“El que se va de la lengua, muere”. Los primeros que aparecen para invadir y ocupar ilegalmente los terrenos preservados de la Amazonia brasileña, con extrema violencia, son matones a sueldo de las mafias de la región, que traducen en sangre los intereses económicos de terceros. En la constitución vigente en la selva, el capítulo primero es la ley del silencio.
Hay un camino perfectamente conocido en la Amazonia para regularizar las invasiones, legalizar la violencia y oficializar la vulnerabilidad de las poblaciones más fragilizadas –pueblos originarios y comunidades tradicionales–. En el manual para destruir la selva y sacarle provecha económico, paso a paso, la maniobra inicial viene con la agresividad de las amenazas, las máquinas y, posteriormente, los incendios para “limpiar” bien la zona. Van de la mano los madereros, los garimpeiros y los grandes acaparadores del agronegocio.
Así está sucediendo en el caso de la Reserva Extractivista Jaci-Paraná y el Parque Estatal Guarajá-Mirim, en el estado de Rondônia, junto a la frontera boliviana. La primera es una reserva orientada a la explotación autosostenible y a la conservación de los recursos renovables, esencialmente resina. El Parque Estatal es fundamental para la conservación de la biodiversidad de biomas y ecosistemas de la región.
El pasado 6 de mayo, una carta firmada por WWF Brasil, Greenpeace, SOS Amazônia, Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé y la Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR), dirigida al gobernador de Rondônia, Marcos Rocha, exigía la retirada del proyecto de ley complementario 080/2020, por el cual “se premia con 220.000 hectáreas de terreno público” a las mafias que deforestan ilegalmente, ya que se propone el “recorte de inmensas áreas” de ambas zonas de protección, desembocando en la “casi extinción de la reserva y en la desfiguración del parque”.
Además de estar amenazada la población de la Tierra Indígena Karipuna, justo en la misma región, la comunidad tradicional de resineros que vivía y trabajaba en la reserva Jaci-Paraná está siendo la principal víctima. Estos trabajadores han sido, según confirman desde la Organización de los resineros de Rondônia, “expulsados hacia las riberas del río Jaci Paraná”, afluente del río Madeira.
"Soldados del caucho"
La mayoría de ellos son remanescentes de los “soldados del caucho”, gran parte descendientes de población “nordestina” –de los estados del noreste brasileño– que llegó a la selva en los años cuarenta con grandes promesas de riqueza para terminar trabajando en condiciones de semiesclavitud surtiendo de caucho al ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial.
Negros, blancos, mestizos. Los que quedaban tenían permiso para vivir dentro de las reservas. Los invasores les comenzaron a quemar sus casas.
“Las ocupaciones ilegales han sido denunciadas desde el primer momento”, explican los resineros, “desde los años noventa, pero el gobierno estatal nunca fiscalizó con responsabilidad”. Es exactamente lo que sucede ahora, y lo que configura un nuevo apartado en este manual macabro: la falta de inspección pública, tanto a nivel estatal como federal.
Madereros, garimpeiros y las grandes explotaciones del agronegocio son las principales amenazas de los pueblos originarios y las comunidades tradicionales de la Amazonia.
El presidente Jair Bolsonaro se comprometió hace unas semanas ante el resto de líderes mundiales a duplicar los esfuerzos en el control de la deforestación, mientras, casi simultáneamente, la asociación de funcionarios del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA) anunciaba que en este momento todas las acciones de control en Brasil están bloquedas, precisamente por decisiones del gobierno Bolsonaro. Nadie investiga, nadie sanciona.
Falsificación de propiedad
Para verificar la propiedad de un terreno en Brasil basta con poseer un documento certificado del Catastro Ambiental Rural (CAR), un autorregistro público electrónico en el que cada cual indica la geolocalización, perímetro y características de las parcelas de las que asegura ser propietario. Hay que incluir, además, cualquier título anterior de propiedad de tierra que se conserve, cuanto más arcaico, mejor.
Por lo tanto, el paso intermedio en este manual de destrucción de la Amazonia es la falsificación de títulos de propiedad de tierra, y el envejecimiento de dicha documentación, para que además de real ofrezca la jerarquía de lo veterano. El método original huele a heces de grillo.
Parece una broma pero es otra realidad más del timo amazónico. La adulteración de los documentos, en el pasado, se remataba dejando el papeleo durante semanas en cajones con grillos, que mediante sus deyecciones modificaban el aspecto natural del papel, haciéndolo parecer toda una reliquia.
Ahora se emplean métodos del siglo XXI, pero el procedimiento se sigue denominando “grilagem” y los que lo llevan a cabo, “grileiros”.
Testaferros y reventa
Aquellos que en primer lugar invadieron y ocuparon ilegalmente los terrenos no son los que registran las parcelas en el CAR, y los que se encargan de estos registros tampoco van a ser los futuros propietarios: son meros testaferros, simples documentos nacionales de identidad que suplantan al verdadero beneficiario de la oscura maniobra.
Pronto revenderán el terreno, o lo donarán –si ya han cobrado por adelantado su labor cómplice–, a grandes empresas, terratenientes o latifundistas. Aunque se realizara una concienzuda tarea de seguimiento, sería muy fácil perder la pista. El mejor ejemplo de tanta falsificación es el estado de Pará: la superficie de tierras registrada fraudulentamente en el catastro triplica la superficie real del estado; es como si Pará fuera un edificio de tres pisos.
Hay una estrategia a nivel comunicativo, usada por la bancada ruralista –el poderoso grupo parlamentario del agronegocio– en el Congreso Nacional y en parlamentos regionales, y por todos sus seguidores y allegados, que dicta que el objetivo de la eliminación de cierta reglamentación ambiental es ayudar a los pequeños productores, que son los que realmente mueven el país.
La respuesta a esto la conocen bien los resineros de Rondônia: “En el caso de Jaci-Paraná han metido 120.000 cabezas de ganado, bueyes. Pequeños productores no son. Han montado incluso haciendas dentro de la reserva”. Y todo sin despeinarse, y sin que nadie se atreva a pedir explicaciones.
“Necesitamos boicot internacional a los productos generados en la Amazonia, hay que presionar así”, reclaman los resineros expulsados. “Si la comunidad internacional continúa consumiendo productos de la Amazonia, las invasiones a las áres de preservación van a continuar”. Puede que sea el único sistema para echar abajo un entramado que desde dentro de Brasil sería muy complicado desarticular, por la ley del silencio, por los intereses cruzados y por haber quedado el Estado al servicio de los invasores.
El último movimiento en la etapa definitiva es el más sencillo: solo hace falta un bolígrafo, y una firma. Por ejemplo, la de un gobernador. Marcos Rocha, máxima autoridad del estado de Rondônia, ha estampado la suya en el controvertido proyecto de ley contra el que protestan las organizaciones sociales.
Alega el gobernador que ha hecho todo lo posible, “innumerables acciones de comando y control”, pero ha sido insuficiente para impedir el avance de la ocupación y la deforestación ilegal en las unidades de conservación de la Reserva Extractivista Jaci-Paraná y el Parque Estatal Guarajá-Mirim.
Por lo tanto ha decidido que es preferible ceder y alterar [reducir] los límites de estos territorios preservados para tener una ocupación “ordenada y regular” a partir de ahora; que es lo mismo que ratificar, una vez más, que en la Amazonia hay barra libre.