Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, emitió el pasado jueves un decreto ejecutivo que da luz verde para que las autoridades usen la fuerza letal contra los grupos organizados que, durante los dos últimos años, han sumido el país en el tráfico de drogas y la criminalidad.
Lasso fue instado a tomar esta medida por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), que a finales de abril reconoció el narcotráfico como terrorismo. "Para enfrentar y contrarrestar" la proliferación del crimen, el decreto autoriza en nombre del presidente de Ecuador que se ejecuten operaciones militares a través de los instrumentos internacionales, las disposiciones de la Constitución y el ordenamiento jurídico interno.
El presidente conservador ha informado además de que la Policía ecuatoriana apoyará en estas operaciones militares al Ejército. Lasso también anunció recientemente reformas a un decreto para permitir a los civiles portar armas para defensa propia.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con los afectados de un deslizamiento de tierra en Alausí.
En cinco artículos, el documento pretende enfrentar la amenaza para la seguridad que sufre el país sudamericano. El primero de ellos establece que las fuerzas armadas ecuatorianas, "en cumplimiento de su misión de defensa de la soberanía e integridad territorial y de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, realicen operaciones de guerra para confrontar y contrarrestar a individuos y organizaciones terroristas".
"En las operaciones contra el terrorismo no dudaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y profesionalismo de nuestros soldados, porque es hora de decir 'basta' a estos criminales y a sus aliados", dijo el ministro de Defensa Luis Lara a Reuters el pasado viernes 28 de abril.
El Cosepe, máximo organismo asesor del presidente en esa materia, recomendó a Lasso el accionamiento del Ejército e incluso el uso de armas letales para combatir las bandas del crimen organizado, consideradas las responsables de la creciente criminalidad en Ecuador.
Una amenaza para Ecuador
Durante los últimos dos años, Ecuador se ha visto expuesto a un aumento considerable al narcotráfico y a la violencia. El país, que está al borde de convertirse en un narcoestado, registra una tasa de homicidios que pasó de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes entre 2021 y 2022.
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Las cárceles son otro gran foco de violencia y peligrosidad en el país sudamericano. En ellas se viven motines continuos por la cada vez mayor injerencia de cárteles mexicanos y colombianos. Estos grupos perpetran atentados con explosivos y asesinatos que están alimentando una crisis sin precedentes para la seguridad en Ecuador.
La ola de violencia ha obligado al Gobierno de Guillermo Lasso a activar el estado de excepción en varias ocasiones, con el foco puesto en la región de Guayaquil, desde donde sale la mayor parte de la droga en contenedores.
La Policía de Ecuador controla la cárcel de Guayaquil.
Además de matanzas perpetradas por sujetos armados en varias ciudades de la zona costera de Ecuador, a diario proliferan noticias sobre asesinatos cometidos por sicarios, extorsiones, secuestros, asaltos y robos, entre otros delitos, por parte de grupos de delincuencia organizada. Las autoridades están convencidas de que estas agrupaciones tienen vinculación con las bandas internacionales del narcotráfico.
El pasado jueves, la Policía abatió en un solo día a seis personas en distintas zonas del país, en una suerte de "respuesta" al asesinato de dos agentes el día anterior. El ministro de Interior, Juan Zapata, reaccionó sentenciando que "es hora de que ante amenazas letales, existan respuestas letales, y es lo que estamos haciendo sobre la base de la normativa ecuatoriana", según dijo en una rueda de prensa en Guayaquil.
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Lasso, entre las cuerdas
El nuevo decreto ejecutivo tiene lugar en mitad de un juicio político contra Lasso. De prosperar, esta suerte de moción de censura supondría el cese del presidente ecuatoriano. Las acusaciones se basan en un presunto blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría —el Tribunal de Cuentas— ecuatoriana, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares estadounidenses. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno.