La escalada de violencia que se está viviendo en El Salvador estos días no tiene precedentes durante el Gobierno de Nayib Bukele. En solo un fin de semana han sido asesinadas 87 personas, cifras que no se registraban desde 2015, cuando el país se situaba entre los más peligrosos del mundo.
Esta nueva oleada homicida ha llevado el Gobierno a decretar un estado de excepción, que entró en vigor el domingo y se prolongará durante al menos treinta días. Pero ni siquiera esta suspensión de garantías constitucionales -derechos de asociación, reunión o defensa- han sido suficientes para acabar con las maras o pandilleros.
Tras cinco días de estado de excepción, este jueves el Congreso ha aprobado dar luz verde a un paquete de reformas penales, que incluyen la cárcel para menores y marcan la ruta que emprendida por el Ejecutivo de Bukele en esa "guerra contra las pandillas".
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La detenciones masivas y el endurecimiento de medidas penales contra las maras también fue un plan que aplicó el expresidente Francisco Flores (1999-2004) con su proyecto Mano Dura.
Nuevo Código Penal
Las medidas contra las maras se aprobaron sin estudio ni discusión parlamentaria y modifican normas como el Código Penal, Ley Penal Juvenil, Código Procesal Penal y Ley Antiterrorismo.
La enmienda al Código Penal establece que la pertenencia a una pandilla se juzgará como agrupaciones ilícitas con penas de 20 a 30 años, mientras que su líderes o financistas enfrentarán condenas de 40 a 45 años de cárcel.
Hasta antes de esta reforma, los miembros de las maras enfrentaban penas de entre 3 y 5 años de cárcel, y los cabecillas de 6 a 9 años.
En la Ley Antiterrorismo se estableció que pertenecer a una pandilla se perseguirá como el delito de agrupaciones terroristas con penas de 15 a 20 años y de 30 a 40 años para los líderes.
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Anteriormente las condenas eran de 8 a 12 años para los miembros y de 10 a 15 para los cabecillas.
Cárcel o muerte
El Congreso, de mayoría oficialista, también aprobó una enmienda a la Ley Penal Juvenil que establece penas de prisión para los menores de edad a partir de los 12 años. Anteriormente la medida más excepcional era el internamiento.
Los adolescentes desde los 12 años, que de acuerdo al Gobierno serían juzgados como adultos, podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, mientras que los que tengan cumplidos 16 años serían condenados a hasta por 20 años.
Esta reforma elimina los plazos máximos de las medidas provisionales para los menores y señala que esta serán aplicables hasta tener una "sentencia firme".
El presidente Bukele difundió en su cuenta de Twitter un video de pandilleros encarcelados y llamó a los padres a mostrarlo a sus hijos.
"Muéstrenles este video a sus hijos adolescentes, explíquenles que entrar a la pandilla solo tiene 2 salidas: la cárcel o la muerte", escribió.
Penas más altas
Al delito de extorsión, una de las principales fuente de ingresos para las pandillas, se le agregó una agravante que si es cometido por miembros de estas bandas la pena será de entre 20 y 30 años, al igual que con el tráfico de drogas.
Los legisladores también aprobaron un refuerzo al presupuesto del Ejército y Ministerio de Seguridad por 80 millones de dólares para adquirir más armamento. Además se emitió una ley de recompensas para quienes den información que ayude a detener a pandilleros.
Otras reformas
También se reformó el Código Procesal Penal para crear "medidas de protección" para que no se conozca la identidad de jueces y funcionarios que participen en procesos judiciales.
Esta enmienda también estipula que los miembros de maras podrán ser procesadas y juzgadas aunque no estén presentes.
Por otra parte, los diputados establecieron que en al menos 13 delitos, como homicidio y desordenes públicos, no se podrá dictar medidas diferentes a la detención preventiva.
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La medida además elimina el plazo máximo de prisión provisional de dos años, ahora las personas en general acusadas de homicidio, extorsión y tráfico de drogas estarán bajo esta medida hasta que la sentencia este "firme".
Al igual que con los adolescentes, con esta medida si alguien es declarado inocente o culpable seguirá en prisión hasta que su caso haya recorrido todas las instancias de apelación, incluido el Supremo.
Para Leonor Arteaga, directora de programa de la Fundación para el Debido Proceso, estas reformas al proceso penal son contrarias a los "estándares internacionales" y "jurisprudencia nacional".
Publicó en su cuenta de Twitter que el Congreso "está haciendo cambios a leyes penales, típicos de manodurismo y terror de Estado" y señaló que se "crea lo que se conoce como jueces 'sin rostro'".
"Se dice que protegerán a jueces, lo cual es válido, pero para eso existen otros caminos que han probado ser efectivos, y que no violan normas de #DDHH, como la creación de jurisdicciones especializadas en casos de riesgo, con medidas de seguridad", indicó la letrada.