La gestión de la pandemia por parte del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, será investigada. Después de que el senado brasileño haya aprobado el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que acusa a Bolsonaro de nueve delitos, entre ellos el de "crímenes contra la humanidad", la Fiscalía de Brasil ha decidido abrir una investigación preliminar.
La Fiscalía General de la República (PGR) analizará los datos recabados por la CPI contra Bolsonaro y otras doce personas, tras la entrega del informe el miércoles al fiscal general, Augusto Aras.
El documento, que cuenta con cerca de 1.300 páginas y con la que la Comisión concluye seis meses de trabajo, supone la solicitud de imputación de un total de 78 personas, entre ellas Bolsonaro, y dos empresas por distintos delitos cometidos durante la pandemia de la COVID-19.
Según las informaciones recogidas por el diario brasileño O Globo, la apertura de investigaciones preliminares es habitual en este tipo de casos, por lo que Aras analizará las pruebas presentadas por la CPI y adoptará una decisión sobre si solicita una investigación formal por parte del Tribunal Supremo (STF) y el Tribunal Superior de Justicia (STJ).
De esta forma, Aras ha apuntado diez medidas preliminares, incluida la verificación sobre la posible existencia de procedimientos ya en curso relacionados con las investigaciones de la CPI y la notificación a fiscales ya involucrados en procesos relacionados con la pandemia para acceder al material.
El documento de la CPI pide a estos organismos que se acuse a Bolsonaro de nueve crímenes relacionados con la pandemia, comisión de delito epidémico con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias preventivas, curanderismo, prevaricación, empleo irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos privados, delito de responsabilidad y delitos de lesa humanidad -juzgados por el Tribunal Penal Internacional (TPI)-.
El informe incluye como pruebas imágenes del presidente animando a multitudes, declaraciones contra las vacunas o el apoyo del presidente a la cloroquina, medicamento ineficaz para la COVID-19. También detalla el retraso en la adquisición de vacunas o la oposición del Gobierno a las medidas sanitarias, además del colapso del sistema.