Trudeau, de la inacción a la mano dura: retirada de vehículos y bloqueo bancario a los antivacunas

El problema de hacer de la moderación tu gran activo político es que la realidad no siempre se deja moderar fácilmente. La crisis de los transportistas en Canadá es un buen ejemplo. Ottawa, la capital del país, lleva prácticamente veinte días tomada por los manifestantes y siguen activos numerosos focos de protesta contra la decisión del gobierno de Trudeau de exigir el pasaporte de vacunación Covid para cruzar la frontera con EEUU. La tibieza con la que el primer ministro reaccionó en un inicio, un "dejar hacer" que no hemos visto en los ejemplos recientes de París y Bruselas, ha provocado tal bola de nieve que el gobierno entiende que ha llegado el momento de la contundencia.

¿Y qué hace un primer ministro moderado cuando intenta actuar como un águila? Sobreactúa. Una sobreactuación que, en política, siempre es peligrosa. Este lunes, el primer ministro, junto a la ministra de economía, Chrystia Freeland, anunció la aplicación de la Ley de Emergencias por primera vez en la historia del país. Entre las consecuencias de dicha aplicación, estaría la posibilidad de retirar inmediatamente cualquier vehículo que se considere que altera la normalidad en el tráfico, la detención de todo aquel que participe en bloqueos de cualquier tipo... y la congelación de cuentas bancarias si se considera que se están utilizando para financiar las protestas.

De estas medidas, choca lo tarde que llegan y su carácter arbitrario. La arbitrariedad es muy peligrosa en democracia y da la sensación de que, si estas mismas medidas fueran adoptadas en otro país con menor tradición legalista que Canadá, las alertas habrían saltado con mayor escándalo.

Dejar al arbitrio de la administración tantos poderes para coartar las libertades de los ciudadanos supone una respuesta propia de la Ley del Talión al reto de los transportistas: un 'ojo por ojo' en toda regla. Combatir el exceso con el exceso. Luchar por la libertad atentando contra ella, exactamente lo que están haciendo los antivacunas canadienses.

Otro problema de la sobreactuación es que no se sabe hasta dónde puede llegar. A menudo, el perro que ladra mucho acaba mordiendo poco. Ottawa, por ejemplo, declaró el Estado de Emergencia el pasado 6 de febrero. Han pasado 11 días y no hay manera de ver la luz al final del túnel. Por la capital del país, siguen campando a sus anchas transportistas y afines, la gran mayoría -no la totalidad, por supuesto- simpatizantes de la llamada alt-right estadounidense y la red de conspiradores de QAnon, uno de cuyos habituales, James Bauder, se ha autoerigido como uno de los líderes políticos de la revuelta.

Cortar la financiación

La cara más visible de los alborotadores probablemente sea la de Tamara Lich, quien iniciara el mes pasado una campaña de recogida de fondos a través de la plataforma GoFundMe.com, que habría llegado en poco más de cuatro semanas a los diez millones de dólares canadienses. El gobierno de Trudeau desconfía del origen de ese dinero.

De hecho, la campaña de apoyo a los transportistas ha sido ya bloqueada en Canadá. Se piensa que buena parte de esos diez millones de dólares puede ser en realidad dinero negro y que la campaña, aparte de un intento de desestabilizar a un Gobierno recién elegido en las urnas, es también la excusa perfecta para lavar esa riqueza de origen dudoso.

Ahí entra la discusión de si, para verificar el origen de ese dinero y parar el flujo que financia una actividad considerada delictiva, es necesario aplicar una Ley de Emergencias. El de Trudeau es un movimiento torpe porque desune el frente democrático que lucha no ya por la implantación del pasaporte Covid sino por establecer unos límites razonables de protesta que incluyan la posibilidad de circular, entrar y salir de tu ciudad. Al tomar una decisión tan radical, Trudeau pierde apoyo y se condena a la debilidad, justo lo que menos necesita en este momento.

De hecho, tres días después de la solemne rueda de prensa de Trudeau y Freeland, nadie se ha movido de Ottawa. Los transportistas han tomado la amenaza de Trudeau como un farol y probablemente hagan bien. Sí se ha producido la detención en Alberta de varios activistas y la incautación de un pequeño arsenal de armas, pero, de nuevo, no hacía falta hacer historia legislativa para un delito de ese tipo. Conforme pasen los días, Trudeau se verá obligado a hacer algo más, algún tipo de golpe de efecto que demuestre que va en serio. Como no le sale de forma natural, podemos esperar cualquier cosa.

De entrada, la primera víctima política del cambio de tono del gobierno canadiense ha sido el jefe de policía de Ottawa, Peter Sloly, criticado duramente por su manejo hasta ahora de la crisis. Sloly presentó su dimisión el pasado martes, al considerar que el primer ministro desautorizaba su trabajo. No iba mal encaminado.

Apoyos republicanos

Afortunadamente, las cosas parecen ir mejor en otros lugares del país, sobre todo en los puntos clave para la economía canadiense, es decir, los fronterizos con Estados Unidos. El pasado lunes, después de casi una semana, los organizadores del "convoy de la libertad" aceptaron retirarse del Ambassador's Bridge, que une la provincia canadiense de Ontario con la localidad estadounidense de Detroit, sede histórica de la industria automovilística norteamericana.

El puente, por el que se calcula que pasan cada día mercancías por valor de 320 millones de dólares, quedó bloqueado a mediados de la semana pasada, de manera que ningún vehículo pudiera pasar en un sentido o el contrario. En total, se estima que el 25% del comercio entre ambos países depende de la circulación por el puente, con lo que es fácil entender que las pérdidas han sido enormes. Sólo en la industria automovilística, se calcula que podrían rondar los 1.000 millones de dólares. Una industria automovilística, por otro lado, ya muy tocada desde hace décadas.

Estas pérdidas no han evitado que varios dirigentes del Partido Republicano se hayan rendido estos días en elogios hacia los transportistas canadienses. Donald Trump ya habló maravillas de ellos a finales de enero, cuando no habían cortado la frontera. Es lógico teniendo en cuenta que el amor es mutuo. Las pegatinas en favor de Trump están por todas partes en las diversas protestas.

Más enfático ha sido recientemente el senador por Kentucky, Rand Paul. Paul, uno de los fundadores del llamado 'Tea Party' que surgió a la derecha de George W. Bush en torno a 2008-2009, coincidiendo con el inicio de la gran crisis económica mundial, declaró el pasado fin de semana: "Espero que los transportistas vengan a Estados Unidos. La desobediencia civil es una tradición ancestral en nuestro país, desde la esclavitud a la lucha por los derechos civiles. Protestar pacíficamente o negarse a obedecer hace que la gente reflexione acerca de las leyes establecidas".

Aunque estas declaraciones puedan parecer chocantes dentro de un partido que siempre se ha definido por los conceptos "ley y orden", parecen reflejar el sentir mayoritario dentro de un republicanismo totalmente abducido por Donald Trump y sus seguidores. La extensión de estas protestas por Estados Unidos no se puede descartar, si bien es cierto que el caos siempre es más excitante cuando se ve desde el otro lado de la frontera.

El propio concepto de "protesta pacífica" al que apela Paul es el que pone en cuestión Trudeau con su controvertida decisión. Los próximos días nos ayudarán a saber si el movimiento va a más, si Trudeau se mantiene firme, si endurece incluso sus medidas... o si acaba agarrándose a algún subterfugio para acabar cediendo y acabar con esto cuanto antes.

En Canadá, el 83,47% de los mayores de cinco años está vacunado con dos dosis. El 88,56% ha recibido al menos una. Incluso la tercera dosis está funcionando de manera aceptable, pues el 53% de los adultos ya la ha recibido. No parece que sea un gran problema para el país. No tan grande, al menos, como para insistir en giros de tuerca.

El problema es que ahora ya no hay marcha atrás. Cualquier relajación en las medidas, por razonable que fuera, se entendería sin duda como la cesión a un chantaje. Tanto el estado de Ontario como el gobierno federal han anunciado su decisión de facilitar las medidas de acceso a su territorio para los vacunados. Los no vacunados tendrán que seguir esperando.