La situación de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, es de todo menos envidiable. Llegada al cargo tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte se enfrenta a una ola de hostilidad que recorre todo el arco parlamentario y llega incluso a países vecinos. De entrada, Boluarte, vicepresidenta del golpista Pedro Castillo, no tiene un proyecto político propio en el que apoyarse: si se decía que Castillo era un hombre de paja de Vladimir Cerrón, el presidente de Perú Libre, antes de que ambos protagonizaran un sonado enfrentamiento este verano, Boluarte no deja de ser la número dos de un hombre que gobernaba sin partido y enfrentado al Congreso de su país.
Prueba de su inestabilidad es la destitución de Pedro Angulo, nombrado primer ministro hace apenas diez días. Su idea, según afirma la propia Boluarte, es renovar por completo el gabinete ministerial y hacerlo "más político y dialogante". En un país en el que las revueltas en apoyo a Castillo han dejado ya veinticinco muertos y requieren del control de las Fuerzas Armadas en determinadas regiones, a la falta de apoyo político de Boluarte se le une la falta de apoyo social: el 81% de los peruanos, según las últimas encuestas, exigen unas elecciones inmediatas para poder decidir de nuevo su futuro.
Boluarte, mientras tanto, intenta aprovechar su oportunidad y asegura que no dimitirá del cargo que le corresponde por asignación institucional. Debido a la compleja legislación al respecto, un adelanto de elecciones por parte de la actual presidenta no podría llevarse a cabo antes de abril de 2024. Para poder acelerar los plazos, Boluarte tendría que renunciar a la presidencia, que pasaría inmediatamente a manos de José Williams, presidente del Congreso, y, a su vez, Williams tendría que convocar elecciones "de inmediato", fórmula que, según el actual reglamento, tampoco permitiría que los comicios se celebraran antes del tercer o el cuarto trimestre de 2023.
La defensa cerrada de la izquierda
Eso es, por lo tanto, lo que le espera a Perú: nueve meses como mínimo de incertidumbre y temporalidad. Probablemente, más. Las apelaciones de Boluarte a las Fuerzas Armadas como garantes de su continuidad al frente del país no son ni muchos menos alentadoras. Tampoco lo son las continuas muestras de apoyo de presidentes de países vecinos al golpista Castillo, que no hacen sino avivar aún más el fuego de las protestas. Tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como el argentino, Alberto Fernández, el boliviano, Luis Díaz, y el mexicano, López Obrador, han mostrado de una manera o de otra su simpatía hacia Castillo.
Los cuatro líderes de la izquierda populista latinoamericana han seguido un proceso similar: primero, condenaron las veleidades autocráticas de Castillo y su intento de prescindir del poder legislativo; luego, empezaron los matices, y finalmente, sobre todo Petro, se han lanzado a la defensa del golpista, pintándolo como poco menos que una pobre víctima, con todo el sistema en contra, que se vio obligado a tomar una decisión que él mismo no quería tomar.
Especialmente dolieron en Lima las palabras de Petro expresadas en un tuit del pasado miércoles en el que afirmaba que "la crisis en el Perú, el apresamiento, sin juez y sin defensa, de un presidente elegido popularmente ha puesto en serio cuestionamiento el papel de la Convención Americana en el ordenamiento jurídico Latinoamericano". Hubo que recordarle a Petro que el encarcelamiento de Castillo por supuesto que fue determinado por un juez, que cualquier cargo del que se le acusa será sometido al debido proceso legal y que cuenta con el asesoramiento de abogados defensores desde su misma detención.
Eso no ha bastado a Petro, quien se hiciera famoso en España por hacer de la espada de Bolívar la gran protagonista de su nombramiento. Desde entonces, no hay día en el que no publique algún texto en apoyo de Castillo y deslegitimando el gobierno de Boluarte. Todo ello ha llevado a que, harto, el gobierno de Lima haya llamado a consultas a sus embajadores en Bogotá, Buenos Aires, La Paz y Ciudad de México. Es su forma de "rebelarse" ante tanto acoso externo y tanta injerencia de los aliados naturales de Castillo.
Iglesias se apunta a la fiesta
También es su forma de ganar apoyos internos, a nadie se le escapa. Buscar un enemigo exterior es el recurso más eficaz para todo gobierno en apuros. Al llevar la disputa al terreno diplomático internacional, lo que sería un ataque a Boluarte y al Congreso se convierte inmediatamente, a ojos de la opinión pública, en un ataque contra la república y contra el país en su totalidad. Con suerte, pensará la presidenta, eso ayudará a elevar los índices de popularidad de su gobierno.
Hay que matizar que los ataques no son exclusivos del populismo latinoamericano, sino también de parte de la izquierda española. Pablo Iglesias, exvicepresidente del gobierno y líder fundador de Podemos hasta su retirada temporal de la política en la primavera de 2021, retuiteaba este domingo una entrevista con Petro en la que este hablaba de nuevo sobre Castillo saliendo en su defensa. "Los líderes de la izquierda latinoamericana no son solamente mandatarios. Son referentes ideológicos", decía Iglesias sobre las palabras de Petro.
Recordemos que tanto Iglesias como Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Echenique saludaron en su momento con verdadero entusiasmo la llegada de Castillo al poder, pese a su posición contraria al aborto o al matrimonio entre personas de un mismo sexo. No se ha percibido ese mismo entusiasmo a la hora de condenar sus excesos, aunque los miembros que aún siguen en el gobierno o que ocupan un cargo institucional al menos se han cuidado de apoyar públicamente al golpista.
No ha sido el caso de Iglesias, quien retuiteaba el pasado lunes 12 de diciembre el texto conjunto emitido por las cancillerías de Argentina, Bolivia, México y Colombia pidiendo la protección de los derechos humanos de Pedro Castillo, como si estos se estuvieran viendo amenazados. También Juan Carlos Monedero se ha volcado durante estos últimos diez días en la defensa del golpista y el ataque al poder legislativo peruano… a la vez que se insistía en que no respetar al cien por cien cada decisión del legislativo español correspondía a un intento de golpe de estado.
Más contundente se mostró el presidente Pedro Sánchez, desligándose, como es habitual, de sus compañeros de coalición: "Acabo de conversar con Dina Boluarte, tras su nombramiento como presidenta de Perú. El pueblo peruano y sus instituciones han sido un ejemplo de fortaleza democrática. Le he trasladado el apoyo de España en defensa de la Constitución y el Estado de Derecho", afirmó el jueves 8 de diciembre, apenas veinticuatro horas después de la declaración institucional de Pedro Castillo que le costó el cargo.