Los agentes del FBI que registraron el pasado 8 de agosto la mansión de Mar-a-Lago de Donald Trump han encontrado un documento que detalla las capacidades nucleares y las defensas militares de un Gobierno extranjero.
Según publica este miércoles The Washington Post, dicho documento se refiere a operaciones clasificadas como "ultrasecretas" y están tan protegidas que muchos altos funcionarios de seguridad, incluidos agentes del FBI, desconocían su existencia.
Sólo el presidente del Gobierno de EEUU y funcionarios del gabinete o cercanos a él podrían autorizar a otros miembros del Gobierno acceder a esta información nuclear. De hecho, este tipo de informes se guardan bajo llave, casi siempre en una instalación de información compartimentada segura, con un oficial de control designado para vigilar cuidadosamente su ubicación.
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Ya hace varios días el diario estadounidense informó que el FBI busca documentos que contuvieran información nuclear, algo que Trump calificó como "un engaño".
El informe en cuestión no menciona el país cuya defensa y capacidad nuclear eran citadas en los documentos.
Obstrucción de una investigación
El Departamento de Justicia sostiene que esos documentos ultrasecretos "probablemente se ocultaron" para obstruir una investigación del FBI sobre el posible mal manejo de materiales clasificados por parte del expresidente.
Cuando los agentes registraron la mansión de Trump de Florida encontraron material tan delicado que "incluso el personal de contraespionaje del FBI y los abogados del Departamento de Justicia que realizaban la revisión requirieron autorizaciones adicionales antes de revisar ciertos documentos", explica The Washington Post.
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El FBI tenía sospechas de que el expresidente Trump había cometido delitos contemplados en la Ley de Espionaje y otras normas, por lo que obtuvo la orden de inspección de la mansión de Florida e irrumpió en la misma el pasado 8 de agosto. Los agentes se llevaron 33 cajas con más de 100 archivos clasificados.
Trump ha asegurado que se trata de una investigación con motivos políticos y que algunos de los documentos incautados están protegidos por el privilegio de la relación abogado-cliente y el privilegio ejecutivo en calidad de presidente.
Sin embargo, el Departamento de Justicia considera que se trata de documentación clasificada como secreta que no debería estar en un domicilio particular una vez finalizado el mandato presidencial. Además, considera que el nombramiento de un supervisor paralizaría la investigación.