El Fiscal General de Brasil ya ha presentado los primeros cargos contra algunos de los bolsonaristas que perpetraron el intento de golpe de Estado el pasado 8 de enero en Brasilia. En concreto, son 39 los acusados por el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado y se encuentran en prisión preventiva y con sus activos congelados.
En los últimos días el fiscal general ordenó la formación de un grupo de fiscales -Grupo Estratégico de Combate a Actos Antidemocráticos- que se está encargando de investigar y combatir el peligro antidemocrático que se cierne sobre el país.
Ha sido este grupo el que ha presentado contra los 39 golpistas seis cargos: asociación criminal con uso de armas, tentativa violenta de subversión del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño infligido con violencia contra bienes públicos, amenaza grave con sustancias inflamables contra los bienes públicos, daño considerable a las víctimas y deterioro del patrimonio nacional, tal y como ha comunicado el Ministerio Público.
El asalto al Congreso de Brasil en imágenes: los 'bolsonaristas' querían una intervención militar del nuevo gobierno de Lula
Estos delitos, además, serán combinados con los artículos 29 CP (concurrencia de personas) y 69 CP (concurrencia material). Los 40 millones de reales (7,2 millones de euros) congelados serán destinados a cubrir los daños materiales y morales causados. Las identidades de los 39 acusados no han sido desveladas, pero aquellos que ocupasen cargos públicos los perderán.
El paquete de denuncias está firmado por el vicefiscal general Carlos Federico Santos, el coordinador del Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos Rodrigo Augusto Aras. Dichos cargos vienen acompañados de una solicitud al Tribunal Supremo Federal de medida cautelar para impedir que los imputados salgan del país, así como que no puedan borrar el material publicado en sus redes sociales.
[Encuentran un borrador de golpe de Estado firmado por Bolsonaro en casa del exministro de Justicia]
Trabajo delictivo común
Por la invasión y el destrozo de las sedes del Congreso, la Corte Suprema y la Presidencia, hay actualmente siete investigaciones abiertas y más de 1.800 personas fueron detenidas en los días posteriores a los hechos. De ellas, alrededor de 600 personas han sido ya liberadas por "razones humanitarias", aunque serán igualmente juzgadas.
El comunicado del Ministerio Público señala que los imputados se reunieron armados, después de varias citaciones difundidas por redes sociales, para derrocar al gobierno legítimo y "abolir el Estado Democrático de Derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de los Poderes Constitucionales".
"Dentro de la sede del Congreso y animando a las masas a avanzar contra la sede del Palacio del Planalto y del Tribunal Supremo Federal, los imputados destruyeron y contribuyeron a la destrucción del erario, haciéndolo con violencia, amenazas graves y uso de sustancias inflamables", reza el comunicado.
Se denuncia que, durante el asalto, los denunciados lanzaron a la policía o utilizaron contra ella objetos como púas de acero, palos, púas de plomo, hachas con mango de fibra de vidrio engomado, navajas, cuchillos de caza y muebles del Palacio del Planalto.
El vicefiscal general apunta que los 39 bolsonaristas se incorporaron el grupo armado con plena consciencia y estabilidad mental, con el firme propósito de permanecer en él. Dicha acusación quedaría evidenciada en los materiales difundidos por redes sociales para llevar a cabo el reclutamiento, donde se hacían referencias explícitas a "tomar el poder".
Además de las redes sociales, las fuentes de investigación empleadas por el Ministerio Público han sido el núcleo de los autores intelectuales del asalto, los principales financiadores del golpe de Estado, el núcleo de autoridades del Estado responsables de comisión por omisión, y los ejecutores materiales de los delitos. Todos los 39 acusados están incluidos en este último grupo.
Finalmente, no se ha considerado oportuno acusarlos de un delito de terrorismo porque, para darse esto, el artículo 2 del CP brasileño especifica que deben ser hechos realizados "por motivos de xenofobia, discriminación o perjuicio motivado por la raza, el color, la etnia o la religión de las personas". No obstante, en caso de que se hallase alguna prueba de ello, se añadiría a la lista de cargos imputados.