La Amazonia, al borde del apocalipsis: la mayor deforestación en 15 años se juzga en las urnas

La tragedia amazónica de 2019 era el preludio de lo que sufriría el medio ambiente en los siguientes tres años de legislatura de Bolsonaro. Los datos hablan por sí solos: entre enero y agosto de 2022 se han talado casi 8.000 kilómetros cuadrados de foresta, la mayor superficie de los últimos 15 años. El año pasado, los datos globales señalan que más de 13.000 kilómetros cuadrados de foresta fueron talados.

"Bolsonaro deja una herencia de tierra arrasada. Ha fomentado la deforestación para la agricultura, la minería en tierras remotas e indígenas y los proyectos de infraestructuras que se adentran en la selva, trayendo consigo muchas actividades ilícitas", explica Suely Araújo, urbanista y abogada, doctorada en ciencia política, especialista en políticas públicas del Observatorio del Clima y expresidente del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama) entre 2016 y 2018. "Hoy día, los crímenes ambientales están conectados con actividades criminales como el tráfico de drogas, de armas y hasta la trata de personas".

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Aún durante la campaña electoral para las elecciones de 2018, y tras ser elegido, Bolsonaro atacó las agencias ambientales estatales y las vació de competencias. Reiteró varias veces que paralizaría las demarcaciones de áreas protegidas y que abriría estas áreas a la agroindustria, la minería y la prospección. En abril de 2019, desautorizó una operación del Ibama que había destruido camiones y tractores pertenecientes a taladores ilegales en una región de la Amazonia. Y en julio, su ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, se reunió con madereros y defendió su actividad. 

El Gobierno de Bolsonaro acabó con la colaboración entre diferentes órganos en el combate a los crímenes ambientales. Por ejemplo, cerró los departamentos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que realizaban las tareas de monitorización y fiscalización, que tuvieron que ser asumidas en solitario por el Ibama, y el Plan de Combate a la Deforestación en la Amazonia (PPCDAM) fue archivado.

Árboles talados en la Amazonia. Reuters

"El presidente Bolsonaro tiene una visión del desarrollo de los años cincuenta del siglo pasado, como si para impulsar la economía hiciese falta destruir la foresta. Es una visión totalmente equivocada que lo único que ha traído es destrucción y pobreza. De hecho, ahora mismo, la región amazónica es la más pobre de Brasil y cuando te acercas a áreas explotadas por minería ilegal te puedes encontrar hasta con trabajo esclavo", denuncia Araújo. 

Además del empobrecimiento de las agencias ambientales, Araújo denuncia que ni siquiera los recursos disponibles se están utilizando para la protección de la Amazonia. "En estos momentos, hay tres billones de reales paralizados en el fondo de la Amazonia, fondos que no han sido utilizados. Ya ni siquiera hablamos de que no se destinan recursos a la protección ambiental, sino que ni siquiera se utilizan los que existen", analiza. "Y cuando el Gobierno decide asignar recursos para las políticas ambientales, lo hace como tapadera porque luego no se ejecutan. Como pasó con el fondo de prevención de incendios de este año del que sólo se ha utilizado un 37% de los recursos asignados".

Los indígenas, en peligro

El abandono de la Amazonia por parte de las políticas ambientales de Bolsonaro trajo también la violencia a los territorios indígenas. Para ello ha contribuido la decisión del Gobierno de vaciar de poder y fondos la Fundación Nacional del Indio (Funai) que se dedicaba a la protección del territorio indígena en la Amazonia y de sus comunidades; de disminuir las fiscalizaciones federales; y de regular la minería en las tierras indígenas, a través de la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 190, propuesto por el Ejecutivo. 

Los datos están a la vista: según el Proyecto de Monitorización de la Deforestación en la Amazonia Legal por Satélite (Prodes), la deforestación en las Tierras Indígenas (TIs) tuvo un aumento promedio de 153% en los últimos tres años (1.255 kilómetros cuadrados).

"La posición del Gobierno es de una falta total de respeto por los indígenas, lo cual hiere nuestra constitución que garantiza los derechos de esas comunidades", explica Araújo. "Se han dado casos de muertes y asesinatos de indígenas, mas allá de la devastación de sus tierras", denuncia. 

Una investigación publicada por el medio brasileño Agencia Pública, daba cuenta de esto. Según la publicación, que cita fuentes del Ministerio Público Federal (MPF), en la Tierra Indígena Yanomami hay entre 10.000 y 20.000 mineros ilegales, poniendo en riesgo la vida de 28.000 indígenas no sólo con la violencia ejercida a menudo, sino por los efectos ambientales de las actividades llevadas a cabo.

Imagen de una protesta de los indígenas brasileños. Reuters

El reportaje señala que, entre 2018 y 2021, el área de minería ilegal en el cauce del río Uraricoera creció un 505% según expertos de la Policía Federal (PF). En las comunidades cercanas al río, el nivel de contaminación por mercurio llegó al 92,3%. Los efectos sobre la salud humana van desde alucinaciones, convulsiones, dolores de cabeza hasta pérdida de la visión y la audición. Las mujeres embarazadas expuestas al mercurio corren el riesgo de sufrir un aborto espontáneo y pueden tener bebés con problemas de desarrollo, lo que ya se ha convertido en una realidad para los yanomamis.

"La situación de los yanomamis es la peor posible. La situación sanitaria, cultural, económica, alimentaria y de salud, la violencia, la explotación sexual de mujeres y niños, la penetración de armas, bebidas alcohólicas, en fin, todos los indicadores se deterioran rápidamente. Es una tragedia humana", dice a Agencia Pública Alisson Marugal, fiscal de los Derechos Indígenas del MPF en Roraima.

Las elecciones, punto de inflexión

Desde el punto de vista de las elecciones y sus efectos, dos escenarios pueden surgir. Si las urnas avalan a Bolsonaro, el presidente se podría sentir legitimado en sus decisiones y profundizar en las políticas que han llevado a esta devastación. Bolsonaro daría carta blanca a los agentes económicos que podrían actuar en las regiones aún no explotadas, apostando por la liberación de la minería en tierras indígenas, con potenciales consecuencias genocidas para las poblaciones tradicionales.

Si gana Lula, como apuntan todos los sondeos, es posible que se asista a la reanudación de políticas de protección de la Amazonia con el objetivo de reducir los actuales registros de deforestación e incendios en la región, así como una mayor represión a la minería ilegal.

Lula se ha comprometido a combatir los delitos ambientales, trabajar hacia el fin de la deforestación y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París.

Durante sus dos mandatos, de 2003 a 2010, Brasil redujo la tasa de deforestación en la Amazonia en más del 70%. Además, el Ejecutivo brasileño logró presionar a los países ricos para que financiaran la adaptación climática en los más pobres en las Naciones Unidas. En 2008, Alemania y Noruega crearon un fondo con el gobierno brasileño para ayudar a la conservación de la Amazonia: los dos países invirtieron más de 1200 millones de dólares, antes de congelar sus contribuciones por la política ambiental de Bolsonaro que desembocó en los terribles incendios de 2019.

Sin embargo, su sucesora, Dilma Rousseff, debilitó algunas de las políticas creadas por Lula por lo que algunos activistas ambientales miran al Partido de los Trabajadores con cierta desconfianza. En 2012, el gobierno de Rousseff creó una amnistía a gran escala para las multas asociadas a la deforestación y desalojó al menos a 20.000 personas para construir una controvertida represa hidroeléctrica en el Amazonas que se completó en 2015.

Este junio, Lula lanzó una plataforma en la que se comprometía a combatir los delitos ambientales, trabajar hacia el fin de la deforestación y cumplir con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París. En ella, manifestaba también su apoyo a la idea de una transición energética, pero también se comprometía a expandir los trabajos de la compañía petrolera nacional de Brasil para mantener lo que llamó “seguridad energética”.

En las últimas semanas, Lula ha ganado además una aliada de peso: Marina Silva, exministra del Medio Ambiente de su Gobierno, que dimitió por diferencias sobre los proyectos de represas hidroeléctricas de Lula, anunció su apoyo a la candidatura del líder del PT. Lo hizo tras pactar una serie de medidas con el candidato a la presidencia que incluyen la introducción de precios al carbono, la emisión de nuevos incentivos financieros para la agricultura sostenible y la creación de la Autoridad Nacional de Cambio Climático para garantizar que las políticas públicas se adaptan a los objetivos del Acuerdo de París.

Pese a los esfuerzos anunciados, revertir la situación no será una tarea fácil. "No tengo dudas de que, si gana, Lula va a volver a reactivar toda la política ambiental, pero es un desafío enorme, porque la situación está muy lejos de ser la que había en 2003", evalúa Araújo. “El escenario es muy grave, hay muchos conflictos sociales en el territorio, mucha violencia y hace falta actuar de forma inmediata, con medidas muy fuertes, para que la Amazonia deje de ser esta región sin ley, en mano de criminales. Este domingo quizás se vaya Bolsonaro pero el bolsonarismo todavía se quedará".