Bolsonaro, acusado de "charlatanería" y crímenes de lesa humanidad por su gestión de la pandemia

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de la pandemia, que investiga la gestión de la Pandemia por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha recomendado que el mandatario sea acusado de "crímenes de lesa humanidad", por haber dejado que el coronavirus destrozara el país y matara a cientos de miles de personas, obviando las medidas de protección que el resto del mundo implantó. 

La investigación llegó a considerar las acusaciones de genocidio de la población indígena y homicidio, pero finalmente el senador y redactor del documento, Renan Calheiros, reculó en la propuesta final. 

Inicialmente, la comisión recomendó que Bolsonaro fuera acusado de homicidio masivo y genocidio contra grupos indígenas en la Amazonía, donde el virus mermó poblaciones durante meses después de que los hospitales se quedaran sin oxígeno. Pero menos de un día después de que esos planes salieran a la luz en varios medios, algunos senadores recularon y consideraron que las acusaciones habían ido demasiado lejos.

"El genocidio no generó consenso entre los juristas", justificó el presidente de la Comisión, Omar Aziz. "Entre los senadores tampoco, yo mismo dije que tendrían que convencerme", explicó.

Si bien se retira la referencia al genocidio contra los indígenas, deberá constar en la versión final la imputación por crímenes contra la humanidad. Además, la CPI atribuye a Bolsonaro delitos de "epidemia con resultado de muerte", infracción de las medidas sanitarias preventivas, uso ilegal de fondos públicos, incitación al crimen, falsificación de documentos, "charlatanería" y prevaricación.

La organización Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) había presentado en agosto una denuncia por genocidio contra Bolsonaro ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su responsabilidad en la muerte de 1.162 personas de hasta 163 comunidades originarias por su gestión de la pandemia.

"Lo que vivimos durante la gestión del presidente Bolsonaro fue una explícita negativa a demarcar nuevas tierras. Al mismo tiempo, proyectos de ley, decretos y ordenanzas intentaban legalizar actividades ilícitas en territorios indígenas, lo que nos dejó sin protección legal", denunció Luiz Eloy Terena, coordinador jurídico de APIB y uno de los redactores de la denuncia.

El documento sostiene que Bolsonaro habría permitido por omisión de funciones en materia medioambiental que se produjera un genocidio, representado en el desmantelamiento de sus servicios públicos de protección social, permitiendo a su vez el asalto de sus tierras, deforestaciones ilegales e incendios provocados.

La comisión empezó su trabajo en abril del año pasado y, desde entonces, ha investigado varias irregularidades cometidas por el presidente de Brasil: desde la defensa de fármacos ineficaces contra la Covid-19, hasta posibles casos de corrupción en la compra de vacunas. 

Más de 50 personas han sido llamadas a testificar, desde ministros y exministros del actual gobierno a expertos, empresarios, abogados, víctimas de la enfermedad que han tenido que responder a preguntas sobre los fallos en la gestión de la pandemia, la tardanza en la compra de vacunas, la falta de oxígeno en los hospitales de la Amazonía, que provocó la muerte de docenas de pacientes.

El informe, de casi 1.200 páginas, culpa a las políticas de Bolsonaro por la muerte de más de 300.000 brasileños, la mitad del número total de muertos por coronavirus en el país, e insta a las autoridades brasileñas a juzgar al presidente.

Jair Bolsonaro ha minimizado la pandemia desde sus inicios y ni siquiera cunado él mismo se contagió del virus cambió su posición. Mientras todos los países del mundo confinaban a sus poblaciones para intentar frenar los contagios, el presidente del país se mofaba de lo que consideraba "un resfriadillo". Se negó a imponer el uso de la mascarilla, animó a las reuniones masivas en la calle y rechazó el confinamiento señalando que el pueblo "necesitaba trabajar". 

Además, cuando ya se había desechado los tratamientos con hidroxicloroquina para la Covid-19, Jair Bolsonaro insistía en su uso, mientras demoraba la compra de las vacunas. Calheiros señaló que la comisión de investigación consiguió demostrar que el gobierno federal había gastado millones de dólares en este tipo de medicinas, incluso obligando a las fuerzas armadas de Brasil a producirlas en masa.

La gestión de la pandemia le ha pasado factura en la calle. Miles de brasileños se han manifestado en contra de las medidas del Gobierno para frenar la pandemia y Bolsonaro no para de caer en los sondeos. Además, las últimas decisiones judiciales, que han anulado las condenas del expresidente Lula da Silva, y le han dejado libre para presentarse a las elecciones del próximo año, dejan a Bolsonaro en una situación complicada de cara a una renovación de su mandato.