio Público Federal]?", preguntó Moro. "Abrir", dijo el fiscal. La decisión fue muy criticada y Moro fue amonestado por el Supremo por publicar las conversaciones. "No me arrepiento", dijo entonces Moro en otro mensaje, "fue la mejor decisión pero la reacción es mala". 

En otra conversación, Moro sugiere a Dallagnol una fuente. "Hay una persona que estaría dispuesta a dar información. Lo estoy mirando. La fuente es seria", escribe Moro. "Gracias, la contactaremos", contesta el fiscal. 

El tono de los mensajes, además, revela la animadversión de los fiscales y del juez con relación a Lula y a una posible victoria del PT en las elecciones. "Estoy muy preocupada por una posible vuelta del PT, estoy rezando mucho para que Dios ilumine nuestra población y que un milagro nos salve", escribe una alta funcionaria de la Procuraduría General de la República al fiscal. "Gracias, reza, que lo necesitamos como país", le contesta.

El ordenamiento jurídico

De confirmarse, la actuación del juez y de los fiscales podría haber vulnerado el artículo 254 del Código del Proceso Penal brasileño, que garantiza la imparcialidad de los jueces y les impide "aconsejar a cualquiera de las partes" involucradas. Además, podría tratase también de una vulneración de la Constitución brasileña. 

"La Constitución es clara en lo que respeta a la imparcialidad exigida al juez", ha señalado el magistrado ya retirado Wálter Maierovitch, al periódico Nexo. "Si se confirman estos mensajes se demuestra la vulneración de la Constitución por parte de Moro". De la misma manera, quedaría acreditada la vulneración del derecho de Lula a un juicio justo e imparcial. 

Las consecuencias penales

"La primera posibilidad es la anulación de todas las decisiones de ese juez en la operación Lava Jato, en el caso de demostrarse su parcialidad", ha explicado Alamiro Velludo Salvador Netto, profesor de Derecho Penal de la Universidad de São Paulo, al periódico Nexo. Además, el profesor señala que, en el caso de que Moro volviera a ejercer como magistrado, cargo al que renunció para ser ministro de Justicia, podría tener que enfrentarse a un proceso administrativo de Consejo Nacional de Justicia. 

La falta de imparcialidad durante el proceso siempre ha sido uno de los argumentos principales de la defensa de Lula, que ya ha presentado un recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF), que lo analizará el 25 de junio. Este martes, el STF también ha anunciado que debatirá si excarcela o no a Lula tras el pedido de habeas corpus presentado por la defensa. 

"El reportaje refuerza que el expresidente no ha tenido derecho a un juicio imparcial", dijo uno de los abogados de Lula a los periodistas.

Ahora, la defensa del exmandatario cruzará las fechas de los mensajes publicados con los momentos clave del proceso para analizar el comportamiento de la Fiscalía y de Moro y decidirá qué estrategia seguir. Pero, por lo pronto, el principal objetivo sería la anulación del proceso.