La Asamblea Nacional ecuatoriana ha convocado este martes 16 de mayo a los legisladores para una sesión en la que se desarrollará el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a quien la oposición acusa de presunta malversación de fondos públicos.

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado, como se conoce en Ecuador a la malversación, al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del presidente Lenín Moreno (2017-2021) y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

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El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, ya había adelantado que Lasso asistirá a la convocatoria para ratificar "que no ha cometido ilícito alguno". "La posición del jefe de Estado es que, a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad", dijo el ministro.

Una fuente de la Asamblea Nacional confirmó el domingo a EFE que, según la ley, en una primera sesión habrá la intervención del presidente y de los interpelantes. Además, la réplica y el debate. "Se suspende la sesión por cinco días y luego va la votación", apuntó.

Entre los partidarios de enjuiciar a Lasso están varios grupos parlamentarios como Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017); el conservador Partido Social Cristiano (PSC), antiguo socio electoral de Lasso; el movimiento indígena Pachakutik y algunos independientes.

En caso de que la oposición lograse los votos suficientes para la destitución del presidente, debería asumir la Presidencia el actual vicepresidente, Alfredo Borrero.

Lasso ya logró salvar una situación similar en junio de 2022, cuando en medio de una oleada de protestas lideradas por el movimiento indígena la Asamblea votó una moción para destituir al presidente por grave conmoción local que reunió 80 votos.