Una semana después del estallido social del pasado domingo, cientos de jóvenes han sido reclutados por el Ministerio del Interior para hacer frente a las posibles manifestaciones antigubernamentales que puedan tener lugar en los próximos días.
Transcurridos seis días de los sucesos, aún continúa la militarización en la capital, y esta es especialmente notable en los alrededores del Capitolio habanero, sede del Parlamento cubano.
Las autoridades mantienen la creciente ola de arrestos y los cortes de Internet se siguen produciendo en la isla a intervalos. Sin embargo, los cubanos consiguen acceder a la Red con todo tipo de trucos, usando incluso plataformas de VPN para poder burlar la censura.
Los cortes de los servicios de Internet suponen una más de las medidas represivas del Gobierno de La Habana para así evitar que a las redes sociales lleguen las denuncias de quienes fueron víctimas de la violencia policial. Estamos hablando de un apagón informativo que afectó a 11 millones de personas, según el último dato del censo poblacional del que se tiene registro.
El pasado 11 de julio, miles de cubanos tomaron las principales avenidas de la isla alzando su voz contra la creciente crisis económica, el preocupante índice de casos de Covid-19, el colapso de las instituciones de salud, los cortes energéticos, el desabastecimiento de productos de primera necesidad y otra serie de carencias que afectan a los ciudadanos.
Tras el pronunciamiento del primer secretario del partido comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que llamó al enfrentamiento entre la ciudadanía, comenzó una escalada de violencia, agresiones y arrestos que se extendió por toda la isla.
Un despliegue militar, que estuvo acompañado por brigadas anti-motines y agentes de la seguridad del Estado, trató de impedir a toda costa que las protestas se extendieran. Pero las autoridades fracasaron en su intento.
Cientos de madres aún siguen pidiendo información a día de hoy en las estaciones policiales, una información que, según denuncian, les es denegada por parte de las autoridades que tienen el deber de salvaguardar la integridad física de los ciudadanos.
Según la asociación CubaLex, asesoría legal radicada en el sur de Florida, el saldo que dejó la ola represiva es de más de 400 personas desaparecidas y ocho periodistas detenidos tras las manifestaciones pacíficas en las que se exigía la dimisión Díaz-Canel y un cambio de sistema en la isla.
Ante la gravedad de los hechos del pasado domingo, este sábado el Gobierno cubano convocó un acto político frente a la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana. Una protesta en la que no se registró la misma afluencia que en la época en que los Castro gobernaban la isla, lo que trasluce el descontento del pueblo por la brutalidad policial ejercida contra los manifestantes que salieron a las calles a protestar.
Los estudiantes universitarios de la facultad de matemáticas se negaron rotundamente a asistir a este evento del Gobierno, demostrando también su rechazo a la violencia.
En Cuba se esperan nuevas protestas en los próximos días y está por ver cuál será entonces la actuación del régimen con los ciudadanos.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha instado al Gobierno de Díaz-Canel a liberar a todos los presos del pasado domingo, algo a lo que el dirigente cubano, hasta ahora, ha hecho caso omiso.
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