El Tribunal Supremo de Brasil ha citado al presidente Jair Bolsonaro a comparecer ante la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia por la supuesta filtración de información confidencial a través de sus redes sociales en una nueva investigación, no concluida, sobre los ataques informáticos al Tribunal Superior Electoral (TSE).
"Dado que el presidente de la República no ha indicado el lugar, día y hora para su interrogatorio dentro del plazo fijado de 60 días, determino su citación a través de la Fiscalía General de la República (AGU) para comparecer el 28 de enero de 2022 a las 14.00 horas (hora local), para dar una declaración personal", ha dicho el juez Alexandre de Moraes, según recoge Agencia Brasil.
A finales de noviembre, Moraes respondió a una solicitud de la Policía Federal y determinó que el presidente brasileño debía declarar en un plazo de 15 días, por lo que todavía tenía la oportunidad de fijar el lugar, el día y la hora de citación.
En ese sentido, Bolsonaro, que estaba al tanto de esta decisión, solicitó un plazo adicional de 60 días para llevarla a cabo alegando que la sincronización para la cita era "imposible por una serie de compromisos de agendas externas", según recoge el portal de noticias O Globo.
En la decisión de este jueves, Moraes, quien es relator de la investigación, ha resaltado que el mandatario brasileño puede ejercer el derecho constitucional al silencio, pero no puede negarse previamente a participar en los actos procesales.
"En una República, la persona investigada -sea quien fuere- está normalmente sujeta al alcance de las facultades coercitivas del Estado necesarias para asegurar la fiabilidad de la prueba, pudiendo, en su caso, someterse al allanamiento de su persona o bienes, para dar sus impresiones, huellas dactilares cuando lo autorice la ley y ser citado a interrogatorio", ha resaltado.
Esta citación se suma a la decisión de la Procuraduría General de Brasil, que abrió en diciembre seis nuevas investigaciones frente al Tribunal Supremo con base al informe final de la comisión del Congreso que analizó la gestión que hizo el Gobierno de la pandemia.
En total fueron diez las investigaciones presentadas por la Procuraduría al Supremo y que, además de al presidente brasileño, también implicarían a algunos de sus ministros y a varios diputados aliados del Gobierno.
Las propuestas de acusación estuvieron basadas en las pruebas presentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que se encargó en los seis meses que estuvo activa de analizar la gestión que llevó a cabo de la pandemia el Gobierno de Bolsonaro, quien en caso podría ser señalado por delitos contra la salud, incitación al delito, o uso irregular de fondos públicos, entre otros.