72 horas. Ese es el plazo que ha dado Pedro Castillo a los delincuentes extranjeros para abandonar Perú. Este miércoles. en su primer discurso a la Nación. anunció además que los jóvenes "que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar" y que su gestión expandirá y fortalecerá el sistema de rondas campesinas para luchar contra la inseguridad ciudadana.
Tras jurar su cargo como presidente de Perú para el periodo 2021-2026, el nuevo jefe de Estado reveló en su primer mensaje ante el Congreso que "los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a partir de la fecha para salir" de Perú. Es un mensaje que señala directamente a la población venezolana en el país.
Además, su Gobierno instará a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, conocidos como ninis, a acudir al servicio militar nacional, además de impulsar un programa que promueva el ingreso al servicio militar voluntario.
Lo aseveró luego de manifestar que "la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población" y que "no es suficiente" la labor de la Policía Nacional en la lucha contra "este mal" que azota al Perú, donde "siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros".
Ante este escenario, y a fin de "acceder a una más eficiente seguridad pública", Castillo prometió también "expandir" y "fortalecer" las rondas campesinas, las milicias rurales de las que el mandatario formó parte, e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana.
"Nos proponemos convocar a toda la población a conformar (las rondas) donde no existen e incluirlas en el sistema nacional de seguridad ciudadana en los niveles regionales y locales correspondientes", declaró el maestro rural.
Castillo integró las rondas campesinas en su humilde región natal de Cajamarca, cuna de esta suerte de milicia andina autogestionada que desde fines de la década de 1970 combate a la delincuencia rural.
El mandatario izquierdista, de 51 años, detalló que su gobierno fortalecerá la ley de rondas, "respetando su autonomía", les asignará un presupuesto para dotarlas "de la logística necesaria" y promoverá "su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en las comunidades".