La Justicia cubana condenó este lunes por sedición a 20 manifestantes que participaron de las protestas antigubernamentales del 11 de julio pasado —entre ellos cinco menores de edad— a entre cinco años de limitación de libertad y 20 años de cárcel, informaron activistas.

Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín (oriente) es, según explicó a Efe la activista de Justicia 11J Salomé García Bacallao, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado julio. Los 15 condenados mayores de edad, personas —en su mayoría hombres— de entre 18 y 59 años, han recibido penas de cárcel por debajo de la petición de la fiscalía. Ningún encausado ha sido declarado no culpable.

Hay dos condenados a 20 años de prisión, tres a 18 años, dos a 17, uno a 15, dos a 14, dos a 12 y dos a siete. Además, un joven de 18 años fue sentenciado a 5 años de "trabajo correccional sin internamiento".

Los cinco menores —cuatro de 17 años y uno de 16—, para quienes la fiscalía solicitaba entre 15 y 18 años de cárcel, han sido sentenciados a "cinco años de limitación de libertad". La edad penal mínima en Cuba son los 16, pero las personas de 16 y 17 años pueden recibir una reducción de hasta la mitad del tiempo de condena.

En la sentencia no aparece Yasmani Crespo, que estaba incluido en el expediente y no se presentó al juicio, según García. Se especula con la posibilidad de que haya abandonado el país. Algunos activistas denunciaron que varios de los condenados fueron llevados directamente a prisión tras la lectura del fallo, pese a que la sentencia fijaba que podían quedar en libertad bajo fianza hasta el momento de la apelación.

La Justicia cubana no difundió públicamente estas sentencias y los medios oficiales no informaron sobre el fallo. Activistas y ONG han denunciado falta de garantías, fabricación de pruebas y penas excesivas en estos procesos en torno a las mayores protestas antigubernamentales en décadas. También han señalado el empleo del delito de sedición en los juicios a los manifestantes del 11J, por su connotación política y su ambigua probatoria.

La Fiscalía General de Cuba argumentó recientemente que se optó por acusar de sedición en algunos casos por "el nivel de violencia demostrado en las conductas vandálicas" y "de manera tumultuaria" tuvieron el "deliberado propósito de subvertir el orden constitucional" y, como resultado la "perturbación grave del orden público".

Agregó asimismo que se ha verificado en los juicios "el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" pese a las "manipulaciones" que "pretenden acusar a Cuba de violaciones de los derechos humanos".

Cuba informó del procesamiento de 790 personas por hechos relevantes relacionados con las protestas del 11 de julio, de las que 55 tienen entre 16 y 17 años. Otros 27 tienen menos de 16 años, a los que se han aplicado medidas alternativas al no alcanzar la edad mínima penal.