5.000 efectivos del Ejército y 500 de la Policía han sido desplegados este miércoles en el municipio de Nueva Concepción, al norte de El Salvador y a 73 kilómetros de la capital, San Salvador. Se trata de un "cerco" de seguridad establecido en la localidad, perteneciente al departamento de Chalatenango, tras el asesinato de un agente por supuestos miembros de pandillas.
El presidente Nayib Bukele ha informado este miércoles en Twitter de que el homicidio del agente de la Policía fue perpetrado por "pandilleros que aún se encuentran en algunos sectores de nuestro país, escondidos, huyendo del Régimen de Excepción".
Por lo que indicó, "desde esta madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, con más de 5,000 elementos [del Ejército] y 500 de la [Policía], en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar".
"Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe", agrega un día después de señalar que su Gobierno va "arrasar" con los pandilleros y que no "saldrán jamás" de prisión. "Que sepan todas las ONG de 'derechos humanos', que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás", publicó en Twitter el mandatario.
La Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, aprobó la noche del martes la decimocuarta prórroga del régimen de excepción, vigente desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de los homicidios y que ha dejado más de 68.700 detenidos, informa Efe.
Fotograma de un vídeo compartido este miércoles por Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista televisiva que unas 5.000 personas arrestadas bajo el régimen de excepción, que representan más de 7 % de las detenciones, han sido liberadas. Villatoro rechazó los señalamientos de diversas organizaciones humanitarias sobre la detención de personas sin vínculos con las pandillas.
Organizaciones humanitarias del país centroamericano registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto del régimen de excepción.